La Legislatura invierte más del 90% de su presupuesto en sueldos, según Ruiz Olivares

La Legislatura invierte más del 90% de su presupuesto en sueldos, según Ruiz Olivares

El titular de la comisión de Hacienda convocó para hoy al ministro de Economía, Eduardo Garvich, para que exponga ante los legisladores.

26 Noviembre 2018

Esta semana en la Legislatura las principales discusiones girarán en torno a los fondos públicos.

El debate comenzará a profundizarse hoy, cuando el ministro de economía, Eduardo Garvich, visite la sede de Muñecas 951 para brindar los detalles del proyecto de ley del Presupuesto General de la Provincia para 2019, según anunció el presidente de la comisión de Hacienda, Juan Ruiz Olivares.

La previsión de gastos y recursos girada por el Poder Ejecutivo (PE) alcanza los $ 96.300 millones para la Administración Pública, y fija una planta de personal permanente de 87.172 empleados.

La oposición espera la reunión de hoy con Garvich para conocer el “analítico” o “desagregado”, como se le llama al informe área por área y rubro por rubro del presupuesto. En los últimos años, el ministro de Economía entregó en los encuentros previos a la sesión de Cámara un pendrive a cada jefe de bloque con copias digitalizadas de ese documento.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) publicó el 5 de noviembre la acordada 1.290, en la que el máximo tribunal comunica al PE una necesidad de recursos por $ 5.364 millones para 2019, y 4.274 cargos.

El interrogante ahora es cuánto gastará la Legislatura el año próximo. Extraoficialmente se habla de unos $ 3.800 millones para entre 3.800 y 4.000 agentes, contabilizando cargos permanentes y transitorios y designaciones políticas, que son la gran mayoría.

De todas formas, según Ruiz Olivares, todavía no se ha establecido una cifra definitiva para los recursos del Poder Legislativo. 

“Es un presupuesto que va incluido (en el temario de la sesión), pero va aparte. Lo están analizando los técnicos, y va con el mismo monto (de incremento) que ha tenido la Provincia. Con una ventaja: en la Legislatura, después de que el presidente (Osvaldo Jaldo) sacó los gastos sociales, etcétera, prácticamente el 90% o más es para sueldos, y lo demás para gastos de funcionamiento de este cuerpo”, afirmó el legislador oficialista tras una consulta de LA GACETA.

El sistema de “gastos sociales”, vigente desde los 90 bajo distintas denominaciones, fue derogado en agosto de 2016. El año anterior, esa partida para ayudas a personas había consumido cerca del 40% de los recursos anuales. Una investigación de este diario reveló que ese dinero era entregado en efectivo, y viajaba en valijas desde una sucursal bancaria céntrica hasta el edificio de la Legislatura.

Mientras las causas judiciales por esta operatoria avanzaban, Jaldo ordenó en 2016 la bancarización de las cuentas del Poder Legislativo y eliminó los subsidios a personas físicas. Se siguen entregando aportes a instituciones públicas, aunque tampoco existe un detalle oficializado sobre los beneficiarios y los montos que reciben.

¿Cuál será la postura de la oposición? En la semana hubo una reunión entre los radicales alineados a la Casa Rosada para analizar una estrategia conjunta. El vicepresidente de Hacienda, el peronista de Cambiemos Silvio Bellomio, aseveró que todavía no ha recibido copias formales del proyecto de ley. Resta ver si, al igual que sucedió en el Concejo de la Capital, la discusión se traslada a la cantidad de personal que tiene afectado cada representante del pueblo.

Equilibrado, con superávit

En cuanto al proyecto de ley del Presupuesto General para 2019, Ruiz Olivares explicó que el incremento de recursos rondará el 25,6%. “Está equilibrado, con superávit”, añadió el también vicepresidente 1° de la Legislatura. En ese sentido, destacó que, a diferencia las políticas aplicadas por la Casa Rosada en el ámbito de la Nación, la Provincia no ha “reducido” las partidas para “educación, salud, ciencia y técnica”. “No se tocaron áreas sensibles”, remarcó.

Según el jefe del bloque UCR, José María Canelada, se deben reforzar las partidas para seguridad. “Pese a que hemos llegado al triste récord de superar a la Ciudad de Buenos Aires en homicidios en ocasión de robo, al gobernador Juan Manzur no le importa. Vivimos en una situación crítica de inseguridad, pero no mueve un peso de más. Mientras Salta y Córdoba, por ejemplo, invierten alrededor de un 11% en seguridad, Tucumán apenas supera la mitad de ese porcentaje”, dijo el radical.

Otro de los puntos que generará controversia entre los legisladores es el pedido de autorización del Ejecutivo para contraer deuda por distintas vías. Ruiz Olivares aclaró el jueves, tras la primera reunión de comisión de Hacienda por este asunto, que se trata de una herramienta con un espíritu preventivo. “Esto le da previsibilidad a la Provincia”, planteó el peronista.

En el proyecto de Presupuesto, se aprueba un crédito de hasta 200 millones de dólares o su equivalente en moneda local. Se trata de “préstamos subsidiarios con garantía de coparticipación federal”, para el que se deberá “suscribir la documentación necesaria con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación”, a cargo de Rogelio Frigerio. El objetivo de estos recursos está predeterminado para obras. También se contempla la posibilidad de deuda por hasta $ 5.000 millones; en este caso, puede ser salada “a mediano y largo plazo”. Permite la cesión “en garantía de pago (de) los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”. Además, el PE podrá emitir Letras (a cancelar en el mismo ejercicio) por hasta el 7,4% del Presupuesto (unos $ 7.000 millones).

La intención del oficialismo es que el miércoles el proyecto reciba dictamen, y el viernes sea aprobado en el recinto de la Legislatura.

Datos

$ 96.300 millones es el total de gastos de la Provincia para 2019 en el proyecto de Presupuesto.

$5.364 millones es el monto requerido por el Poder Judicial para sus erogaciones en 2019.
87.172 empleados en la planta permanente tiene la Administración Pública de la Provincia en el proyecto.

$ 3.800 millones sería el monto aproximado (no oficial) del presupuesto de la Legislatura para 2019.

4.247 cargos estableció el Poder Judicial en el anteproyecto relativo a sus recursos para 2019.

60.000 pesos cobran por mes los legisladores por dieta, única remuneración legal por desempeñar el cargo.

Foro en la Legislatura

Reimpulsan la idea de conectar Tucumán con el océano pacífico a través de un corredor vial

La Legislatura fue sede del 3° foro denominado “Tucumán en el corredor bioceánico”, que impulsa la concreción de una obra vial para conectar esta provincia y Catamarca con Chile. “Sólo con la nueva traza de la ruta 65 Tucumán estaría integrado al corredor bioceánico y, a través del Paso de San Francisco, lograríamos la salida al Pacífico aprovechando la infraestructura portuaria de Chile y accediendo a los grandes mercados del continente asiático”, precisó el legislador Raúl Albarracín (UCR), titular de la comisión de Medio Ambiente y coordinador del evento. Participaron expertos y miembros de la ONG Fuerzas Vivas del Sur.

¿Avanza o va al archivo?

Definen el futuro de la idea de gestionar ante el congreso un servicio militar obligatorio

El Poder Legislativo definirá esta semana si el proyecto de resolución que insta a gestionar ante el Congreso de la Nación la instauración de un servicio militar obligatorio avanza en las comisiones internas o es girado directamente al archivo. Fuentes de la mesa de conducción del cuerpo legislativo confirmaron que la propuesta elevada por el legislador Luis Morghenstein (PJ) agitó los ánimos entre sus pares. El texto no apunta a una ley, sino al inicio de gestiones ante los senadores y diputados tucumanos. La idea obtuvo la firma en total de cuatro legisladores, contabilizando a su autor, por lo que las próximas horas serán clave.

Rumbo al sector pasivo

Un peronista propone un plan de continuidad optativo para los estatales que se jubilan

El legislador peronista Eduardo Cobos elevó un proyecto de ley que propone cambios al estatuto del empleado de la Administración Pública, con el objetivo de que el trabajador pueda extender su relación laboral con el Estado por tres años más a partir de que cumpla la edad para jubilarse. “Las últimas modificaciones al sistema previsional disminuyeron la movilidad jubilatoria y (causaron) la caída del poder adquisitivo real. Ponen en jaque al agente que debe jubilarse por haber alcanzado los años de servicio y la edad (requeridas)”, indicó Cobos. La propuesta incluye el blanqueo de los haberes no remunerativos recibidos en la última década.

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