Por el paro, el Gobierno acciona contra empresas

Tras cuatro horas de discusión en la Secretaría de Trabajo, finalmente no hubo acuerdo entre los choferes de colectivos y los empresarios de transporte. “No podemos esperar más tiempo, lamentablemente nos vemos obligados a tomar medidas de fuerza. Desde mañana (por hoy) vamos al paro de colectivos urbanos, metropolitanos, interurbanos y rurales hasta que se nos pague el 60% del sueldo que nos deben”, anunció César González, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), anoche a las 20.30. “Si pagan mañana (por hoy) levantamos el paro. Depende de los empresarios”, agregó.

La situación se agravó como consecuencia de la postura que asumió anoche la Casa de Gobierno. El gobernador Juan Manzur ordenó a la Fiscalía de Estado que presente una denuncia penal contra los empresarios del transporte de pasajeros, por los contratiempos que la medida de fuerza causará en la actividad socioeconómica provincial. El argumento oficial es que el Poder Ejecutivo otorgó el viernes un subsidio a las empresas por unos $ 51 millones y que fue acreditado al día siguiente. Además, según expresó a LA GACETA el fiscal de Estado, Federico Nazur, los subsidios federales se triplicaron y en algunos casos están pendientes de entrega porque no se presentaron las rendiciones de cuenta. “No nos dejaron otra salida”, indicaron desde el gabinete de Manzur.

La escalada oficial no terminará con esa acción judicial. El vicegobernador Osvaldo Jaldo anunció anoche a nuestro diario que hoy convocará a Labor Parlamentaria para analizar la posibilidad de rescindir las concesiones a las empresas del transporte público de pasajeros “respetando la autonomía de las municipalidades en la materia”. La idea es coordinar acciones con los intendentes para avanzar, de ser necesario, en un llamado para que otras compañías se hagan cargo del servicio.

La medida disparó las consultas para saber qué ocurriría con las actividades en las escuelas. Funcionarios del Ministerio de Educación informaron que las actividades en todos los niveles serían normales, pero que se podrían justificar las faltas de estudiantes y docentes si no podían llegar a causa de la huelga a los establecimientos. El conflicto se produjo por una deuda salarial. Las firmas de transporte abonaron el viernes de la semana pasada, a última hora, el 40% de los haberes de los alrededor de 4.000 trabajadores del sector. UTA había rechazado el pago en cuotas pero se comprometió a aguardar hasta ayer por una solución.

“Los empresarios nos pedían que aguardemos hasta el viernes, no tienen fecha para pagar el saldo adeudado. Me acaban de informar de Casa de Gobierno de que el 28 de febrero le depositaron $ 153 millones, el 4 de marzo $ 31 millones y el 6 de marzo $ 51 millones, en carácter de subsidios. Los compañeros necesitan percibir sus sueldos. No vemos por qué no hacen efectivo el pago de la remuneración”, expresó González.

César Atim, referente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat), lamentó la medida de fuerza. “Es un dolor muy grande, hemos comprometido toda la recaudación para que no suceda esto. Les pedimos tiempo hasta el viernes para ver si se puede acercar el subsidio nacional. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, explicó.

Atim explicó que las empresas tienen un “déficit de $ 385 millones por los subsidios no percibidos”. “Estamos muy complicados, todas las empresas están sin crédito. Necesitamos los subsidios nacionales para sobrevivir. La Nación el año pasado nos giraba en subsidios $ 53 millones, este año aumentó a $ 153 millones. La provincia nos pagaba $ 130 millones, y como la nación aumentó nos redujo y el último mes sólo percibimos $ 30 millones. Pero el subsidio nacional está atrasado, así que no podemos pagar los sueldos”, arguyó Atim.

Los empresarios protestaron anoche porque todavía no percibieron las cuotas mensuales por los fondos de Nación de febrero y marzo (unos $ 306 millones).

Los subsidios

Los empresarios apuntaron al esquema de subsidios asignados al sector para evitar que el servicio se sostenga sólo por la tarifa. “Dependemos de los poderes concedentes, tanto de la Municipalidad, de la Provincia y de la Nación. Es tan simple como calcular el valor técnico de la tarifa. A ese boleto no se lo puede pagar porque sería carísimo. Hay que equiparar la ecuación para que con subsidios y exenciones impositivas se pueda sostener la actividad con un boleto fijado a $ 30, que es la tarifa actual”, había expresado Atim. Y agregó: “necesitamos rever el tema de los subsidios, porque los fondos nacionales están demorados. El de enero se nos acreditó el 29 de febrero, el de febrero aún no se depositó”.

El esquema de subsidios nacionales para el transporte público del nuevo gobierno aún no se conoce. Se espera que el presidente Alberto Fernández remita el proyecto de Presupuesto 2020 al Congreso. Hasta entonces, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, había firmado en enero un decreto para extender la vigencia de una caja de $ 5.000 millones a las empresas de cada distrito, por 120 días, para evitar aumentos de tarifa.