Un hombre que había sido sorprendido transportando una gran cantidad de ropa de contrabando hace cinco años en Tucumán deberá pagar unos 60 millones de pesos para evitar el juicio y como reparación ante el perjuicio provocado al Estado.
El hecho que derivó en la investigación judicial se originó el 12 de agosto de 2021 durante un operativo de control vehicular realizado por personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Tucumán de la Policía Federal Argentina. El procedimiento tuvo lugar sobre la ruta 9, a la altura del acceso a la autopista de San Miguel de Tucumán, donde los uniformados interceptaron un colectivo de transporte de pasajeros, en el que viajaban 13 personas además del chofer y su acompañante.
Durante la inspección de la unidad y ante la presencia de dos testigos de actuación, los federales individualizaron a Ariel Fernando Bonkosky, domiciliado en el barrio Victoria de la capital tucumana, quien transportaba un total de nueve bultos. En el interior de los paquetes se hallaron 900 remeras, 1.447 pares de zapatillas y 732 pares de ojotas de origen extranjero. Toda la mercadería carecía de la documentación respaldatoria, facturas y avales de control aduanero que justificaran su legal ingreso al país.
Por disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, la totalidad de los artículos fue secuestrada y puesta a disposición de la Delegación Aduana “Tucumán” para su correspondiente peritaje. De acuerdo con el aforo y la valoración fiscal practicada en el expediente por la Dirección General de Aduanas, el valor de plaza del cargamento incautado ascendió a $3.678.404,43, en ese momento, monto con fines comerciales que superó la condición objetiva de punibilidad prevista en la normativa aduanera vigente.
Tras haber sido procesado el 26 de abril de 2023 sin prisión preventiva, el entonces fiscal federal Carlos Alfredo Brito requirió formalmente la elevación de la causa a juicio por ser presunto autor penalmente responsable del delito de encubrimiento de contrabando (artículo 874, primer párrafo, inciso “d”, de la Ley N° 22.415 del Código Aduanero), al atribuírsele la adquisición y el transporte de mercadería de procedencia ilegítima.
La audiencia se realizó en la sede del Tribunal Oral Federal con la presidencia del flamante vocal Pablo Roberto Toledo. Pero antes de comenzar, y con ocho testigos esperando en la sala contigua, el defensor de Bonkosky, José del Río, pidió la palabra y ofreció una reparación integral a cambio de que se suspenda la audiencia y de que su defendido no fuera condenado. Y ofreció $14 millones, advirtiendo que era una suma cuatro veces superior a la que había sido valuada la mercadería secuestrada en 2021. La pena por el delito por el cual debía ser juzgado el acusado va de los seis meses a tres años de prisión condicional.
Tras esto, el fiscal de Cámara Pablo Camuña dijo que no se opondría, siempre y cuando la suma realmente sea la que se ajustaba a un delito como este. Luego de un cuarto intermedio para acercar posiciones, el fiscal opinó que debía usarse como base para el acuerdo el monto en dólares del total del valor en esa época, pero actualizado a esta, por lo que se llegaba a una suma cercana a los $60 millones. Del Río, luego de hablar con su defendido, accedió a que se pagara esa suma, siempre y cuando pudiera hacerlo mensualmente en tres partes, lo que fue aceptado por el fiscal.
Ante esto, el juez Toledo decidió suspender la audiencia, pero con la condición de que mes a mes se informara el pago acordado, lo cual no puede tener dilaciones. Para evitar contratiempos ordenó que se realice una nueva audiencia el 28 de octubre, cuando se hubiera vencido el plazo del último pago, para poder certificar que todo el dinero había sido depositado. De no ser así, será sometido a juicio oral.
