Un opositor exige acceso a los datos públicos

Pone pretextos y trabas, y obstruye. Estos verbos utilizó el legislador Eudoro Aráoz (UCR) para describir la posición reticente del Gobierno de Tucumán respecto del acceso a la información pública. “No hemos logrado sancionar una ley propia o adherir a la nacional porque el oficialismo se niega a ello sistemáticamente”, dijo en un texto que envió a LA GACETA.

Aráoz consignó que la renuencia de los gobernantes quedaba a la vista en la tramitación de las causas relativas a los gastos sociales legislativos. Detalló: “he promovido un amparo para conocer el destino dado a los millonarios gastos sociales que la Legislatura erogó en el año electoral 2015 por alrededor de $ 615 millones (unos 25 millones de dólares). El oficialismo provincial entendió el impacto que tendría en el pueblo tucumano el conocimiento del uso dado a esos fondos y las derivaciones penales que podría originar, y es por eso que, transcurridos más de dos años de juicio (en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo), aún no se puede dictar sentencia a causa de la sistemática obstrucción y de los dilatorios planteos (más de 20) que han articulado la Fiscalía de Estado y la propia Legislatura”.

Aráoz manifestó que urgía poner a Tucumán a la altura de las numerosas jurisdicciones del país donde rigen normas de acceso a los datos relativos a la actividad estatal. “La Ley Nacional 27.275, por ejemplo, establece sanciones para el funcionario público que en forma arbitraria obstruya el acceso a la información solicitada. Esto tiende a garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública”, comparó. El legislador radical comentó que, en el presente, los tucumanos que querían saber los detalles de la actividad estatal que el oficialismo se niega a divulgar debían “peregrinar” en la Justicia.

“El derecho que todo ciudadano tiene a acceder a la información pública se sustenta y emerge directamente no sólo de las primeras manifestaciones de nuestros antepasados (recordemos que el pueblo quiere saber de qué se trata desde el 25 de Mayo de 1810), sino, esencialmente, del sistema republicano y de nuestra Constitución, y no puede ser denegado so pretexto de la ausencia de una ley local que reglamente dicho acceso”, acotó Aráoz. Y convocó a toda la ciudadanía a unirse a este reclamo de rendición de cuentas: “sin dudas, Tucumán necesita dar pasos y señales que redunden en un mejor funcionamiento institucional, en una mayor transparencia y en una menor corrupción”.