La relación recíproca entre tribunales domésticos e internacionales mejora la vivencia de los derechos humanos, y promueve avances que de otra forma serían difíciles de conseguir o llevarían más tiempo. Tanto el italiano Luca Mezzetti como su colega argentino Jorge Alejandro Amaya defendieron esa oportunidad de crecimiento democrático y de incremento de la calidad institucional en la oficina de Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Ambos especialistas participaron este jueves en una mesa panel sobre “Justicia constitucional y derechos humanos” en el Centro de Especialización y Capacitación Judicial a cargo de Sbdar, pero antes dijeron que había que frenar y racionalizar la tendencia de las naciones a encerrarse en sí mismas, movimiento contrario al espíritu de integración surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial.
En un español correctísimo, el doctor Mezzetti afirmó que los jueces pueden contribuir de forma determinante a la formación de la cultura de una comunidad. “No es suficiente que protejan la Constitución con una perspectiva nacional, sino que necesitan la internacional”, advirtió. El catedrático de la Universidad de Bolonia manifestó que los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los locales debían retroalimentarse. “Este vínculo funciona como una linfa que permite la mutua revitalización y democratización”, opinó.
Si bien confirmó que, después del auge del derecho internacional, los países estaban dando pasos hacia el ensimismamiento, Mezzetti llamó a atacar ese fenómeno. “Las mayorías políticas no siempre tienen la razón, más allá de que posean la fuerza de los números. Ciertas políticas pueden ser aproximadas a los valores y principios de los derechos humanos fundamentales mediante la obra sinérgica de los jueces”, propuso. Y dijo que los estrados con competencia continental y mundial debían tener más coraje.
El doctor Amaya añadió que el establecimiento de las jurisdicciones internacionales, que se involucran en la vida interna de los Estados, había generado conflictos sobre quién tiene la última palabra acerca de la Constitución (por ejemplo, la Corte Interamericana o la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina). Y evaluó: “hubo y hay tensiones, pero, en general nuestro país ha observado y reconocido las sentencias dictadas por la Corte Interamericana en función de una convención cuyo objetivo es evitar la violación de los derechos humanos y aumentar los estándares de cumplimiento”.
