Medicación para personas trasplantadas (2014)
En marzo, los radicales Ariel García y Raúl Albarracín elevaron un proyecto en el que solicitan al Poder Ejecutivo (PE) “la reglamentación y el efectivo cumplimiento” la ley 8.682, mediante la cual la Provincia adhiere a la ley nacional de Protección Integral para Personas trasplantadas (26.928). “La (norma) dispone la cobertura del 100% en la provisión de medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que estén directa o indirectamente relacionadas con el trasplante”, describieron. Recordaron que la ley 8.682 fue aprobada en junio de 2014, y que el organismo de aplicación designado fue el Ministerio de Salud Pública de la Provincia. “Por intermedio del Siprosa, (actuará) con el objeto de proteger los derechos de las personas trasplantadas con una visión integral”, manifestaron los radicales.
Para designar al jefe de los defensores (2016)
En abril pasado hubo un proyecto con un pedido concreto al gobernador, Juan Manzur: que avance junto al CAM con el trámite para la designación del ministro público de la Defensa, cargo vacante desde que se aprobó la división del Ministerio Público (Edmundo Jiménez se desempeña como jefe de los fiscales y, de manera provisoria, también de los defensores oficiales). “Una de las principales modificaciones aprobadas en octubre de 2016 fue dividir el Ministerio Público Fiscal y Pupilar actual en dos, de Acusación y de Defensa, cada uno con su propia ‘cabeza’. El objeto de esta modificación era acelerar los procedimientos judiciales pero al nunca nombrarse al Ministro de Defensa. ni a los Defensores Regionales resulta imposible lograr una justicia eficaz”, planteó el ex bussista Claudio Viña (Nueva Fuerza) en la propuesta que elevó como único firmante.
Para reclamar por unidades inclusivas (2006)
En mayo, legisladores del PJ solicitaron al Poder Ejecutivo que, a través de la Dirección de Transporte de la Provincia, “se controle el efectivo cumplimiento de la ley 7.811”, que data de 2006 y establece la incorporación obligatoria de unidades inclusivas en el servicio público de colectivos. “No obstante la citada legislación en vigencia, es de público conocimiento la ausencia de las unidades de adaptación para ingreso y egreso de personas con capacidades motrices diferentes. En efecto, las empresas de transporte público de la Provincia se encuentran incumpliendo (la ley 7.811), lo que implica una negación de todos los derechos a aquellas personas (que requieren esas instalaciones)”, indica el proyecto elevado por Sandra Mendoza, Sara Assán y otros “compañeros” del bloque Tucumán Crece.
Un plan para víctimas de violencia (2000)
En junio, legisladores de Cambiemos instaron al gobernador Juan Luis Manzur a que reglamente la ley 7.029, de Régimen de Protección y Asistencia a la Víctima de Violencia, sancionada y publicada en el Boletín Oficial a mediados de 2000. “Atento al excesivo tiempo transcurrido desde su publicación hasta la fecha, solicito al Poder Ejecutivo su pronta reglamentación, ya que es de carácter urgente su aplicación en el territorio de la Provincia, debido al sensible y preocupante tema que trata la presente ley y que hoy se encuentra en plena vigencia. Esta problemática crece de manera desmedida y muchas veces concluye con el fin de la vida de alguna persona”, plantearon Eudoro Aráoz (UCR) y Luis Brodersen (PRO). Advirtieron que si la ley es reglamentada, “no puede ser operativa”.
Contra la violencia y el acoso laboral (2002)
Desde Cambiemos cuestionaron en junio pasado que el Poder Ejecutivo no reglamente la ley 7.232, aprobada en 2002, que establece “el marco jurídico para la prevención, control, sanción y erradicación de la violencia laboral”. El alcance de la norma es para casos de maltrato físico y psíquico, de acoso y acoso sexual, entre otros, y contempla como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno y Justicia del PE. “Se realizan a menudo conferencias, charlas, congresos y demás actos en relación a la erradicación y prevención como así también a la sanción de dichos actos que atenten contra la integridad de una persona por medio de la violencia”, destacaron Eudoro Aráoz (UCR) y Luis Brodersen (PRO).
Reclamo por la ley de Fibromialgia (2017)
El legislador Claudio Viña (Nueva Fuerza) elevó un proyecto en agosto para solicitarle al Poder Ejecutivo que “proceda a reglamentar la ley 9.033”, sancionada en junio de 2017. “(Esa norma) establece la creación del programa de prevención, tratamiento, control y asistencia de la fibromialgia”, consignó el dirigente de Cambiemos. “No existe una cura universal para la fibromialgia. Por lo cual a lo único que se recurre es a tratamientos que puedan mejorar la calidad de vida de la persona que la padece. Debido a los reiterados pedidos de mujeres que solicitan para sus hijos cobertura médica para recibir tratamiento de la enfermedad, es que insto con carácter de urgencia la pronta implementación de la ley”, agregó. Y adjuntó a la propuesta una nota en ese sentido que le había enviado la directora de Inclusión Social y Discapacidad de la Municipalidad Capitalina.
Para exonerar a empleados “narcos” (2018)
En agosto, el radical José Canelada elevó una propuesta para reclamar al gobernador, Juan Manzur, la aplicación de una normativa que establece la exoneración de empleados públicos imputados por causas sobre drogas. “Instar al Poder Ejecutivo Provincial a que dé urgente trámite de promulgación, publicación y reglamentación al proyecto de ley sancionado el 22 de junio pasado, y que versa sobre la posibilidad de suspender y/o dejar cesante a los empleados públicos que resulten involucrados en causas vinculadas con violaciones a la Ley Nacional de Estupefacientes”, expuso el jefe del bloque de la UCR. Y sostuvo que “la omisión de promulgar, publicar y reglamentar las leyes sancionadas por esta Legislatura es una acto violatorio de los artículos 71 y 101 inciso 3 de la Constitución de Tucumán”.
Para edificar el “Espacio de la memoria” (2012)
En agosto, legisladores del PJ firmaron un proyecto para “solicitar el efectivo cumplimiento de la ley 8.516”, sancionada en 2012. Esa normativa “promueve la creación del Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” en la abandonada sede de la ex Brigada de Investigaciones, situada en el mismo predio de la Legislatura. “(Además, dispone) la creación de una comisión para la Preservación de la Memoria, que estará integrada por un representante de la Secretaría de Derechos Humanos, un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ente Cultural, un representante del Poder Judicial, dos representantes de organismos reconocidos de Derechos Humanos y dos legisladores”, señalaron los peronistas Graciela Medina de Álvarez, Ramón Santiago Cano y Fernando Arturo Juri.
Para sumar nutricionistas al Siprosa (1993)
El radical Raúl Albarracín elevó un proyecto que solicita “el cumplimiento de la ley 4.462”, promulgada en 1993, y que apunta a la inclusión de nutricionistas en hospitales, CAPS y otros establecimientos asistenciales públicos, además de hogares, cárceles y comedores escolares. “En los últimos años el aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles (obesidad, diabetes, hipercolesterolemia, enfermedades cardiovasculares, cáncer e hipertensión) ha puesto de manifiesto la importancia de llevar adelante una alimentación saludable para su prevención, así como también el desarrollo de un adecuado estado nutricional. El profesional más capacitado para el logro de este objetivo es el licenciado en Nutrición”, indicó Albarracín el 28 de agosto.
Una aplicación para viajar seguros (2017)
En marzo, legisladores instaron al PE “a poner en funcionamiento de nuevo la aplicación de Transporte Seguro”, cuya finalidad era “que los usuarios de transporte público cuenten con una plataforma para ingresar desde sus celulares o tablets -con acceso a internet- y calcular el tiempo en que llegará la unidad”. Si bien no estaba enmarcado en una ley, el programa funcionó en 2017. “En enero de (2018) la aplicación dejó de funcionar; así miles de usuarios perdieron la herramienta que les brindaba seguridad. La firma responsable del desarrollo de la aplicación (Trailing-Sat) informó que dejó de prestar el servicio por falta de pago”, indicaron José Canelada (UCR) y Ramón Santiago Cano (PJ), entre otros firmantes.
