Legisladores reclaman por 10 leyes que no son aplicadas: la más “vieja” data de 1993
El cuerpo no tiene herramientas para avanzar con la aplicabilidad de una normativa; por eso, sus miembros formalizan sus planteos a través de nuevos proyectos Oficialistas y opositores pidieron la reglamentación o instrumentación de normas relativas a salud pública, seguridad y transporte
Al contrario de lo que sucedía en las monarquías absolutas medievales, cuando regía el principio según el cual la palabra del rey es ley, en el actual sistema republicano de gobierno la puesta en vigor de un proyecto no se agota con su sola sanción como norma en el recinto legislativo.
Buena parte de las iniciativas, una vez que salen con el sello de aprobado desde la sede de Muñecas al 900 hasta la Casa de Gobierno, requieren de medidas posteriores para su aplicación. Y si bien los legisladores no cuentan con herramientas propias para promulgar, publicar y reglamentar una ley, sí recurren a la mesa de entradas de la Cámara para tratar de “apurar” al Ejecutivo en los pasos que le tocan.
En lo que va de 2018, representantes del oficialismo y de la oposición formalizaron al menos 10 planteos para solicitar -o instar- a la aplicación de leyes ya aprobadas por el Legislativo, en algunos casos, hace décadas, y en otros, hace pocos meses. Entre las temáticas abordadas figuran salud, transporte y seguridad.
De hace 25 años
Si de antecedentes de antiguas normas sin aplicar se trata, el reclamo del radical Raúl Albarracín es uno de los que encabeza la lista. A través de un proyecto elevado el 28 de agosto, solicitó al gobernador, Juan Manzur, “el cumplimiento de la ley 4.462, promulgada en 1993”. Su objetivo era establecer “la obligatoriedad” de incluir en los organigramas “de establecimientos asistenciales públicos, hogares, sala cuna, carteles y comedores escolares de nutricionistas, dietistas o licenciados en nutrición”. “El campo de acción del nutricionista es amplio; sin embargo, la inserción laboral del profesional licenciado en nutrición en nuestra provincia es prácticamente baja, por no decir nula, dentro del ámbito de la salud pública en hospitales y centros de atención primaria de la salud (CAPS), lo cual va en contra de lo estipulado en la ley 6.462”, manifestó Albarracín en la propuesta. Y consignó que la atención primaria de estos especialistas no sólo debe consistir en una consulta nutricional, “sino que también debe planear y realizar educación alimentaria y promoción de la salud”.
Un poco más “reciente” es la ley 7.029, que data de mayo de 2000 y establece la creación del Régimen de Protección y Asistencia a la Víctima de Violencia familiar, tanto por agresiones “físicas” como “morales”. “Es de carácter urgente la aplicación de ese régimen en la provincia”, señaló Eudoro Aráoz, también de la UCR, en un proyecto elevado en junio.
Los legisladores ya habían reclamado la puesta en vigencia de normas sin reglamentar durante el año pasado. También a través de la mesa de entradas habían solicitado la aplicación de una decena de disposiciones, como los “Foros Vecinales de Seguridad”, la “Ley de Trato Digno al Consumidor” (para acabar con las extensas filas), de “Droga Cero al Volante” y de “Quioscos Saludables”, entre otras. A pesar de los reclamos, la mayoría de esas normas tampoco son aplicadas.
