Instan a prorrogar la emergencia por la violencia contra la mujer

A la ley 8.981, que declaró el estado de emergencia en violencia contra la mujer en Tucumán, le queda cerca de un mes de vigencia. Por eso, legisladores peronistas y radicales instaron a prorrogar el estado de excepción por dos años más; es decir, hasta 2020.

En los proyectos, oficialistas y opositores coincidieron en que la situación no ha mejorado para las víctimas, e incluso se registró un agravamiento en los casos.

“Los datos sobre femicidios en Tucumán son alarmantes. En los primeros ocho meses de 2018 hubo 11 femicidios, que superaron los casos registrados en la provincia durante todo el año pasado”, plantearon Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular) y Graciela Medina (PJ-Tucumán Crece). Las justicialistas consideraron que sí hubo avances en estos dos años gracias a la ley 8.981. “Si bien algunos de los puntos que establece esta ley se han cumplimentado, (como la) licencia por violencia contra la mujer, la aplicación de campañas de difusión y la operatividad de una línea telefónica para la recepción de denuncias, todavía falta mucho por trabajar para proteger a las mujeres de este flagelo. Es necesario prorrogar esta emergencia, la situación de violencia continúa y desde el Poder Legislativo debemos continuar trabajando para contener este flagelo”, expusieron las peronistas Córdoba y Medina.

Los radicales José Canelada y Adela Estofán de Terraf recordaron que la sanción del estado de emergencia ante el incremento en los femicidios fue una de las primeras acciones de esta conformación de la Legislatura. “En un mes vence el plazo de vigencia de la emergencia y las preocupaciones que nos motivaron persisten, las respuestas que hemos propuesto con fuerza de ley aún no son realidad. En definitiva, las tucumanas siguen sufriendo sin tener ninguna nueva herramienta que colabore en que las situaciones de violencia puedan ser prevenidas, asistidas y/o erradicadas”, argumentaron. Además, instaron a aplicar en su totalidad los aspectos contemplados por el estado de excepción de la normativa vigente.

La ley 8.981, sancionada el 21 de diciembre de 2016, expresa como sus principales objetivos “revertir el número de víctimas por violencia contra la mujer en la Provincia; reforzar la política preventiva en la materia; y optimizar los recursos del Estado en la lucha contra este grave flagelo social”. Además, detalla ocho objetivos como “políticas prioritarias” de gobierno, “el diseño y ejecución de acciones y programas tendientes a la prevención, sanción, y erradicación de la violencia contra la mujer, niña y mujer embarazada”; la celebración de tratados con la Nación; la implementación de “espacios físicos transitorios de asistencia y contención a las víctimas”; y la creación de un registro único que permita elaborar estadísticas y acciones públicas.