El país de los impuestos

26 Dic 2019 Por Marcelo Aguaysol

La Argentina es un laboratorio permanente, en el que se ensayan fórmulas de las más diversas, pero ninguna mágica. Eso no ingresa en el lenguaje de los políticos, como tampoco el esfuerzo por compartir las cargas con la sociedad. La Argentina es un país en el que existen 163 impuestos, tributos, tasas en los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), de acuerdo con el compendio elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). “Desde el punto de vista de ciudadanos y empresas que operen en estas jurisdicciones, especialmente para las que se encuentran en más de una, esta realidad importa costos que tienen que ver no sólo con la gran cantidad de instrumentos existentes, sino también con la diversidad con las que se cobran entre jurisdicciones y la heterogeneidad de la normativa tributaria vigente”, indica el diagnóstico de la entidad que preside el economista cordobés Nadin Argañaraz. Gran parte de esa carga fiscal se considera distorsiva para el desarrollo armónico de una economía que quiere sostenerse en la senda del crecimiento.

La política prefiere no dar debate acerca de esta maraña de impuestos porque la crisis no se lo permite y porque no tiene otra fuente de financiamiento directa y sencilla que le permita obtener ingresos constantes y sonantes. La política opta por el camino más directo para sostenerse. Y ese término, política, engloba a cualquier gestión, la de los Kirchner, la de Mauricio Macri y la actual de Alberto Fernández. La carga fiscal se potencia más cuando hay crisis y ni siquiera se la menciona cuando los momentos le sonríen al rumbo económico. El agujero fiscal que existe en las cuentas públicas es mayúsculo. De allí que se creen nuevos impuestos o se potencien otros. Los argentinos viven hoy con un encarecimiento del 30% si deciden irse de vacaciones a destinos turísticos fueras de las fronteras argentinas. El impuesto país, ¿pudo haberse aplicado con posterioridad a la temporada? Tal vez. Pero la política es gestual. Los dirigentes razonan que es mejor tomar decisiones rápidas que apelar al gradualismo que, en definitiva, termina empantanando el objetivo adoptado: hacer caja en un 2020 que también se presenta recesivo e inflacionario.

La política presenta a la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva como una transferencia de recursos del sector más pudiente de la sociedad hacia la franja de esa misma sociedad que resulta más vulnerable a los efectos de la inflación y de la caída de la actividad. En el mientras tanto, sólo da indicios de que está dispuesto a hacer el esfuerzo, pero aquel plan integral de la gestión de Alberto Fernández no ha mostrado aún medidas tendientes a bajar el gasto político. La nueva gestión elevó la estructura oficial a un organigrama que contiene 21 ministerios, pese a que se dice que las designaciones de personal serán acotadas.

Según un reciente informe de la consultora Elypsis, las medidas de incremento de ingresos totalizarían 1,3% del PBI, concentradas en el impuesto a la compra de dólares para ahorro (0,5%) y el aumento de retenciones a las exportaciones (0,5%). La Ley de Emergencia permitiría un ahorro fiscal de entre 1% y 1,9% del PBI, dependiendo del ajuste previsional. Esta última cuestión puede marcar el desarrollo de las acciones económicas del nuevo gobierno. Esa será una de las principales metas de la Casa Rosada para 2020. Sin embargo, no hay que descuidar el aspecto inflacionario. Una economía que no crece difícilmente pueda bajar una tasa de pobreza del 40% o revertir, con eficacia, un escenario inflacionario de al menos un 35% anual como se proyecta en el año que se avecina.

Sin financiamiento en el mercado voluntario de créditos, con poca posibilidad de colocar títulos a tasa razonable y sin márgenes para calentar la emisión monetaria, el Gobierno (nacional y provinciales, que ya pidieron perdón para no bajar Ingresos Brutos), la Argentina 2020 seguirá siendo la de un país sobrecargado de impuestos que asoman como transitorio y que luego se vuelven permanentes, por uso y costumbre, y porque a la política le conviene apelar a ellos más que pensar en incentivos fiscales que reactiven paulatinamente a los distintos sectores económicos, incluidos los asalariados que, hace tiempo, vienen perdiendo la carrera contra la inflación.

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