11 Enero 2018
Donald Trump. FOTO TOMADA DE CLARÍN.
Un juez de Estados Unidos le ordenó al presidente Donald Trump reactivar parcialmente el plan migratorio para ñiños Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) y que siga la recepción de solicitudes de jóvenes indocumentados que quieren frenar su deportación, hasta que se hayan resuelto todos los aspectos legales pendientes en diferentes tribunales del país.
El magistrado William Alsup, de la corte del distrito norte de California, emitió su decisión, en la que califica de “arbitraria y caprichosa” la determinación que Trump tomó en septiembre de 2017 para acabar con el DACA y dar al Congreso plazo hasta el 5 de marzo para solucionar la situación de sus beneficiarios.
El plan DACA fue promulgado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, y protegió de la deportación y otorgó un permiso de trabajo temporal a unos 690.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. En el país son conocidos como “soñadores” (“dreamers”).
“Daño irreparable”
En el fallo emitido ayer, el juez Alsup considera que el gobierno de Trump tiene la obligación de volver a aceptar las solicitudes de renovación a DACA por parte de aquellos individuos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que ahora se están quedando sin protección.
Sin embargo, el magistrado no le pide a la Casa Blanca que acepte nuevas solicitudes por parte de jóvenes que nunca antes se habían inscrito en el programa DACA, por lo que se considera que la reactivación ordenada judicialmente es solamente parcial.
El juez Alsup hace esta distinción porque considera que los demandantes, entre los que se encuentra la Universidad de California, consiguieron demostrar que los beneficiarios de DACA, sus familias, sus escuelas y sus comunidades sufrirían un “daño irreparable” si la extinción del programa sigue adelante.
Con el fin de evitar ese daño, el juez ordenó a Trump mantener parcialmente vivo el programa hasta que haya una solución definitiva en todos los litigios pendientes sobre DACA.
Entre esos casos se encuentra, por ejemplo, la demanda que interpusieron el 11 de septiembre pasado de manera conjunta los estados de California, Maryland, Maine y Minnesota, que albergan en total a 238.000 “soñadores”.
Esos estados alegan que el fin de DACA perturbará la vida de sus habitantes, provocará grandes daños a sus economías y ocasionará pérdidas a sus compañías, universidades y centros de investigación que dan empleo a los jóvenes indocumentados, pues con el fin del programa ya no podrían trabajar legalmente.
La decisión adoptada por Alsup, que fue nombrado para su puesto en 1999 por el presidente Bill Clinton, tiene carácter temporal y es probable que el Ejecutivo interponga un recurso. (Télam)
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