21 Diciembre 2018
Disponen que un chico de 18 años siga en el Roca a pesar de que ya es mayor de edad
"Las cárceles no están preparadas para los menores delincuentes", dijo el juez que resolvió que el joven no sea trasladado a Villa Urquiza, en cumplimento de tratados internacionales sobre menores en conflicto con la ley.
INSTITUTO ROCA / ARCHIVO
En un fallo inédito, el juez de Menores N°2, Federico Moeykens, dispuso que un adolescente que acaba de cumplir 18 años no sea trasladado al penal de Villa Urquiza por el solo hecho de pasar a ser mayor de edad, como habitualmente ocurre.
Moeykens argumentó que "las cárceles no están preparadas para los menores delincuentes" y, en cambio, "corresponde al estado provincial garantizar el alojamiento de los mayores porque, aún cumpliendo los 18 años, siguen manteniendo la categoría jurídica de adolescentes en conflicto con la ley y deben ser tratados en forma diferente a un adulto”.
El adolescente en cuestión se encuentra alojado en el Instituto Roca cumpliendo un tratamiento socio-educativo por estar imputado de varios delitos de gravedad, sin que a la fecha haya sido juzgada su responsabilidad penal en los mismos.
Moeykens rechazó la posibilidad de que el joven imputado sea trasladado a la cárcel o liberado por el solo hecho de contar con 18 años cumplidos, situación que se había planteado como posibilidad acorde a como se venía trabajando en el fuero penal juvenil.
Además, reclamó a la Provincia que “a la brevedad” adopte las medidas necesarias para cumplir con tratados y convenciones internacionales y se realice un correcto tratamiento de los menores y mayores de 18 dentro del Dispositivo Cerrado “Instituto Julio A. Roca” dependiente de la Secretaría de Estado, Niñez Adolescencia y Familia.
En la audiencia -que se realizó la semana pasada- estuvieron presentes la defensora de menores, Mónica Romano; Manuel Pedernera en representación del imputado; el Fiscal de Instrucción, Pedro Gallo; personal de la Secretaría de Estado, Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, y la responsable de la Oficina de DDHH de la Corte Suprema de Justicia, Lourdes Bascary.
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