“No vamos a parar la licitación porque no ha habido ningún reclamo coherente”

“Con todo respeto, las impugnaciones que hemos recibido hasta ahora son canto para la hinchada”. Con esas palabras, Mariano Campero, intendente de Yerba Buena, se refiere a las objeciones a los pliegos de bases y condiciones de la licitación pública por la cual esa Municipalidad le adjudicó a la concesionaria de Mercedes Benz en Tucumán la compra de 12 camiones para la recolección de residuos por el monto de $ 36,8 millones.

“Nosotros seguiremos adelante. No vamos a parar la licitación porque no ha habido ningún reclamo coherente. Elegimos lo mejor para el municipio. Estamos adquiriendo un parque automotor como el que esta administración no había tenido nunca antes”, prosigue. Luego asegura que las diferencias entre la empresa elegida y Econovo -la segunda que hizo oferta con camiones Fiat, es grande. “Elegimos una marca de primer nivel y a una empresa local”, añade.

La semana pasada, se conoció el decreto a través del cual el jefe municipal decidió adjudicarle la compra de 12 vehículos a una de las dos empresas que habían presentado sus ofertas en una licitación pública. En total, adquirirán ocho camiones compactadores de residuos sólidos urbanos; dos camiones con caja volcadora para la recogida de los restos verdes y productos de chipeo y dos camiones con caja volcadora trasera, para trasladar los deshechos hacia la planta de transferencia de residuos de San Felipe.

La primera impugnación a la licitación la presentó la apoderada de Marm Group -la empresa que coloca los trabarruedas en esa ciudad-, Jacqueline Darelli, aduciendo que no pudo realizar su oferta. También el abogado Carlos Luis Alvarez, como patrocinante de la firma Corporación de Servicios S.R.L., hizo una presentación. Entre otras cuestiones, habló de “plazos exiguos”, lo que dificultó la posibilidad de su representante de concursar. Además, planteó que se violentaron disposiciones legales.

El lunes, la empresa Econovo Tecnología Sustentable impugnó el proceso administrativo. Según la firma, la adjudicación es arbitraria porque el decreto se basa en un informe de Servicios Públicos “impregnado de consideraciones que violan las normas reglamentarias, y que se funda en hechos o requisitos que no fueron previstos dentro de los pliegos de licitación”. El departamento de Asuntos Jurídicos del municipio prepara una contestación de rechazo a la impugnación. “(Las afirmaciones) son formuladas con una manifiesta carencia de decoro pretendiendo infundadamente cuestionar la legalidad y transparencia del procedimiento licitatorio”, reza un extracto del dictamen de rechazo a las objeciones.