15 Mayo 2018
El recinto de la Legislatura levantará temperatura hoy, a partir de las 8.30, cuando dé inicio una sesión que tiene al menos 16 proyectos de ley en el orden del día.
Entre las iniciativas que prometen polémica está la enviada en abril pasado por el gobernador, Juan Luis Manzur, en la que solicita al cuerpo legislativo la puesta en vigencia -durante al menos dos años- del estado de emergencia en transporte público en Tucumán.
La propuesta, que cuenta con dictámenes favorables de las comisiones de Transporte y de Hacienda, fija un monto máximo de hasta $20 millones mensuales, que saldrán del Tesoro de la Provincia directamente hacia la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). El organismo encabezado por Daniel Orell se encargará de la distribución de los recursos entre las diferentes líneas urbanas e interurbanas, según las necesidades del sector. A cambio, Aetat acordó con el Gobierno provincial que no habrá despidos ni suspensiones en el personal de este rubro.
Desde la oposición ya anticiparon voces críticas hacia esta iniciativa. Los radicales Eudoro Aráoz y Rubén Chebaia, por caso, aportaron un proyecto que apunta a la creación de un comité investigador del estado de situación del transporte público en Tucumán. “La problemática (del sector) es multicausal y no se agota en una cuestión tarifaria ni se soluciona con la declaración de emergencia, sino que obedece a diferentes factores. Estos, por su incidencia en la prestación de dicho servicio, hacen necesario el estudio de esta la problemática en forma integral”, plantearon los dirigentes de la UCR.
En la actualidad, buena parte de las firmas que integran Aetat reciben subsidios del Gobierno nacional. En lo que va de 2018, el monto global girado por el Ministerio de Transporte de la Nación aportó $478 millones a los empresarios entre enero y abril pasados.
Otros dos proyectos para incrementar los máximos para compras sin licitación agitarán las aguas en la sede de Muñecas 951.
Por un lado, se debatirá la propuesta -también de Manzur- de triplicar el tope de contrataciones directas del Ente de Infraestructura Comunitaria. El monto pasará de $150.000 a $450.000. Por el otro, se fijarán nuevos valores para esas operaciones en las comunas rurales. Las compras y contrataciones directas pasarán de los $8.000 vigentes a un tope de $24.500; las convocatorias de concurso de precios crecerán de $20.000 a $61.400; las licitaciones privadas, de $30.000 a $92.100.
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