Un camarista se pone a litigar y afirma que un juez fue parcial

El vocal Moisá, vecino de “La Arboleda”, recusó al magistrado Pérez

23 Sep 2017

La disputa del consorcio del country “La Arboleda” dio un giro impensado. Benjamín Moisá, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial de esta capital, decidió involucrarse como abogado de su esposa y socia del consorcio, María del Rosario Terán Nougués. En ese carácter, los cónyuges recusaron por prevaricato y parcialidad manifiesta a un juez de primera instancia de su fuero, Pedro Pérez (N°8). Como consecuencia de este planteo, el caso subió al tribunal que integra Moisá e ingresó en la Sala III. Componen ese estrado los camaristas Raúl Bejas, Carlos Ibáñez y Alberto Acosta.

En un escrito con membrete del Estudio Jurídico Moisá y Asociados, Moisá dijo que litigaba por derecho propio en función del artículo 4 de la Ley 5.233, y del artículo 60 del Código Procesal Civil y Comercial Común. El planteo sostiene que Pérez debe apartarse del proceso porque había cometido el delito de prevaricato (dictar a sabiendas una resolución injusta) al tener al vecino Rodrigo Arias por designado como titular del consorcio. “Pérez se ha convertido en partícipe necesario de todos los delitos cometidos y que cometiere Arias en la falsa condición de presidente-administrador del country que le reconoció en la sentencia del 28 de agosto”, apunta. En dicha resolución, Pérez había ordenado que Arias tomara efectiva posesión del cargo. Pero, según Terán Nougués y Moisá, el fallo se funda en un hecho inexistente: la designación de Arias.

El juez civil N°8 había considerado que el desistimiento de la impugnación del primer administrador, Gonzalo Romero Monte, daba vigencia a lo decidido en la asamblea del 24 de mayo. “Más allá de su nulidad absoluta, esa asamblea jamás designó a Arias ni podía hacerlo, como consta en el acta notarial que cita Pérez. Ese cuerpo sólo propuso a Arias, y el juez no podía desconocer que ‘proponer’ y ‘designar’ son dos cosas muy distintas”, agregaron los impugnantes. El “camarista litigante” y su esposa recordaron que, por el estatuto, sólo los socios fundadores y el fideicomiso fundador podían nombrar al presidente. Y deslizaron que Pérez había sucumbido a la presión de un sector del barrio.

El juez recusado fue consultado ayer, pero no hizo comentarios. Sí trascendió que había calificado su actuación como recta, justa, y leal, y considerado irrelevante la diferencia entre “proponer” y “designar”. Pérez habría ratificado que, por el levantamiento de una medida cautelar favorable a Romero Monte, correspondía que Arias asumiera como titular del consorcio.

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