21 Noviembre 2019
Advierten sobre el impacto que tendría la nueva Ley de Alquileres en Tucumán
Mientras en el Congreso avanzan los cambios en la Ley de Alquileres, en Tucumán comienzan a evaluar el impacto que tendría la norma -una vez sancionada- en el mercado inmobiliario.
“Hay artículos que van a lograr una mejor relación entre el inquilino y el propietario. Ya que el alquiler aumentará en base a un índice que salga de la inflación y los aumentos de salario y no a criterio del propietario”, explicó Fernando Guzmán, presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Tucumán.
Las nuevas medidas –según Guzmán- brindarán más tranquilidad a los corredores inmobiliarios, porque el aumento va a depender de un índice. “Este cálculo ahora le da en contra del inquilino, pero podría ir en contra del propietario también”, adelantó.
Guzmán consideró que el proyecto se gestó esencialmente en base a los inconvenientes que se dan en Buenos Aires. “La mayoría de los articulados que se proponen son por problemáticas de ahí”, dijo.
El texto obtuvo ayer media sanción en Diputados, y ahora debe ser tratado en el Senado.
Alertó, no obstante, sobre el impacto impositivo en los inquilinos en Tucumán. "Somos la provincia de mayor impuesto en el país. Sobre un alquiler de $ 10.000 haciendo un contrato escalonado de 15% semestral, el inquilino paga $ 1.500 de sellado. Con la nueva Ley pagaría $ 1.800. El sellado aumentaría en un 20% con respecto a lo que paga en este momento”, detalló.
“Los alquileres tendrían que subir el 44% si se aplicase lo que propone este proyecto, por la inflación. Actualmente en la provincia los alquileres semestralmente aumentaron en un 15% o 17%”, añadió Guzmán.
Actualmente en Tucumán sólo el 60% de los contratos está en blanco: “Esta ley obliga a los propietarios a blanquear sus propiedades, con Sellos e Ingresos Brutos. Ahora se le hace alta la carga tributaria al dueño para tener una propiedad en alquiler como inversión”, explicó Guzmán.
Qué dice la Ley de Alquileres
Los aspectos centrales de la reforma del Código Civil y Comercial referido a la ley de alquileres son la extensión de un contrato de dos a tres años, un nuevo mecanismo de actualización anual -en lugar de semestral-, que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario.
En ese sentido se establece una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
Otro punto clave del proyecto es que se dispone que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución; garantía de fianza; o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.
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