Dolo eventual, o la ruleta rusa del tránsito

El juicio al conductor borracho que causó la tragedia de la autopista dejó disconformes a los familiares de las tres víctimas mortales y a las dos sobrevivientes. Cuatro años y medio de prisión, cantidad que se parece a la típica condena en casos similares y que deja una sensación de que la pena no repara la enormidad del daño producido y que tampoco puede ser ejemplificadora, ni generará contrición y propósito de cambio de conducta.

En 2015, por el homicidio culposo del canillita Raúl Marcelo Pucheta, el conductor Gonzalo Callejas recibió cuatro años y un mes de prisión, con 10 años de inhabilitación para manejar vehículos. “Con esto, el tribunal emitió un claro mensaje a la sociedad: en Tucumán se puede matar porque no pasa nada”, dijo Eugenia Pucheta, hermana del canillita.

En otro caso, el del abogado Joaquín Toledo, atropellado en Mate de Luna y Mitre, el chofer Raúl Enrique Álvarez recibió cinco años de prisión.

Todos los conductores homicidas pidieron perdón al final de las audiencias. En el caso de Callejas, tenía el agravante de que se había escapado y había ocultado el vehículo durante varios días hasta que fue atrapado. En el de Juárez, estaba borracho (1,79 de alcohol en sangre) y se quedó sentado en el lugar de la tragedia. Álvarez, que según el fiscal había cruzado en estado de ebriedad el semáforo en rojo a alta velocidad, apenas se defendió diciendo que había cruzado en amarillo y pidió disculpas. Jorge Toledo, el hermano de Joaquín, dijo que, al haber recibido Álvarez el máximo de la pena, “lo que buscábamos es que este tipo de situaciones se empiecen a tratar de un modo diferente”.

Tener o no la intención de matar

Este juicio tuvo lugar hace dos meses, en agosto. ¿Qué diferencias hay? En primer lugar, la consideración de dolo eventual, es decir la idea de que aunque un conductor no tiene la intención de matar, cuando quiebra ciertas normas básicas al conducir se debe representar las consecuencias posiblemente trágicas de sus actos. Así lo planteó la ex fiscala Juana Prieto de Sólimo en el juicio contra Callejas: “Dos son las cuestiones a analizar: la velocidad y el cruce del semáforo en rojo. Estos son los elementos que hacen al dolo eventual. Porque tenía conocimiento de la posibilidad de que ocurra, pero no renunció a ese accionar y mantuvo la excesiva velocidad, cruzando el semáforo en rojo”, dijo, al pedir una condena de nueve años de prisión. No se la aceptaron, pero su argumento da a entender las causales de dolo eventual.

En general en el país impera la idea de que el homicidio en accidentes es culposo (sin intención). El caso más conocido es el de Sebastián Cabello, que en 1999 causó una tragedia en Buenos Aires corriendo una picada y en 2003 fue condenado a 12 años de prisión por homicidio con dolo eventual. Pero después una Cámara le redujo la condena, considerando que fue homicidio culposo. Cabello, seguido a fondo por la familia de las víctimas, fue escrachado en 2010 cuando trató de obtener una licencia de conducir en el municipio de Malvinas Argentinas.

En Santa Fe hay otro caso emblemático: Juan Carlos Schmitt, un mecánico que probaba a toda velocidad los autos por una avenida del barrio Belgrano de Rosario, atropelló y mató al repartidor de rotisería Damián Orgaz en 2016. Lo condenaron a cinco años de prisión y en agosto de 2017 una Cámara aumentó la condena a nueves años, agregándole dolo eventual. “Esto va a sentar jurisprudencia: es el primer fallo de Cámara de este tipo a nivel nacional. El compromiso de esta fiscalía es avanzar en materia de seguridad vial”, dijo la fiscala Valeria Piazza. Los camaristas consideraron que el mecánico Schmitt “lo que hacía era algo así como practicar tiro fuera de un polígono y en una zona poblada; o una suerte de ruleta rusa, donde el revólver no se cargaba con una sola bala”.

Huellas posteriores

En Tucumán se acumulan los casos: en la sala V de juicios se espera fecha para el proceso contra Jorge Alberto Sánchez, que causó en 2016 la muerte de tres personas de Ranchillos, huyó y enterró el auto. ¿Cuántos más hay? Cada historia trágica tiene huellas posteriores que no siempre han sido seguidas por la prensa. Hace pocos días en LA GACETA se publicaron las tragedias que marcaron las avenidas de Yerba Buena desde 1995 -cuando se construyó en esa ciudad el primer lomo de burro- hasta hoy, cuando hasta se contabilizan dramas ocurridos a causa de los mismos lomos de burro. Hay huellas posteriores en cada uno de los percances mortales ocurridos en Tucumán en 2018, que según registro oficial, fueron 300, aunque la organización “Luchemos por la vida”, que contabiliza las víctimas fallecidas días después de los accidentes, dice que fueron 409. Tucumán está en cuarto lugar en la estadística nacional de víctimas mortales en accidentes de tránsito. Y en el NOA encabeza la lista de mortalidad de motociclistas.

La cuestión es esa pregunta de Eugenia Pucheta, lanzada con la ira de la sensación de injusticia: “en Tucumán se puede matar y no pasa nada”. Nada pasó en cuanto a reacciones sociales después de la tragedia de las militantes en la autopista. Sólo en 2019 se pueden contar media docena de accidentes terribles (recordemos el caso del auto que en febrero chocó a toda velocidad la columna de un puente; o las muertes de cuatro docentes de Educación Física frente a la escuela Agrotécnica de Famaillá en agosto; o el vuelco del micro de Balut, con tres víctimas mortales, hace un mes, casi en el mismo lugar del choque por el que ha sido condenado el borracho Juárez. No pasa nada, o casi nada, para los causantes. Para las víctimas, pasa todo y nada compensa.

Esfuerzos aislados

¿Cómo cambiar las cosas? El dolo eventual interpela a la sociedad, porque quien circula a alta velocidad o pasa un semáforo en rojo sabe que en una circunstancia inesperada puede ocurrir una tragedia. También quien toma una copa “de más” antes de manejar. ¿Será siempre una responsabilidad individual? ¿No hay un dolo eventual para la ineficacia de las autoridades? Los esfuerzos de los funcionarios siempre están dispersos, discoordinados, nunca son sostenidos por protocolos sino que dependen de la voluntad de quien los aplica. A veces son controles de alcoholemia, otras veces obligación poco firme de que se usen casco o chalecos amarillos, y otras, cursos de educación vial con regalo de cascos y chalecos.

Pero la realidad, sustancialmente, sigue siendo la misma. Ahí está el subsecretario de Transporte Operativo de la municipalidad capitalina, que dice que ha logrado que le suspendan por seis meses la licencia de conducir al hijo del ex legislador Luis Brodersen, por negarse a hacer un curso de educación vial tras conducir una moto sin casco y escaparse del control. Brodersen había minimizado el asunto y cuando le devolvieron la moto, tras pagar la multa, dio por terminado el caso. Acaso esta pelea sea una triste muestra de cuánto nos importa como sociedad el “dolo eventual”.