Dialogaron sobre seguridad en la Corte, pero quedaron dudas

Autoridades legislativas presentaron a los vocales el plan para endurecer la prisión preventiva.

09 Mar 2018
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DIÁLOGO POR LA SEGURIDAD. Gandur, Sbdar (atrás, la funcionaria Gollán), García, Ruiz Olivares, Juri, Jaldo y Posse este jueves en la Corte Suprema local. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO

La Legislatura y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán comparten la preocupación por la inseguridad. Tanto el vicegobernador Osvaldo Jaldo como el presidente del alto tribunal, Daniel Posse, coincidieron en que es necesario ofrecer una respuesta institucional coordinada al principal problema de la provincia. Pero la reunión que las autoridades legislativas y judiciales mantuvieron ayer dejó dudas sobre qué caminos seguir para llegar al objetivo anhelado, en parte porque, sin pronunciarse explícitamente, la Corte dio a entender que el plan para endurecer la aplicación de la prisión preventiva podría ser blanco de eventuales planteos de inconstitucionalidad.

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“Obviamente no podemos evaluar la competencia que la Legislatura tiene para sancionar las leyes que considere necesarias. Como poder del Estado, dispone de las facultades para producir los cambios que juzgue correctos. No sabemos si estos serán beneficiosos o no. Y en su debido momento analizaremos si se ajustan a la Constitución”, dijo Posse después de la reunión en el Palacio de Justicia que se extendió durante más de 45 minutos. Participaron los vocales Posse, Antonio Gandur y Claudia Sbdar; el vicegobernador Jaldo y la mesa de conducción de la Legislatura: el presidente subrogante Fernando Juri (PJ), y los vicepresidentes Juan Antonio Ruiz Olivares (PJ) y Ariel García (UCR).

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Sobre la mesa de la Sala de Acuerdos los representantes del pueblo colocaron la propuesta del ministro público fiscal Edmundo Jiménez, quien pretende que una reforma al Código Procesal Penal permita a los jueces aplicar el régimen de prisión preventiva a los motoarrebatadores, los escruchantes y los rompevidrios (robos cometidos con motocicletas, en casas o mediante la rotura de los cristales de los autos). Estos delitos están sancionados en el Código Penal con penas de prisión que van de un mes a seis años. Como la prisión preventiva tiene un máximo de 24 meses, podría darse la circunstancia de que la Justicia aplique a un ladrón una pena más corta que la que purgó provisoriamente durante la etapa previa a la sentencia. Pero la detención in fraganti genera una reducción de la sanción por la tentativa. El hurto (sin fuerza en las cosas o violencia física en las personas) es reprimido con penas de prisión de un mes a dos años. Además, la ley establece que la privación de la libertad durante el proceso procede sólo cuando hay peligro de fuga o de obstrucción de la Justicia.

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El problema tiene aristas múltiples y algunas de ellas salieron en la reunión de ayer, como que Tucumán no dispone de lugares de encarcelamiento apropiados, y que ello ha sido advertido por la Corte en la resolución de un hábeas corpus correctivo y colectivo en 2016. Por otro lado se planteó el fenómeno de “la puerta giratoria” y alternativas de la especie de las pulseras electrónicas. También hay un Código Procesal Penal nuevo, que aún no ha sido puesto marcha: ese digesto busca acelerar el tránsito hacia la sentencia de fondo. En paralelo corren los tratados internacionales y las cláusulas constitucionales que obligan al Estado a respetar la presunción de inocencia y los derechos humanos. Y más allá de ello, el aumento de la delincuencia encuentra a la Justicia de Tucumán raquítica de jueces.

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“Los tres poderes somos responsables”, dijeron por separado Juri, García y Jaldo antes de retirarse. García enfatizó que había que trabajar en la prevención del delito. El vicegobernador ratificó que la Corte no podía adelantar una opinión sobre la posibilidad de endurecer la prisión preventiva porque en algún momento deberá fallar a favor o en contra. “Los vocales sí concuerdan en que estas nuevas modalidades delictivas están en expansión, y en que hay que hacer algo”, insistió.

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Jaldo prometió que iban a evaluar los problemas de implementación del nuevo Código Procesal Penal sancionado en 2016. Cuando este diario le preguntó por qué se buscaba ampliar la prisión preventiva y no acortar los procesos para atacar la impunidad, el vicegobernador respondió que había una situación de emergencia. “Yo entiendo que hay que conseguir que el delincuente no salga de inmediato (de la cárcel). En una detención con un plazo de 10 días no se puede sacar un fallo. Habría que preguntar al Poder Judicial, pero, por lo menos que yo conozca, no hay antecedentes. Generalmente los que pillamos son reincidentes y están en la calle”, explicó. En cuanto al colapso de los lugares de detención, Jaldo dijo: “hay que poner todo en la balanza. Tenemos una sociedad que tiene miedo y cárceles llenas, pero debemos tomar decisiones”.

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