23 Septiembre 2018
El Estado perdió al menos ocho de cada diez juicios promovidos por jubilados transferidos y no transferidos entre 2016 y el mes pasado. Esta desempeño negativo surge del informe de procesos judiciales que elaboró la Fiscalía de Estado, órgano encargado de defender a la Provincia en ese tipo de litigios (se informa por separado). Los pleitos del sector pasivo generan el resultado más pobre en un contexto general en el que las sentencias firmes favorables al Estado superan con lo justo a los pronunciamientos en contra.
Los cuadros extraídos de la medición de la Fiscalía de Estado revelan que 159 fallos relativos a jubilaciones quedaron firmes en los últimos 32 meses: 133 de ellos -el 84%- supusieron condenas totales para la Provincia (ver gráficos). En diez casos, el Estado recibió condenas parciales. Las restantes 16 sentencias fueron favorables a la posición del sector público. Ello implica que los Tribunales, salvo excepciones, hacen lugar a las peticiones de los pasivos. Esto quiere decir que la judicialización permite al Estado la postergación de pagos que en mayor o menor medida ya sabe que le corresponde asumir, escenario que recarga a la Justicia, que genera mayores erogaciones y que perjudica a los jubilados, la mayoría de los cuales “corre contra el tiempo”. Al respecto, Daniel Leiva, fiscal de Estado, dijo que la Provincia soporta una carga previsional heredada que carece de un financiamiento específico y que debe ser determinada caso por caso. “Estamos explorando mecanismos tendientes a resolver la situación general, pero en este tema incide la coyuntura económica delicada”, añadió.
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