Este régimen normativo establece la creación de un Fondo Fiduciario Municipal, que es administrado por la Caja Popular de Ahorros y apunta a asegurar recursos para los municipios.
Se mantiene desde 2004 (ley 7.467), y la intención del Ejecutivo es extenderlo hasta 2023. “Es un instrumento de vital importancia a fin de mantener el equilibrio presupuestario de las Municipalidades de la Provincia, asegurando el cumplimiento de la política salarial de los mismos en todo el ámbito del territorio provincial”, explica el proyecto girado por el Ejecutivo a la Legislatura.
En concreto, se faculta a la CPA a prorrogar por los próximos cuatro años “los contratos de fideicomiso celebrados” en el marco de la 7.467. Según la normativa original, estos fondos “serán destinados por los respectivos municipios para la realización de obras públicas, como así también para la contratación de mano de obra, adquisición de materiales, terrenos y/o equipamiento destinado a las mismas”. Para que este esquema tenga validez en los municipios, el Concejo Deliberante de la jurisdicción debe convalidar, mediante ordenanza, la cesión de recursos coparticipables al Estado provincial
