El personal trainer y secretario judicial, ante otra pericia caligráfica

La pesquisa ingresa en una fase definitoria.

29 Sep 2017
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Rodolfo Enrique Neufeld prestó declaración indagatoria como imputado en la investigación penal que procura esclarecer si cometió delitos al trabajar en simultáneo en el Poder Judicial y en el gimnasio Altos de Urquiza durante una década. El secretario y personal trainer se abstuvo de dar explicaciones en la audiencia celebrada este mes, según fuentes de la Fiscalía de Instrucción N°8 que encabeza Adriana Giannoni. En esa ocasión, el Ministerio Público tomó muestras de la escritura del acusado a los fines de la ejecución de otra peritación caligráfica. La primera prueba de este tipo fue practicada en el ámbito del sumario administrativo interno que abrió la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y arrojó resultados comprometedores para Neufeld.

La Fiscalía N°8 aguarda las conclusiones del estudio de las firmas y de los textos de las cédulas de notificación recopiladas en el expediente para definir si requiere el juicio oral del jefe de los oficiales notificadores y entrenador, o si amplía o archiva la pesquisa. La definición sería inminente. Giannoni abrió de oficio la investigación con la hipótesis de que Neufeld habría incurrido en un fraude contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario, imputación provisoria que, en función de los hallazgos de la peritación, podría incluir la falsificación de instrumentos públicos.

“No tengo que hacer ninguna clase de comentario”, dijo el imputado este jueves durante un diálogo telefónico. Neufeld, que sigue al mando de la Oficina de Oficiales Notificadores de los Tribunales de esta ciudad, nunca accedió a hablar sobre su caso con la prensa. Hasta esta semana, la comunicación era canalizada por intermedio del abogado laboralista Diego Courel, pero este informó que ya cesó su relación profesional con el personal trainer judicial.

Impacto recíproco

La causa penal comenzó en julio, luego de que este diario diese a conocer que la Sala VI de la Cámara del Trabajo de la capital había rechazado la indemnización de $ 258.522 más intereses que Neufeld reclamaba a Altos de Urquiza. En ese fallo del 13 de junio, las camaristas María Poliche de Sobre Casas y Beatriz Bisdorff expusieron la “grave incompatibilidad horaria y funcional” del secretario, y comunicaron la situación a la Corte “a los fines que correspondiese”. Esta sentencia inédita -por las circunstancias que narra- quedó firme ayer (se informa por separado).

En paralelo, Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia de la Corte, sustancia el sumario que podría derivar en sanciones disciplinarias -la de máxima gravedad es la expulsión o cesantía-. En esa órbita, Neufeld impugnó la peritación confeccionada a partir de cédulas proporcionadas por él; la Oficina de Oficiales Notificadores y la Secretaría Judicial de la Corte, y publicadas en LA GACETA. A comienzos de esta semana no había todavía una posición tomada sobre los reparos que el funcionario y personal trainer formuló contra el trabajo del perito Julio César Mendoza. Ese estudio caligráfico concluyó que alguien se hizo pasar por Neufeld y estampó firmas en al menos tres de las 23 cédulas de notificaciones analizadas. Un buen número de las cédulas atribuidas al “entrenador judicial” fueron diligenciadas en el horario matutino en el que este había dicho que estaba en Altos de Urquiza, según el fallo de Poliche de Sobre Casas y de Bisdorff.

Aunque en el capítulo de cargos Blanco precisó que la tramitación de la investigación en la Fiscalía N°8 no obstaba al desarrollo del sumario, es posible que la pesquisa penal influya en la administrativa y viceversa, según cuál termine primero. Sobre estas también podría pesar el hecho de que, al no recurrir la sentencia de la Sala VI, quedaron tácitamente consentidos sus reproches y críticas.

Neufeld consiente el fallo que cuestiona su accionar
Ayer a las 9 venció el plazo para recurrir el fallo de la Sala VI de la Cámara del Trabajo que expuso la “grave incompatibilidad horaria y funcional” de Rodolfo Enrique Neufeld, quien entre 2005 y 2015 trabajó al mismo tiempo en Tribunales y en el gimnasio Altos de Urquiza. Al no cuestionarla, Neufeld consintió los términos críticos de la sentencia del 13 de junio que rubricaron las camaristas María Poliche de Sobre Casas y Beatriz Bisdorff. La difusión de este pronunciamiento inusual, que negó la indemnización pretendida por el funcionario judicial y personal trainer, dio pie a la apertura de un sumario administrativo y de una investigación penal (se informa por separado).
Pese a que había dado señales de que iba a pedir la revisión del fallo de la Cámara del Trabajo en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Neufeld y su abogado, Diego Courel, finalmente desistieron de intentar esa vía y retiraron la solicitud de aclaración de los fundamentos de la incompatibilidad detectada que, en los hechos, suspendía los plazos a los efectos del recurso de casación (Courel manifestó este jueves que cesó su actuación profesional). La finalización de ese juicio incide sobre los procesos administrativo y penal, sobre todo por las contradicciones existentes entre los distintos casos. Ocurre que, al prestar declaración en el sumario, Neufeld modificó la versión sobre horarios de trabajo que había dado durante el pleito laboral -y corroborado mediante testigos de afuera y de adentro de la Justicia-, y atribuyó la imprecisión a su ex letrado, Martín Picón. El cambio de versión tuvo lugar luego de que se publicaran cédulas que indicaban que Neufeld practicó notificaciones a la mañana, es decir, cuando debía estar trabajando en el gimnasio.
El personal trainer y funcionario ingresó a Tribunales en 2005 a partir de una designación discrecional de la Corte. Luego, el alto tribunal lo ascendió cinco veces entre 2011 y 2017, y lo confirmó en el cargo actual (secretario judicial “A” con un sueldo básico de $ 51.618) sin siquiera esperar a que se cumpliera el plazo del interinato -un año- que el mismo cuerpo había establecido. La confirmación consta en la Acordada 615/17, que fue emitida 23 días antes que saliese la sentencia de la Sala VI con las firmas de los vocales Antonio Gandur, René Goane, Claudia Sbdar y Daniel Posse (Antonio Estofán estaba de licencia). 


Neufeld consiente el fallo de la Justicia laboral que cuestiona su accionar

Ayer a las 9 venció el plazo para recurrir el fallo de la Sala VI de la Cámara del Trabajo que expuso la “grave incompatibilidad horaria y funcional” de Rodolfo Enrique Neufeld, quien entre 2005 y 2015 trabajó al mismo tiempo en Tribunales y en el gimnasio Altos de Urquiza. Al no cuestionarla, Neufeld consintió los términos críticos de la sentencia del 13 de junio que rubricaron las camaristas María Poliche de Sobre Casas y Beatriz Bisdorff. La difusión de este pronunciamiento inusual, que negó la indemnización pretendida por el funcionario judicial y personal trainer, dio pie a la apertura de un sumario administrativo y de una investigación penal (se informa por separado).

Pese a que había dado señales de que iba a pedir la revisión del fallo de la Cámara del Trabajo en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Neufeld y su abogado, Diego Courel, finalmente desistieron de intentar esa vía y retiraron la solicitud de aclaración de los fundamentos de la incompatibilidad detectada que, en los hechos, suspendía los plazos a los efectos del recurso de casación (Courel manifestó este jueves que cesó su actuación profesional). La finalización de ese juicio incide sobre los procesos administrativo y penal, sobre todo por las contradicciones existentes entre los distintos casos. Ocurre que, al prestar declaración en el sumario, Neufeld modificó la versión sobre horarios de trabajo que había dado durante el pleito laboral -y corroborado mediante testigos de afuera y de adentro de la Justicia-, y atribuyó la imprecisión a su ex letrado, Martín Picón. El cambio de versión tuvo lugar luego de que se publicaran cédulas que indicaban que Neufeld practicó notificaciones a la mañana, es decir, cuando debía estar trabajando en el gimnasio.

El personal trainer y funcionario ingresó a Tribunales en 2005 a partir de una designación discrecional de la Corte. Luego, el alto tribunal lo ascendió cinco veces entre 2011 y 2017, y lo confirmó en el cargo actual (secretario judicial “A” con un sueldo básico de $ 51.618) sin siquiera esperar a que se cumpliera el plazo del interinato -un año- que el mismo cuerpo había establecido. La confirmación consta en la Acordada 615/17, que fue emitida 23 días antes que saliese la sentencia de la Sala VI con las firmas de los vocales Antonio Gandur, René Goane, Claudia Sbdar y Daniel Posse (Antonio Estofán estaba de licencia). 

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