18 Agosto 2018
La comisión de Juicio Político de la Legislatura archivó el pedido de destitución del camarista laboral Osvaldo Pedernera que había presentado la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) con las firmas del secretario general Julio Piumato y de la gremialista local Alejandra Martínez. El comité que preside el oficialista Zacarías Khoder avaló la actuación de Pedernera en un juicio iniciado en 2006, que carece de sentencia de primera instancia. En esencia, los legisladores consideraron que no correspondía poner en marcha el proceso de expulsión del magistrado puesto que las objeciones formuladas contra las decisiones que aquel había tomado podían ser revisadas por la Justicia.
“Esta comisión tiene el criterio de no intervenir en cuestiones de índole judicial que puedan resolverse en ese ámbito”, expresó el órgano que encabeza Khoder. También consignó que Pedernera había optado por apartarse de “Ardiles”, la causa en cuestión, a los efectos de “llevar tranquilidad” a las partes y de desactivar cualquier sospecha de imparcialidad.
La UEJN cuestionó que Pedernera dictara una segunda medida para mejor proveer en un expediente que llevaba 12 años de trámite. Esta decisión, que prosperó con el voto de la camarista Marcela Tejeda, incluyó una disidencia del vocal Adolfo Castellanos Murga, quien “condenó” el retraso registrado en el pleito (un reclamo de indemnizaciones a una empresa de transporte de pasajeros de larga distancia). Al respecto, los legisladores manifestaron que las medidas de mejor proveer son facultativas y un resorte exclusivo de los magistrados que las ordenan para obtener mayores elementos de juicio tendientes a esclarecer el conflicto.
Pedernera, que es uno de los jueces con mayor antigüedad de los Tribunales provinciales, prefirió no hacer comentarios sobre el archivo de la denuncia de la UEJN. “Me basta con la publicación de la resolución”, expresó a LA GACETA. Otro artículo sobre el caso “Ardiles” incluido en la edición del 3 de junio había expuesto las fracturas existentes en la Cámara del Trabajo de San Miguel de Tucumán. A continuación, las autoridades de ese estrado, Beatriz Bisdorff (presidenta) y María del Carmen Domínguez, solicitaron medidas contra su par Castellanos Murga a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
En un momento, se barajó la posibilidad de que el juez disidente fuera trasladado de sala, pero este se opuso, al igual que su colega María Poliche de Sobre Casas. Y Posse, presidente de la Corte, dijo que si bien Pedernera estaba en condiciones de jubilarse y había completado los trámites, no podía ser obligado a dar un paso al costado. En esas circunstancias ingresó la solicitud de destitución formulada por la UEJN, días antes de que Martínez cediese la secretaría general que ejercía en la filial local a María Nélida Paz. El propio Piumato viajó a esta ciudad a ratificar la petición.
Al analizar la segunda medida de mejor proveer dictada por Pedernera -y que salió adelante con el apoyo de Tejeda-, Castellanos Murga denunció la existencia de irrazonabilidad, de excesos y de desequilibrios procesales. En su voto minoritario, el camarista reprochó el manejo de los tiempos que habían hecho Carlos Frascarolo, entonces juez de Conciliación y Trámite, y el propio Pedernera. Y manifestó que tal proceder lesionaba derechos constitucionales.
Pedernera y Tejeda, por su parte, defendieron el trámite impreso al expediente. La camarista dijo: “considero menester (sic) poner énfasis en el derecho de todo magistrado a buscar la verdad. Los vocales no estamos llamados a completar o complementar los dichos de las partes, ni a ser ‘jueces de jueces’: para ello existen las instituciones constitucionales que correspondan”.
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