Cláusula gatillo o bono

Las obligaciones se cuentan de a millones. La tranquilidad social de un año traumático y recesivo también se tiñe de millones. El presupuesto es multimillonario y las necesidades son infinitas. La inflación ha violentado la teoría de la escasez, esa en la que se ampara cada funcionario del área económica para decir que el Estado no tiene los recursos suficientes para atender tanta demanda. La realidad económica choca con las necesidades políticas. No sólo se devaluó la moneda nacional; también las promesas y hasta la palabra de los gobernantes.

La Argentina llega al final del año agobiada. La tormenta financiera ha sido más prolongada de lo que se había previsto e inundó de deudas a cada hogar. El reajuste en las tarifas de los servicios públicos privatizados acumuló un alza del 51% y el transporte otro 63% en los primeros 10 meses del año, de acuerdo con las estadísticas oficiales. El precio de los alimentos tampoco que se quedado atrás: un 46%. Y este 2018 aún no se fue. Las consultoras privadas calculan que el período cerrará con una inflación en torno del 50% anual. Los gremios reclaman recomposición y el Estado, como el tucumano, ofrece dos posibilidades: o se activa la cláusula gatillo dispuesta a través de las paritarias de principios de año o se abona un bono navideño. Atender ambas demandas hoy es imposible, advierten desde el Ministerio de Economía.

¿Cuáles son los escenarios fiscales de una y otra alternativa de reajuste salarial?

• Los gremios estatales sostienen que el Poder Ejecutivo debe abonar un bono de fin de año cercano a los $ 6.500 por agente. Calcular cuánto puede ser la erogación que el Estado haría si se atiende ese reclamo es clara: sólo cabe multiplicar por 100.000 que es el número de empleados públicos provinciales. Entonces el resultado será de $ 650 millones, lo que equivale a la mitad de una recaudación mensual de la Dirección General de Rentas. En el área económica, a su vez, miran que ese gasto puede llegar a consumir el pequeño superávit con que la Provincia pretende cerrar el año fiscal al que le quedan 40 días.

• El ministro de Gobierno Regino Amado ha dicho que, hasta septiembre, los trabajadores estatales recibieron un aumento del 32,87% y que, con la activación de la otra fase de la clásula gatillo, el incremento salarial para el sector público tucumano puede cerrar el año en torno de un 48%. A su vez, el área que conduce Eduardo Garvich también hace números y señala que, para llegar a la inflación proyectada para este año, el Estado deberá abonar entre un 15% y un 17% más de aumento. El Ministerio de Economía calcula que el incremento por esa vía será de $ 3.500 mensuales por agente. “Hay que incorporar dinero al sueldo de la gente y no una ayuda extraordinaria que después se interrumpe”, señaló el gobernador Juan Manzur cuando fue consultado sobre el bono propiciado por el presidente Mauricio Macri que otorga $ 5.000 a cada agente del sector público nacional.

La apuesta de la provincia para contener el reclamo de los gremios es abonar esa diferencia a través de planilla adicional, de tal manera que el pago se efectúe conjuntamente con el 80% de los salarios que recibirán los empleados en los primeros días de enero. Sin embargo, la puja Gobierno-sindicatos perdurará. En ese caso, Manzur deberá tener la cintura política suficiente o bien para convencer a los gremialistas que la Provincia no está en condiciones de abonar el bono y la cláusula gatillo a la vez o, en el peor de los casos, negociar un monto inferior del bono.

De una u otra forma, el Gobierno local ya ha previsto volcar cerca de $ 10.000 millones al circuito comercial tucumano en el último mes del año, tomando como bandera la vieja estrategia de cancelar dos sueldos y el medio aguinaldo no más allá de las festividades de los Reyes Magos. La activación de la cláusula gatillo, no obstante, implicará un mayor peso del gasto salarial en el Presupuesto. Así, seis de cada 10 pesos que gaste el Estado en 2019 corresponderán al gasto en Personal, un crecimiento de casi cinco puntos en el último lustro. El interrogante que surge es de dónde sacará el Estado más millones para atender tantas obligaciones financieras. La respuesta también tiene dos vías: impuestos o mayores necesidades de financiamiento.