Por Marcelo Aguaysol
10 Marzo 2020
Paro de colectivos LA GACETA / FOTO DE HÉCTOR PERALTA
El conflicto del transporte entró en una instancia complicada. Según pudo establecer LA GACETA, las líneas de comunicación entre los empresarios del servicio de transporte público de pasajeros y los funcionarios de la Casa de Gobierno están prácticamente cerradas, luego de que el Poder Ejecutivo demandara anoche a la conducción de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). El Poder Ejecutivo está dispuesto a aplicar las penalidades previstas en la Ley 6.210 de Transporte de la Provincia si es que se sostiene el paro, por tiempo indefinido, en el servicio. Puntualmente, el gobernador Juan Manzur tiene previsto firmar esta tarde un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para rescindir las concesiones y disponer el uso de las unidades para la restitución del servicio de colectivos.
"No vamos a permitir una extorsión de pocos empresarios contra el pueblo tucumano", dijo Jaldo al justificar el dictado del DNU.
Puntualmente, el Gobierno está dispuesto a aplicar lo previsto en el artículo 38 de la norma, que dice: "cuando las circunstancias y urgentes necesidades públicas debidamente comprobadas y justificadas hagan necesario asegurar la continuidad de un servicio paralizado por causas imputables al concesionario, el Poder Ejecutivo podrá disponer que, por intermedio de la Dirección General de Transporte se preste el mismo, usando el material rodante y demás bienes afectados a la concesión". Y continúa: "vencido el término que se haya dispuesto para el desarrollo del servicio en tales condiciones, sin que la causa desaparezca, el Poder Ejecutivo podrá declarar caduca la concesión".
Fuentes de la Fiscalía de Estado explicaron que, al tratarse de un servicio con características esenciales, no puede interrumpirse por las implicancias sociales, laborales y económicas que eso causa. "El Estado es garante de la continuidad del servicio y puede asumirlo si falla la concesionaria", indicaron las fuentes consultadas.
En el Gobierno no entienden las razones que esgrimen los empresarios para no poder abonar el 60% de los salarios a los choferes. En la demanda penal, los abogados del Estado detallan que el viernes se giraron $ 51 millones en concepto de subsidios que fueron acreditados al día siguiente. Ayer, fracasaron las tratativas entre Aetat y la filial local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), ya que los empresarios adujeron falta de fondos para afrontar la demanda salarial.
En la sede del Poder Ejecutivo hacen números y señalan que, el año pasado, se otorgaron aportes por unos $ 1.560 millones y que para este año estaba previsto distribuir entre las empresas del servicio de transporte de pasajeros otros $ 2.100 millones.
"Los subsidios se han triplicado y ahora estamos dando a razón de $ 153 por mes", dijeron miembros del gabinete de Manzur. Otros $ 600 millones corresponden al pago que la Legislatura realiza a los empresarios para la vigencia del boleto universitario. "No es gratuito; se trata de una esfuerzo fiscal que se realiza para contribuir a la economía de las familias del interior provincial", indicaron desde el poder que encabeza Jaldo.
En el medio, el mismo Ejecutivo ha promovido un aumento de casi $ 6 en el precio del boleto. "La ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, seguro habrá tomado contacto con ellos. No hay motivo para que los empresarios no cumplan con las obligaciones salariales de los choferes", había dicho ayer el gobernador, que hoy no ha previsto agenda oficial, con el fin de seguir la evolución del conflicto del transporte público de pasajeros.
Los colectiveros esperan una definición de toda esta situación. "Nosotros queremos preservar nuestra fuente laboral; queremos que nos paguen lo que nos deben y estamos con las líneas de comunicación abierta para hablar", indicó uno de los dirigentes sindicales de la actividad.
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