Auditores y la jueza identifican a responsables del caso contra legisladores

Los rastros de al menos dos jueces y fiscales; de tres funcionarios y de una empleada constan en la causa contra 27 legisladores acusados de recibir coimas en 2002 durante el período de nueve años en el que el expediente estuvo paralizado, según los informes que elaboraron por separado la jueza Carolina Ballesteros, y los auditores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Agustín Ladetto y Mariana Tasquer. Estos documentos integran la contestación del 9 de abril a la solicitud de datos que hicieron los legisladores radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf. Un día antes trascendió la noticia de que la secretaria Karina Rivera había informado el hallazgo del expediente abajo de un armario del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº5 de esta capital con una sentencia que anula la solicitud de sobreseimientos dictada en mayo de 2010 sin notificar a los imputados. Ese proceso delicadísimo forma parte de alrededor de 250 casos paralizados encontrados en el despacho al que Ballesteros llegó en febrero, entre ellos actuaciones de pornografía infantil. 

Otras pesquisas implican al intendente Mariano Campero (UCR), por presuntas estafas, y al concejal Armando Cortalezzi (PJ), por presuntas amenazas.

Entre el 3 de mayo de 2010, día de emisión de la sentencia, y el 28 de marzo de 2019, día de la primera actuación de Ballesteros (que asumió en el Juzgado Nº5 el 8 de febrero), intervinieron en ese expediente con trascendencia institucional la ex jueza Mirta Lenis de Vera (goza de la jubilación con el beneficio del 82% móvil desde 2016) y Alejandro Tomas, juez Nº1, que sólo firmó un decreto en 2014 para aceptar la excusación del secretario Carlos López, quien se apartó por haber sido designado asesor ad honorem para la reforma procesal penal “a instancias” de uno de los imputados, el ex legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse (se informa por separado). Ninguno de los tres magistrados subrogantes que reemplazaron a Lenis de Vera a partir de mayo de 2016, Juan Francisco Pisa (Nº3), y los jueces correccionales Marcelo Mendilaharzu y Víctor Manuel Rougés (se jubiló el año pasado con el beneficio del 82% móvil), figuran en la causa: nunca intervinieron en ella, en función de lo que confirmaron Ballesteros, Ladetto y Tasquer. Mendilaharzu, Pisa y Rougés percibieron montos adicionales por desempeñarse como suplentes. Lenis de Vera, Tomas, Mendilaharzu, Pisa y Rougés guardaron silencio ayer cuando fueron consultados al respecto.

El expediente con la sentencia que anula el pedido de sobreseimientos del fallecido ex fiscal Pedro Gallo, que nunca fue comunicada oficialmente a los 27 legisladores, pasó al menos seis meses en la Fiscalía Nº1 de esta capital cuando ya estaba allí Mariana Rivadeneira, que asumió en septiembre de 2011. Según los auditores, el caso estuvo en la órbita de la fiscala entre noviembre de 2012 y mayo de 2013. En relación con esto, Rivadeneira comentó que ella no era responsable de comunicar a los legisladores el rechazo de la solicitud de sobreseimientos sino la secretaría del Juzgado N°5 y que en el expediente no había ningún trámite que dependiese de ella (se informa por separado).

Ballesteros identificó como responsable de notificar el fallo de Lenis de Vera al secretario López hasta el 4 de septiembre de 2014, cuando se inhibió invocando su designación como asesor de la Comisión Especial para la Reforma Procesal Penal que impulsó el justicialista Vargas Aignasse. “A partir de entonces, de acuerdo al decreto (de Tomas), que por las siglas impresas habría sido confeccionado por -la entonces empleada- Carla Fernández Nacul, la actuación como fedataria estuvo a cargo de la prosecretaria Jimena Suárez por un breve lapso de tres meses, hasta su traslado a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción el 27 de febrero de 2015. A partir del 20 de octubre de 2015, la actuación fedataria estuvo en manos del prosecretario Demetrio Kuchimpos”, informó la jueza a los legisladores radicales por medio de la Corte.

Fuentes judiciales deslizaron que a la funcionaria Suárez, que se desempeña en la Sala I de la Cámara Penal de esta capital, no le habían notificado que debía reemplazar a López, y expresaron que no existían rúbricas de ella en la causa y que disponía de pruebas que así lo acreditaban. El nombre de Suárez también aparece en los proyectos de cédulas de finales de septiembre de 2014 sin firma ni diligenciamiento hallados en el último cuerpo del caso contra los 27 legisladores. La hoy secretaria explicó que iba a hacer una presentación en la Corte.

Ni López ni Kuchimpos pudieron ser ubicados ayer. Fernández Nacul, que en el presente es funcionaria del Ministerio Público, dijo por teléfono que no recordaba el asunto y prefirió no hacer comentarios.

Los auditores incluyeron en el detalle del “paso por paso” del proceso fotografías del armario del Juzgado N°5 donde fue encontrada la causa, según Rivera y Ballesteros. Tasquer y Ladetto informaron que la secretaria no pudo dar precisiones y que fue la jueza quien mostró dónde estaba el último de los 24 cuerpos del expediente (se informa por separado). Integran la lista de imputados Vargas Aignasse, Nancy Albero, Julio César Topa, Adriana Neske, Fernando Lossi, Juan Antonio Vildoza, Diego Nieva Sanzano, Gustavo Siciliani, Jorge de Faveri, Gustavo Rojas Alcorta, Mariano Poliche, Leonor Lía Barquet de Delgadino, Rosa Augier de Rojas, Osvaldo Jaldo (hoy vicegobernador), José Fernando Orellana (hoy diputado), David Padilla, Juan Carlos Mamaní, Juan Antonio Ruiz Olivares (hoy legislador), Emilio Salvatierra, Edgardo Roberto Rocha, René Concha, Germán Alfaro (hoy intendente), Teresa Felipe de Heredia, José Raúl Gutiérrez (hoy comisionado comunal), Claudia Herrera, Camilo Khoder (ya fallecido) y Lilia Teresa Ramírez de Castro.