13 Junio 2020
CARTA MAGNA. “La columna vertebral de las democracias constitucionales es la propiedad privada”, recordó la SRT.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó su preocupación por la decisión del presidente, Alberto Fernández, de anunciar la intervención de la agroexportadora Vicentin y el envío de un proyecto de ley para expropiarla.
“Como resulta casi habitual, estos anuncios cargados de efusividades políticas dejan muy poca información real. Por ejemplo, ¿el Estado nacional se hará cargo del pago de los créditos verificados en el proceso concursal? ¿Cuándo, cómo y por qué monto?”, cuestionan, mediante un comunicado. Se preguntan, además, si el Estado nacionalizará una deuda totalmente privada.
La entidad afirma que el concurso tiene un juez y un ámbito. Y a renglón seguido se preguntan si se vivirá bajo un sistema de decisiones del Ejecutivo por encima del Judicial. “El futuro seguramente será complicado ya que si se sigue en esa línea las empresas endeudadas en concurso serán empresas nacionalizadas”, dicen.
CRA recuerda que la Justicia evalúa y, eventualmente, sanciona las actividades y los criterios de los empresarios privados y sus conductas en el manejo de sus empresas. “Si aceptamos que el Poder Ejecutivo arremeta contra los jueces naturales habremos convalidado la quiebra del principio republicano de la división de Poderes”, advierten.
Seguidamente, indican que el Congreso debe determinar la expropiación; pero se reconocen preocupados. “Hay una línea orientativa del Gobierno para avanzar sobre las empresas privadas; y la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos. Cuando el Estado administró el sector privado no fue eficiente. No creemos que la expropiación sea la única herramienta”, señalan.
Finalmente comunican que sólo después de restaurar la institucionalidad se podrá discutir la política comercial de los granos.
En Tucumán
La Sociedad Rural de Tucumán (SRT) también manifestó su firme rechazo a la intervención del Grupo Vicentin, por parte del Gobierno nacional. “La columna vertebral de las democracias constitucionales es la propiedad privada. El Artículo 17° de la Constitución nacional dota a la propiedad privada como el ‘motor de realización del proyecto constitucional’, y la provee de las máximas garantías, por lo que solamente puede ceder ante una expropiación por causa de utilidad pública”, alerta la entidad.
“En un país donde existe el estado de derecho, la utilidad pública es de interpretación restrictiva, y sólo puede avanzar sobre la propiedad cuando lo reclama el bien común”, agregan.
Luego, afirman que expropiar para estatizar resulta una desmesura ilegítima: “implica poner en marcha un proyecto socializante volviendo al Estado empresario, lo que implica, ante la ausencia de utilidad pública real, una total confiscación”.
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