Sánchez pide seguir preso en su casa por los problemas del penal

Los jueces de la Sala III esperan saber si penal de Villa Urquiza está en condiciones de ofrecer la dieta alimentaria que requiere como tratamiento Hugo Sánchez, condenado por encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, a raíz de los problemas de salud que padece. El Tribunal dispuso ayer un cuarto intermedio y resolvió convocar como testigos, para mañana, al director de Instituto Penales de la provincia y a los responsables de Nutrición y Producción, entre otras áreas de la cárcel. Una vez que se conozca el estado de situación de la cárcel, los magistrados decidirán si otorgan o no al ex jefe de Policía el arresto domiciliario para el cumplimiento de la prisión preventiva (lleva 18 meses).

En la última audiencia, Sánchez y su defensor, Alejandro Biagosch, solicitaron el cambio de modalidad de la detención y sustentaron ese requerimiento en los informes de una Junta Médica y de profesionales del penal. El ex funcionario alperovichista padece hiperplasia prostática benigna (síntomas urinarios) e insuficiencia renal crónica.

“Esto ocasiona un alto riesgo cardiovascular. Se aconseja como tratamiento de base una dieta rica en proteínas. Deberá ser estrictamente cumplida, ya que de ella depende el nivel de evolución de la enfermedad (renal)”, expresó el informe de la Junta. También sobrelleva insomnio, sin medicación desde hace dos meses, y sufre problemas gastrointestinales. “Se aconseja tratamiento higiénico y farmacológico”, añadió el estudio.

Para sustentar el pedido de la defensa, declararon en la jornada los especialistas médicos que habían participado en la evaluación del reo, el lunes pasado. Entre ellos, se presentaron Juan Carlos Cabrera (nefrólogo); Adriana Giménez (médica psiquiatra y ex personal de Villa Urquiza); Ricardo Rasguido (urólogo); Fernando Gesbert (médico del Siprosa); y Vicente Pacheco (forense), entre otros especialista.

El pedido

“No es fácil estar preso. Afecta a la persona, a la familia. Esa afectación de encierro se ve agravada por muchas situaciones. Se ve agravada por el lugar, ya que uno ha mandado a mucha gente a la cárcel. Trabajé 34 años en la institución; ingresé a los 17 años. Voy a un lugar donde un 30% de los penados me conoce porque había intervenido en sus causas o había mandado a la cárcel a su padre o hermano. Eso me crea una situación grave, de ansiedad y temor. El resto me conoce porque he sido público en mi función. No he sido amenazado, pero he recibido un maltrato verbal”, dijo Sánchez ante los jueces Dante Ibáñez y Rafael Macoritto.

“El penal es lamentable; no tiene un sistema médico. No existe. Hay cuatro o cinco medicamentos y la cremita mágica, como la llamamos. Ibuprofeno 400, amoxicilina, y paremos de contar. En la unidad en la que estoy no hay nadie para que me tome la presión, lo básico. Para tomarme la presión debí recurrir a un aparato con pilas. Los fines de semana no hay médico. Dicen que hay guardia pasiva...”, expresó.

Rechazos

El Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella, representada por Alberto Lebbos, padre de Paulina -asesinada en 2006-, rechazaron el pedido de arresto domiciliario en sus alegatos.

“La Junta ha declarado que (Sánchez) tiene una dolencia, la insuficiencia renal, básicamente. Pero mi pregunta hacia los médicos ha sido la misma: dónde se debe hacer el tratamiento. Todos dijeron que el remedio es la dieta. Inclusive, pregunté cuál es la dieta: si la cocina debe ser distinta; o la carne, diferente. Un médico dijo que debía ingerir proteína vegetal como base”, expresó Mariano Fernández, fiscal de Cámara III. Hasta propuso que la propia familia del condenado se haga cargo de la alimentación adentro del penal, como podría hacerla en caso de la prisión domiciliaria.

El funcionario judicial remarcó que el ex jefe de Policía está en situación de encierro porque tiene que cumplir una condena (seis años por encubrimiento). “La situación de encierro genera una situación traumática, que puede ser tratada en la institución”, agregó.

Emilio Mrad, abogado de la querella, planteó que el Tribunal exija al Sistema Provincial de Salud y a Institutos Penales la cobertura del tratamiento médico y alimentario adentro de la cárcel. “El Estado paga al departamento de Producción para alimentar a los reos y para proveer dietas especiales”, enfatizó.