El Gobierno reserva $140 millones para los subsidios de Aetat hasta fin de año

El sistema de asistencia financiera a las líneas urbanas e interurbanas regirá por dos años, y será prorrogable por otros dos. Gracias a una ley sancionada en mayo, el Poder Ejecutivo giró los primeros $20 millones al sector privado.

26 Jun 2018
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POR LA AFIRMATIVA. El proyecto de Manzur para declarar la Emergencia en Transporte tuvo amplio apoyo en el oficialismo y en la oposición. prensa legislatura (archivo)

El Gobierno provincial prevé usar este año el monto máximo permitido por una ley de emergencia para la entrega de subsidios a favor de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).

A través del decreto 1.897/7 (STSV), firmado hace dos semanas por el gobernador, Juan Luis Manzur, y publicado el viernes último en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo comprometió $140 millones para el ejercicio presupuestario de 2018, que estarán reservados para las asistencias económicas para Aetat.

El 15 de mayo, sobre la base de un proyecto enviado por Manzur, la Legislatura sancionó la ley 9.102, que declaró el estado de emergencia en transporte público en el territorio tucumano durante dos años. El PE tiene la facultad de prorrogar este beneficio por otros dos años en caso de que persistan las causales que motivaron el estado de excepción en el servicio de ómnibus.

Los empresarios acordaron mantener la planta de personal de las líneas urbanas e interurbanas. A cambio, el Gobierno se comprometió a girar hasta $20 millones mensuales a Aetat, que serán distribuidos entre los propios representantes del sector. “Se deberán considerar, entre otros parámetros vinculados con la prestación de la actividad, número de unidades operativas y estado de las mismas, consumo de combustible, cantidad de kilómetros recorridos y estado del parque automotor”, indica la ley.

Con posterioridad a la promulgación de la norma, Manzur y el ministro de Gobierno, Regino Amado, suscribieron un contrato con el titular de Aetat, Daniel Orell, para establecer los detalles del vínculo entre el Estado y los empresarios del transporte público. “Aetat se compromete a distribuir el monto del subsidio otorgado entre los asociados conforme criterios objetivos que aseguren equidad y eficacia en la implementación del mismo”, expresa el artículo 4° del acuerdo. Los privados garantizaron que mantendrán la planta de personal y aseguraron además la “continuidad de la prestación del servicio de todas sus empresas asociadas”. El contrato también fija la posibilidad de que el Poder Ejecutivo rescinda el vínculo “sin necesidad de interpelación previa, mediante comunicación fehaciente”.

Más allá de esa cláusula, la intención del Gobierno parece apuntar a aprovechar al máximo la facultad de girar los subsidios. De hecho, ya salió la primera partida de $20 millones para los empresarios de transporte.

El aporte fue girado gracias al decreto 1.804/7 (SH), del 4 de junio pasado, a través del cual el gobernador autorizó la emisión del pago. Este instrumento superó el control preventivo del Tribunal de Cuentas (TC), aunque el ente de contralor requirió algunos ajustes administrativos previos al desembolso de dinero.

En la actualidad, la mayoría de las firmas que integran Aetat reciben también subsidios del Gobierno nacional. Entre enero y abril, el monto girado por el Ministerio de Transporte de la Nación había sido de $478 millones, según los datos publicados en la web de esa repartición.

Días antes de la sanción de la ley 9.102, Orell y otros representantes de la asociación habían visitado la Legislatura para exponer el estado de situación. Allí, el titular de Aetat destacó el déficit mensual. “En lo que es la provincia, (el saldo negativo) es de unos $60 millones, y en lo que es el municipio capitalino (con líneas urbanas), es de aproximadamente $40 millones”, señaló. Así, la balanza arrojaba un rojo de $100 millones para los empresarios.

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