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Dos hechos que sucedieron sobre el final de la semana deberían ser considerados como un mensaje. No hacen falta leyes más duras, sino que el sistema judicial funcione correctamente. Las fallas quedaron al descubierto por el plan de fuga que habría ideado el supuesto narco Javier “Chuky” Casanova y el crimen del aspirante a policía para robarle la moto. Ambos casos muestran cómo las demoras, descoordinaciones y vacíos de control pueden terminar generando consecuencias graves.
A Kevin Samuel Rueda lo mataron para sustraerle la moto. En Tucumán, desde hace años se registran este tipo de casos porque nunca se luchó en serio contra el mercado negro de estos vehículos. Es más, los detenidos Isaías “El Rey” Delgado y Juan Manuel “Cucú” Carabajal se movilizaban en un rodado que había sido robado la semana pasada en barrio Sur, lo que habla a las claras de que hay organizaciones especializadas en este tipo de ilícitos que siguen actuando a lo largo y a lo ancho de la provincia.
Los nombres de los acusados del homicidio aparecen en varios expedientes judiciales. Lo curioso es que son causas registradas en los últimos 10 años y que no fueron cerradas. Por esa razón, esperaban en libertad ser enjuiciados. Son personas que deberían haber sido juzgadas por el régimen conclusional y por el sistema adversarial. ¿Comenzó a tener fallas este sistema? ¿Cuántas personas como “El Rey” o “Cucú” están libres esperando ser enjuiciadas? Son preguntas que inquietan a los operadores judiciales.
Ahora se conoció el caso de un muchacho que perdió la vida el 16 de agosto, a una cuadra de donde ocurrió el crimen del cadete. Para la Policía, se trató de un accidente: que el conductor de la moto cayó al suelo de manera casual. Los familiares dijeron que podría haberse caído al escapar de un intento de robo. Señalaron que vecinos escucharon disparos antes del percance. Lo único que pretenden es que se investigue para determinar las circunstancias de su muerte.
Primeras señales
Los expertos sostienen que el sistema judicial es un dique moderno y eficaz. Pero el problema es que, a seis años de haberse puesto en vigencia el código procesal penal, no se hizo una evaluación sobre su funcionamiento. Es decir, utilizando la misma analogía, no se está haciendo un mantenimiento para evitar filtraciones. ¿Hubo una reunión entre representantes de los tres poderes del Estado para analizar cómo se está desarrollando su implementación? ¿Hubo un cambio en la política criminal teniendo en cuenta cómo mutan los delitos? ¿Se analizó si son necesarios más fiscales, más jueces y más defensores? ¿Se pensó qué nuevas herramientas se podrían utilizar? La mayoría de las respuestas a estos interrogantes es no.
Los operadores del Ministerio Público, que al ser los acusadores ocupan el rol más importante del sistema, sostienen que están desbordados. Que las causas se van acumulando y que casi no tienen tiempo de investigar. El caso de la agresión de Tafí del Valle es un claro ejemplo. Una pelea entre jóvenes a la salida de un boliche cumplió el sábado siete meses y no hay indicios de que se cierre pronto. Encima, hay una avalancha de casos complejos que no son fáciles de resolver, como, por ejemplo, las estafas.
¿Un plan de fuga?
Casanova es investigado desde hace años por tráfico de drogas. Está preso por una causa que tuvo un polémico desarrollo procesal. Fue detenido por tener 34 gramos de cocaína. Lo acusaron por narcomenudeo, pero el fiscal José Sanjuán sospechó que, en realidad, podría estar vinculado al tráfico de drogas. En tres meses, se declaró incompetente y envió el expediente a la Justicia Federal.
En ese fuero, por el tiempo transcurrido, poco se pudo investigar. Entonces, en menos de seis meses, “Chuky” logró primero un acuerdo con el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz para que fuera condenado a tres años de prisión efectiva por el delito de tenencia de drogas, no de comercialización y, mucho menos, de lavado de activos. Después, accedió al arresto domiciliario. Hasta ahí, todo normal. Las irregularidades surgieron después.
Desde el 1 de abril, Casanova tenía un pedido de captura por una causa de drogas. Un juez federal de Jujuy había solicitado su detención al acusarlo de haber sido el responsable de un envío de 50 kilos de cocaína. Pero esa orden nunca se conoció, pese a que había sido publicada en todas las bases de datos destinadas a que los funcionarios sepan cuál es la situación de los ciudadanos sospechados de haber cometido algún delito. Esa información no surgió cuando el imputado accedió al convenio con el fiscal federal ni cuando se le permitió regresar a su vivienda del barrio Oeste II.
Los expertos sostienen que “Chuky” podría haberse aprovechado de las fallas del sistema para idear un plan de fuga y así evitar que se lo acuse de un delito por el que puede recibir una condena de entre seis y 20 años. Esa sospecha se fortaleció con una insólita situación. Personal del Servicio Penitenciario, los mismos que jamás se enteraron de la orden de captura contra el hombre que deben vigilar y sabiendo que el preso era responsabilidad de un juez federal, presentaron ante la Justicia ordinaria un pedido especial para trasladarlo a un hospital público. El permiso fue firmado por una jueza que recibió un informe favorable.
Otra pregunta
El juez federal José Manuel Díaz Vélez fue el único que intuyó que algo extraño estaba sucediendo con este caso. Hasta el momento no consintió el acuerdo porque, a su criterio, faltaron realizar medidas de investigación. Por ejemplo, nunca se pudo analizar el iPhone del imputado porque ni las fuerzas de seguridad ni la Justicia cuentan con el sistema para desbloquear estos celulares. Es cierto que esta tarea puede ser realizada cualquier técnico, pero no tendrá validez legal porque no está autorizado por el Poder Judicial para hacerlo.
El magistrado también piensa que sobran los indicios para que Casanova sea investigado por lavado de activos, causa que no se podría abrir si es condenado únicamente por tenencia. Legalmente, es muy difícil que se le impute a una persona que ingresó al sistema financiero fondos obtenidos del narcotráfico si no se le comprueba la comercialización.
Al contar con la opinión favorable del fiscal Vehils Ruiz, el magistrado sólo podía demorarlo. Por eso dispuso que Casanova sólo abandonaría el penal cuando contara con una pulsera electrónica de seguimiento. Fuentes judiciales indicaron que podría revocarle el arresto domiciliario si es imputado en la causa judicial de Jujuy porque considera que existen riesgos procesales para mantenerlo detenido.
La gran pregunta es: ¿cuántos casos como este se registran y no salen a la luz? Nadie sabe. Y ese es, quizás, el dato más preocupante. Porque el problema ya no es solamente si un delincuente logró aprovecharse de una falla del sistema. El verdadero interrogante es cuántas situaciones similares permanecen ocultas. El resultado no es una discusión jurídica: son víctimas, impunidad y una sociedad que pierde confianza en las instituciones encargadas de protegerla.
