05 Junio 2018
En la madrugada del 4 de agosto de 2007, la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk ordenó abrir una valija del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, que arribaba al aeroparque Jorge Newbery, de Buenos Aires, en un avión de la empresa Royal Class contratado por ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima). Dentro de la maleta, la uniformada encontró U$D 790.550.
Ayer, se cumplieron 10 años y 10 meses de ese suceso escandaloso y, dado el tiempo transcurrido, la causa judicial ha prescripto, según informó ayer La Nación.com.
Respecto del destino que iba a tener ese dinero se tejieron toda clase de hipótesis. Desde la posibilidad de “coimas” (había funcionarios públicos en el vuelo), hasta de dinero “en negro” para el financiamiento de la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner enviado por el gobierno de Hugo Chávez (el vuelo venía de Venezuela). Esto implicaba, por un lado, una ingerencia extranjera directa en los comicios presidenciales, que se celebraron dos meses después. Por otro lado, la oposición denunció la existencia de una “diplomacia paralela” entre la Argentina y Venezuela.
A partir de este hecho, Claudio Uberti debió renunciar como titular del Órgano Contralor de Concesiones Viales (Occovi).
El informe de La Nación identifica a los miembros del Poder Judicial responsables de la prescripción de la causa.
Menciona, por un lado, al juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien el año pasado rechazó el pedido de la fiscalía para procesar al exfuncionario Uberti y negó su apelación. Y señala, por otra parte, al fiscal Pablo Turano, quien optó por no recurrir “en queja” a la Cámara por la apelación denegada por el magistrado.
Como consecuencia de esto, el cierre de la investigación por prescripción operó ayer, según el matutino porteño, cuando se cumplieron 10 años de la indagatoria a Uberti.
El otro protagonista, Antonini Wilson, sigue viviendo en Key Biscayne (Florida, Estados Unidos) y continúa negando que la valija haya sido suya, sino que era de Uberti, quien nunca volvió a ejercer un cargo en la función pública. “No es justo lo que ocurrió y todo lo que viví estos años”, dijo esta semana al diario La Nación. “Esta gente con plata logró lo que buscaba”, afirmó el “arrepentido”.
En Buenos Aires, el expediente pasó por tres jueces de primera instancia, por la Cámara en lo Penal Económico y la Casación Federal Penal. La Corte ordenó avanzar en la investigación por contrabando, lo cual nunca ocurrió.
La fiscalía de María Luz Rivas Diez probó el rol clave que Uberti asumió desde que detectaron la valija. “Logramos probar que la valija era para el Gobierno. Luchamos contra todo el poder político que protegió a Uberti”, dijo en declaraciones al diario nacional.
La Justicia argentina no dictó un solo procesamiento, mientras que la Justicia de Estados Unidos detuvo y enjuició a tres venezolanos y un uruguayo por actuar como agentes encubiertos de Chávez en Florida para comprar el silencio de Antonini. Tres de ellos se declararon culpables y la Corte Federal de Miami condenó al cuarto.
En enero pasado, como publicó LA GACETA, la Justicia puso a disposición del Estado los casi U$D 800.000 para la construcción de dos Espacios de Primera Infancia (PI) en Tafí Viejo y en la localidad misionera de Oberá.
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