Pie del cerro: “Nuestra infraestructura hídrica ha sido superada”

En la DPA están de acuerdo con el freno a los emprendimientos inmobiliarios en El Manantial.

16 Nov 2019 Por Soledad Nucci
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EL CAMINO DE SIRGA Y EL CANAL. En esta zona se hicieron varios barrios cerrados en los últimos años. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO

Todo indica que lo que ha hecho la comuna de El Manantial se repetirá en otras zonas. Podría decirse que el envión ha sido dado. Los referentes de las principales dependencias del Gobierno tucumano vinculadas al crecimiento urbano se han reunido este jueves para conversar sobre las urbanizaciones en el pie del cerro, a la luz de la resolución de esa comuna de suspender todos los desarrollos de countries y demás loteos. “Hoy, las áreas del Estado involucradas tienen una conexión que antes no existía. No vamos a dejar que los empresarios nos impongan sus barrios”, dice Martín Iturre, el ingeniero civil de 35 años que ha sido designado subdirector de la Dirección Provincial del Agua (DPA).

La reunión fue concertada por la Secretaría de Obras Públicas, y consistió en una mesa taller de la que también participaron representantes de Vialidad, de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de los municipios y comunas piedemontanos, entre otros estamentos. Fue la segunda de una tanda y ocurrió luego de que se conociera la decisión de Juan Carlos Bernard, el delegado de El Manantial que, mediante un decreto, detuvo los desarrollos inmobiliarios en esa jurisdicción con el argumento de que faltan autorizaciones y un plan de ordenamiento territorial. “Ha tomado una medida drástica, pero necesaria. Esto obligará a los inversores a que se adecuen a las normas. Algunos están loteando mientras nosotros ni siquiera sabemos cómo harán sus desagües. Hay que parar la pelota”, opina Iturre.

Mario Parrado tiene 65 años y también es ingeniero civil. Hasta hace unas semanas, lideraba el departamento de Estudios y Proyectos de la DPA. Ahora ha sido puesto al frente de ese organismo. Explica que en los nuevos loteos se exige que los caudales a erogar sean menores o iguales al caudal de la situación precedente. De hecho, esa condición -remarca- se encuentra establecida en el Plan de Desagües Pluviales del Faldeo Oriental de la Sierra de San Javier, elaborado en 2003 por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y luego convertido en ley.

“Nuestra infraestructura hídrica ha quedado atrás; ha sido superada”, prosigue Parrado. Su preocupante afirmación se debe -básicamente- a dos razones: por un lado, el calentamiento climático está ocasionando lluvias más fuertes y más frecuentes (”los canales reciben más agua que antes”, dice). Por otra parte, la impermeabilización de los suelos también ejerce presión en la infraestructura (”en las últimas décadas, se han desmontado hectáreas enteras para hacer countries. No podemos seguir haciendo crecer los canales por cada barrio que nos aumentan”).

Parrado comprende que a la gente le guste vivir cerca de la montaña. Lo que no comprende -prosigue- es que no haya consciencia del riesgo. “Una tormenta extraordinaria puede generar enormes caudales de agua en poco tiempo. Tiene que haber una reglamentación que ponga límites”, razona. “Los ambientes frágiles, como las sierras de San Javier, deberían estar excluidos de la urbanizaciones. No se puede autorizar indefinidamente, las construcciones”, refuerza Iturre.

- Pero, ¿por qué no han puesto el freno antes?

- Los desarrollistas van siempre por delante de los papeles. En algunos casos, venden sus lotes sin tener, siquiera, una prefactibilidad de mitigación de riesgos contra inundaciones. Ese es el primer requisito que pide la DPA. Luego, tienen que presentar un proyecto de desagües pluviales. Y esperar su aprobación para iniciar las obras. Pero la mayoría viene a pedir permiso con los barrios casi terminados. Eso nos genera muchos problemas: tenemos que salir a corregir las cosas sobre la marcha.

- ¿Y cómo harán para encauzar la situación?

- Esta realidad nos obliga a ser más rigurosos. Hemos empezado a trabajar de manera estrecha con los gobiernos locales, que son los dueños de sus territorios. Debemos darles más herramientas para que puedan instrumentar prohibiciones y clausuras.

- Entiendo, también, que han encontrado el modo de condicionar la subdivisión de padrones.

- Sí. La Dirección General de Catastro es hoy, para los desarrollistas, el cuello de botella. Esa repartición es la encargada de recolectar los finales de obras de las infraestructuras y servicios. Recién después, les aprueba el plano de división. Y les otorga, así, los nuevos padrones. Eso significa que, en adelante, si los desarrollistas no tienen su certificados de finalización, no podrán entregar escrituras. Esta condición no es nueva: está vigente desde hace algunos años. Lo que hicimos, de forma mancomunada, es ponernos estrictos.

Iturre considera que otras localidades, como San Pablo y Lules, podrían seguir el mismo camino, el de frenar los desarrollos inmobiliarios. “A esto lo harán todos”, especula. La medida tomada por Bernard interrumpe los emprendimientos debido al impacto que éstos han generado, tanto en el medio ambiente como en la provisión de servicios, se arguye. Se indica, además, que la Comuna no cuenta con las documentaciones pertinentes. “Eso impide llevar un control de legalidad”, se lee en los considerandos de la resolución.

En la vecina ciudad de Yerba Buena, la instalación de countries al oeste del río Muerto se encuentra prohibida desde diciembre de 2015, con el argumento de preservar el medio ambiente y su biodiversidad. En aquel entonces, el intendente, Mariano Campero, recurrió a un decreto para frenar la expansión. A mediados del año pasado, el Concejo Deliberante decidió convertir ese dictamen en una ordenanza. Esta semana, incluso, desde la oficina de Obras Públicas del municipio han planteado la intención de avanzar con un plan estratégico territorial para el pie del cerro, que involucre al resto de las localidades situadas al pie del cerro.

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