23 Mayo 2018
Avanza la cuenta regresiva para aplicar el nuevo Código Procesal Penal, pero sigue parada la comisión especial creada en 2016 a los efectos de la implementación. En la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán informaron que, hasta ayer, faltaban designaciones de representantes y que, por ello, habían reiterado los pedidos de nombres. Según pudo averiguar este diario, los poderes Ejecutivo y Legislativo aún no notificaron oficialmente a quiénes sentarán en la mesa de decisiones que puso en marcha el alto tribunal. Los vocales abrieron el juego luego de la polémica que generó la segunda prórroga del digesto que procura modernizar la persecución y sanción del delito en la esfera provincial.
Las “invitaciones” para el Ministerio Público Fiscal; los poderes políticos, y los colegios de abogados de la Capital y del Sur partieron de la Corte el 2 de mayo. La Acordada 441/18 informa que los vocales Antonio Gandur y Antonio Estofán representarán al Poder Judicial (la designación de dos miembros suplentes quedó supeditada a una consulta con magistrados del fuero penal). En la oficina del presidente del alto tribunal, Daniel Posse, comentaron ayer que por el Ministerio Público Fiscal participará su titular, Edmundo Jiménez, mientras que el fiscal Jorge Carrasco hará las veces de sustituto. Aunque en la Corte no registraban la presentación de las notas correspondientes, voceros de los colegios de abogados manifestaron este martes que habían enviado sus respuestas durante la semana pasada. La entidad del Sur estará representada por su presidente, Ángel Fara, y por el secretario Cristian Fernández (suplente), según dijo este último. El presidente del Colegio de la Capital, Marcelo Billone, explicó que esa institución nombró a los letrados Arnaldo Ahumada y Diego Lammoglia (suplente).
“Estamos siguiendo este tema y a la brevedad comunicaremos quiénes serán nuestros representantes”, explicó ayer Fernando Juri, legislador oficialista y presidente subrogante de la Legislatura. Tanto el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, como la secretaria del área, Carolina Vargas Aignasse, comentaron por su parte que ya había nombres definidos y que sólo faltaba formalizar la decisión. El Poder Ejecutivo dispone de tres sillas titulares y de dos suplentes. La Legislatura, que creó la comisión especial en el ámbito de la Corte, se reservó para sí cinco espacios titulares y dos suplentes. En total, el equipo tiene 22 miembros.
En abril y al presentar un informe a los legisladores de lo hecho hasta el presente en pos de la implementación del proceso penal renovado, Posse se comprometió públicamente a convocar el comité cuya función general es colaborar al alto tribunal en la tarea pendiente, que es compleja y exige previsiones significativas, como la articulación del Ministerio Público de la Defensa con un superior propio, que el Gobierno debe designar. Pero también ha de garantizar el acceso a la información sobre los avances de la implementación. Con críticas hacia la Corte por el manejo de los preparativos, la Legislatura estableció que el nuevo Código comience a regir en febrero en toda la provincia. Pero Juri admitió el viernes que se trataba de un objetivo difícil, y que lo más probable es que la aplicación del sistema comience por el sur y luego, gradualmente, se extienda a la capital.
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