Dos funcionarios quedan detenidos por el crimen del preso que denunció venta de drogas en el penal

A los arrestados les imputan haber elaborado el plan que acabó con la vida del recluso que había acusado a los guardiacárceles. Un tercer procesado aportó datos clave.

27 Dic 2017
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TENSA ESPERA. Los funcionarios, defensores y allegados aguardaron durante horas para declarar ante la fiscala.

Llegaron puntuales, a las 8.30. Ingresaron a los tribunales penales por la puerta principal y recorrieron la galería que conduce hasta la Fiscalía VIII. Después de que sus abogados se anunciaran se ubicaron en los bancos de cemento del patio. Aguardaron tomando mate y dialogando, y prefirieron no hablar con la prensa. Luego de horas de espera, los cuatro funcionarios de Institutos Penales declararon. Sólo dos de ellos volvieron a sus casas, los otros dos quedaron detenidos por el crimen del preso Sebastián Medina.

La víctima, de 31 años, fue atacado por Alejandro “Pichi” Mendoza el miércoles 22 de noviembre en el patio de recreo del Anexo 1 de la cárcel. Medina y un compañero (su nombre se mantiene en reserva), luego de haber denunciado la venta de marihuana, cocaína y psicofármacos en la cárcel, fueron trasladados a la seccional 7ª por cuestiones de seguridad.

El domingo 19, sin que se conocieran fehacientemente los motivos y sin ninguna orden judicial, los denunciantes fueron trasladados a Villa Urquiza y en el traslado habrían recibido una feroz golpiza. La víctima, ni bien pudo, habló con sus familiares para denunciar lo que estaba pasando y que estaba seguro que lo matarían. Sus sospechas se confirmaron dos días después.

La fiscala Adriana Giannoni sumó indicios suficientes para imputar a los funcionarios. Por ejemplo, al director de Institutos Penales, Guillermo Snaider, lo acusó de desobediencia judicial (no acató la orden de proteger a Medina y a su compañero tal como lo había ordenado Roberto Guyot, juez de Ejecución y Sentencias) y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que se considera que no investigó la tortura que sufrió Medina antes de ser asesinado. Si llega a ser encontrado culpable en un juicio, podría recibir una condena de hasta 10 años.

La situación de Walter Pato, del Departamento Personal de la cárcel, y de José Fernando Cisterna, responsables de la Unidad I y II del penal, es completamente diferente. Según fuentes judiciales, ambos fueron imputados por haber elaborado un plan que terminó con el homicidio del recluso denunciante. La fiscala pidió la detención de ambos, ya que según su hipótesis, tuvieron alguna participación en el homicidio que fue perpetrado por “Pichi” Mendoza.

En tanto que Claudio González, el oficial que estaba a cargo de los presos que se encuentran alojados en las diferentes seccionales de la policía, fue imputado por falsedad ideológica, ya que la investigadora considera que el falseó todas las actas que se hicieron para justificar el traslado de los dos reclusos que realizaron la denuncia ante la Justicia Federal. Este último imputado, según informaron fuentes tribunalicias, habría admitido ante Giannoni algunas irregularidades y que hasta habría hecho todo por pedido expreso de sus superiores.

“Aquí hay un problema. Hay una funcionaria judicial que asegura que ella no dio ninguna orden para que los reclusos sean trasladados al penal, pero tenemos pruebas de que ella no está diciendo la verdad”, aseguró Manuel Pedernera, defensor de Pato.

El profesional se apuró en aclarar que el juzgado de Ejecución y Sentencias estaba perfectamente al tanto del traslado. “Hasta enviaron a dos empleados para que realizaran las averiguaciones pertinentes. Eso está documentado”, explicó Pedernera en una charla con LA GACETA.

Al cierre de esta edición, los acusados se encontraban detenidos en Tribunales y esperaban que un juez convalide el pedido de detención de ambos. Si llegara a confirmarse esa medida, serán alojados en el cuartel de Bomberos de la Policía. Giannoni deberá resolver su situación procesal hasta el viernes o, en su defecto, la fiscalía que esté de feria.

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