“Tengo mucho miedo”, repitió cada víctima en la sala

“Tengo mucho miedo”, repitió cada víctima en la sala

Las testigos brindaron dramáticos testimonios durante una larga audiencia Se conocieron más detalles del calvario de las mujeres que fueron víctimas de una red de trata. Polémica.

TENSIÓN. Alejandra Galván dialoga con su defensora en la audiencia. la gaceta / foto de franco vera TENSIÓN. Alejandra Galván dialoga con su defensora en la audiencia. la gaceta / foto de franco vera

“No quiero salir (a la calle); quiero estar todo el día encerrada en la casa. Quiero formalizar con alguien, pero no puedo; tengo que estar escondiéndome”. La joven, víctima de posible explotación sexual, le confesó a su psicóloga que aún sentía angustia, tras casi más de un año de su paso por el departamento “privado” de calle 12 de octubre al 800, en la capital. Pidió protección para ella y sus parientes. “Tengo mucho miedo por mi hermanito, porque él sí conoce a mi familia; él conoce a las familias de todas”, manifestó.

En una nueva audiencia oral del juicio por trata de personas se conocieron las historias de tres víctimas de posible trata de personas. Los testimonios se habían establecido en Cámara Gesell el año pasado, en medio del proceso de contención y asistencia a las afectadas. Ayer fueron presentados ante los jueces Carlos Jiménez Montilla; Gabriel Eduardo Casas; y Abelardo Basbús, del Tribunal Oral Federal.

“Quiero dejar y borrar todo esto para empezar otra nueva vida. Yo me arrepiento de haber entrado ahí, pero cuando quería salir siempre me ponían una excusa: un pero o me iban a buscar, y yo quería evitar eso”, remarcó la joven ante la especialista.

En la jornada anterior, otras dos víctimas habían descripto la metodología de captación utilizado, aparentemente, por Walter Ayala, el principal acusado de trata, con fines de explotación sexual. Habían descripto también los papeles en la supuesta organización de Alejandra Galván y Karina Contreras, esposa y presunta coautora del delito y partícipe necesario, respectivamente. Las chicas habían buscado trabajo a través de la página web “OLX” (clasificados gratis). Así, Ayala habría podido contactarlas, de acuerdo a las declaraciones y la hipótesis de del Ministerio Público Fiscal (MPF), y les habría realizado ofertas de trabajo engañosas: acceder a sesiones de fotografías en ropa interior como prueba de una campaña de moda.

En el último debate oral, las situaciones fueron descriptas a través de una grabación de videos y de transcripciones escritas, y detallaron casi la misma práctica. La diferencia fue el inicio de la aparente captación. Todas se encontraban en una situación de vulnerabilidad: desocupadas, rotura del vínculo familiar, e hijos, entre factores. Pero en estos casos recordaron que el acercamiento se había canalizado mediante una amiga o por la red social Facebook. Luego se produjo la propuesta de fotos. “Me dijo que tenía que probar el servicio conmigo, digamos, para que yo empezara a trabajar (…) Y yo le dije que bueno, o sea, porque todas las chicas que estaban ahí ya habían probado servicio con él, creía”, se escuchó de una de las chicas, quien buscaba entonces trabajo para poder alquilar un hogar y vivir allí con sus hijos.

Agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaron en marzo de 2017 un departamento ubicado en calle 12 de Octubre al 800, donde funcionaba un prostíbulo. De acuerdo al planteo del fiscal federal Pablo Camuña, existía en ese momento un circuito de captación y acogimiento de mujeres para la explotación sexual, incluyendo menores de edad y embarazadas, que se había extendido por otros inmuebles anteriores.

Este último prostíbulo habría estado en manos de Ayala y Galván y funcionaba de 9 a 13 y de 14 a 21, conforme a los datos de la causa. Ayer, las chicas contaron que debían entregar a Contreras el dinero del pago por el “pase”. Al final de la jornada recibían el 50% de lo obtenido.

En la investigación se señaló que las mujeres eran ofrecidas como mercancías a clientes a través del sitio web “sensualtucuman.com”. Las víctimas ratificaron ayer que habían pagado entre $ 600 y casi $ 2.000 por un espacio privilegiado en la página de internet.

“Los policías iban a veces a revisar si había droga en los departamentos. También iban a contratar los servicios, como lo hicieron políticos, fiscales, jueces, muchos funcionarios públicos que se contactaban a través de los anuncios”, indicó una de las víctimas. Todas aclararon que en los lugares no había estupefacientes.

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