Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios

Con miras a las elecciones de diciembre, la camarista Malvina Seguí promovió una acción urgente para excluir a los socios adherentes incorporados antes de que rigiera el nuevo estatuto; se suma a los reclamos contables de los jueces Iacono y Ortega.

La polémica se instaló en Tribunales, ahora por las elecciones en la AMT FOTO LA GACETA / Diego Aráoz.
La polémica se instaló en Tribunales, ahora por las elecciones en la AMT FOTO LA GACETA / Diego Aráoz.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero 17 Octubre 2026

Resumen para apurados

  • En Tucumán, la jueza Malvina Seguí presentó un amparo para suspender las elecciones de la Asociación de Magistrados por la inclusión indebida de socios adherentes.
  • La acción judicial exige aplicar el nuevo estatuto y se suma a las denuncias contables impulsadas previamente por los jueces Iacono y Ortega contra la conducción.
  • La resolución judicial definirá la validez del padrón de votantes y podría postergar la renovación de autoridades dentro del Poder Judicial provincial.
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La polémica institucional que atraviesa a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) tiene un nuevo frente judicial que apunta de lleno al corazón político de la entidad: la elección de sus futuras autoridades. A las disputas por la rendición de cuentas de los balances anuales se sumó una acción de amparo electoral con pedido de medida cautelar urgente promovida por la vocal de la Cámara de Apelación del Trabajo del Centro Judicial Concepción, Malvina Seguí, quien anunció su voluntad de postularse a la presidencia de la institución y denunció una maniobra de la actual conducción para alterar de manera ilegítima el padrón de votantes.

Tras el ingreso del planteo y la inmediata inhibición del juez en lo Civil y Comercial Común de la XIII° Nominación, Raúl Tejerizo, por revestir la condición de socio activo de la entidad demandada, el expediente fue sorteado nuevamente en Mesa de Entradas y quedó radicado en el despacho del juez Camilo Appas.  

Con la representación legal del abogado Eduardo Eugenio Racedo, la camarista dirigió su demanda contra la AMT -presidida por Marcela Ruiz, actualmente de licencia- con el objetivo de que la Justicia ordene suspender de inmediato cualquier acto del cronograma electoral para los comicios que deben celebrarse en la primera quincena de diciembre de 2026. El nudo de la controversia radica en la situación de unos 50 funcionarios judiciales que fueron admitidos de hecho como “socios adherentes” a partir de fines de 2021, a quienes la Comisión Directiva pretende habilitar para sufragar e integrar listas computándoles la antigüedad desde aquel ingreso informal y no desde el 31 de octubre de 2025, fecha en la que recién fue publicada en el Boletín Oficial y entró en vigencia la reforma del estatuto que creó formalmente esa categoría, advirtió la camarista.  

Según expuso Seguí en su escrito, los artículos 8 y 37 del texto reformado exigen a los socios adherentes un período de cuatro años consecutivos de pertenencia activa para adquirir derechos políticos, mientras que el artículo 40 -ubicado en las disposiciones transitorias- establece de modo expreso que el nuevo estatuto “sustituye en todas sus partes al que regía hasta el presente y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa autorización de la Dirección de Personas Jurídicas”. Bajo esa regla normativa, avalada por un dictamen de la Asesoría Letrada del organismo de contralor en el expediente N° 2697-211-2026, la magistrada sostuvo que ningún funcionario adherente puede reunir los cuatro años de antigüedad antes del 31 de octubre de 2029, ya que resulta jurídicamente inviable acumular tiempo en una categoría societaria antes de que exista la norma que la crea.  

El impacto numérico de la discusión resulta determinante para definir el poder interno en los tribunales. De acuerdo con los listados remitidos por la propia entidad, el padrón regular de la AMT -compuesto por jueces, fiscales y defensores en actividad y jubilados- ronda los 200 electores, por lo que la inclusión de unos 50 funcionarios representa una alteración superior al 20% del cuerpo electoral total.

En su presentación, la camarista aclaró que está de acuerdo con la incorporación de los funcionarios y que valora su tarea en la administración de justicia, pero expresó que desea “que no sean rehenes de nadie, o que resulten atrapados en una controversia que no han creado”, remarcando que es irrenunciable el derecho a competir con “padrones correctamente confeccionados, sin manipulación de ningún tipo en su elaboración, incluso intelectual”.  

El camino al amparo y la advertencia de intervención

Antes de acudir a los tribunales civiles, la discusión por el padrón generó un intenso intercambio de notas internas. Ya en marzo y abril de 2026 las juezas Ana María Iacono y Marcela Tejeda habían pedido precisiones sobre la situacion de los funcionarios, reclamo que fue reiterado en agosto y septiembre por el juez penal de Impugnación Edgardo Leonardo Sánchez. Ante las contestaciones elusivas de la directiva, el 25 de septiembre Seguí notificó formalmente su intención de ser candidata a presidenta y exigió definiciones sobre el criterio de cómputo. La respuesta oficial llegó el 9 de octubre con la firma digital del vicepresidente en ejercicio, Jorge Jakobsen, quien comunicó que a los funcionarios incorporados tras la asamblea de 2021 “el plazo deberá computarse desde la fecha de su incorporación efectiva, siempre que ésta se encuentre acreditada en los registros institucionales”, habilitándolos así para votar en diciembre.  

Para contrarrestar esa decisión, el amparo solicita que se dicte en el día una medida cautelar de no innovar que ordene a la AMT abstenerse de iniciar o continuar el proceso eleccionario -cuya convocatoria debe lanzarse con al menos 30 días de anticipación al vencimiento de los mandatos, fijado de manera improrrogable para el 15 de diciembre de 2026 tras el proceso de reorganización que atravesó la entidad en 2024- y excluir a los socios adherentes de los padrones provisorios y definitivos. Además, Seguí dejó planteada una reserva de alto voltaje institucional: advirtió que, si la demora en resolver el pleito provocara el vencimiento de los actuales mandatos, requerirá “la intervención judicial de la A.M.T., que por ser la única responsable de la situación que lesiona nuestros derechos electorales, no puede resultar jamás beneficiaria de una prórroga de mandato causada por su acción”.  

El trámite del expediente dejó en evidencia, una vez más, la incomodidad procesal que generan los litigios contra la corporación de los propios jueces. En su escrito, la actora pidió que las excusaciones se evalúen con criterio restrictivo para evitar tratos diferenciales y señaló la delicada situación de que entre las autoridades de la AMT figuran miembros de la Cámara Civil y Comercial Común, que actúa como tribunal de alzada. Pese a ello, apenas recibió las actuaciones el 15 de octubre, el juez Tejerizo se apartó de la causa: “Advierto que el presente amparo entablado por la Sra. Vocal de la Cámara de Apelación del Trabajo del Centro Judicial Concepción, actora en autos, Dra. Malvina María Seguí, lo es en contra de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial -AMT-, entidad de la que soy miembro activo en calidad de asociado, conforme surge de la propia documental adjuntada con la demanda”. Tras invocar el artículo 111 inciso 4° del código ritual, el magistrado remitió los autos a sorteo, recayendo el caso en el juzgado de Appas.  

Los frentes contables: de la inspección de Yamúss a los reclamos de Ortega

La embestida electoral de Seguí se acopla al complejo escenario judicial que ya enfrenta la conducción asociativa por el manejo de sus fondos. El expediente principal se inició el 22 de julio pasado, cuando la jueza Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Ana María Iacono, demandó la nulidad de la asamblea del 23 de abril de 2026 tras denunciar que se le impidió revisar los comprobantes de gastos antes de que se aprobara el balance 2025 a “libro cerrado”. En esa causa, el juez Pedro Yane Mana dictó el 2 de octubre una medida cautelar intimando a la entidad a presentar en 48 horas toda la documentación contable de 2025 bajo apercibimiento de secuestro, lo que motivó que la directiva presidida interinamente por Jakobsen entregara papeles sin inventario, interpusiera un recurso de revocatoria alegando que el control es orgánico a través de la Comisión Revisora de Cuentas y recusara sin causa -y en subsidio con causa- al magistrado por haber participado y votado en la asamblea cuestionada.  

Tras el apartamiento de Yane Mana y una seguidilla de inhibiciones, aquel expediente quedó a cargo de la jueza de la XI° Nominación, Inés Yamúss. El martes 13 de octubre, aceptando el ofrecimiento de compulsa en el lugar formulado por la propia AMT, Yamúss encabezó una inspección ocular en la sede del primer piso de Tribunales donde constató la existencia de biblioratos con facturas de medicina prepaga (OSDE y Swiss Medical) a nombre de la entidad con anexos de personas físicas, planillas de Excel sin membrete con agregados a mano, un libro de Bancos en blanco desde mayo de 2017 y una carpeta con comprobantes sueltos que incluía desde pagos millonarios por congresos y máquinas expendedoras hasta un recibo sin membrete por $6 millones en concepto de “100 tarjetas a comer con pollo relleno”.  

En paralelo a los planteos de Iacono y Seguí -quienes incluso adjuntaron en el nuevo amparo más de 40 fojas de observaciones formuladas por Personas Jurídicas al legajo de la entidad entre 2021 y 2025-, continúa latente el reclamo extrajudicial impulsado por el juez penal Gonzalo Ortega sobre el balance 2024. A través de sucesivas cartas documento y notas presentadas entre mayo y agosto de este año, Ortega exigió explicaciones como ex socio aportante por erogaciones de $22,7 millones en comestibles y cafetería, pagos millonarios en obras sociales y farmacias, transferencias a la UNSTA por $7,6 millones y presuntas irregularidades de mandato entre 2022 y 2024; planteos que la directiva rechazó de plano sosteniendo que la desafiliación extingue el derecho de contralor y que la ley prohíbe divulgar datos sensibles de terceros. Con el expediente contable bajo el análisis de Yamúss y el amparo electoral en manos de Appas, el futuro institucional y político de la entidad que nuclea a los magistrados tucumanos ha quedado íntegramente depositado en la decisión de sus propios estrados.

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