Controlan las cuentas de la Provincia

En el marco del Plan de Financiamiento Ordenado (PFO), la gestión del gobernador José Alperovich se someterá a una auditoría en las cuentas públicas. Entre mañana y el viernes, los técnicos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias revisarán el cumplimiento de las metas acordadas entre los Gobiernos federal y provincial.
Los funcionarios nacionales efectuarán un detallado análisis sobre la situación del gasto público, el nivel de ingresos y el resultado obtenido por la Provincia durante el primer trimestre del año. Además, estudiarán la evolución de la deuda pública que, según los cálculos oficiales, llega a $ 3.000 millones.

Las pautas acordadas
El Gobierno nacional se comprometió a girar a Tucumán durante todo 2004 unos $ 110 millones para atender el pago de los intereses de parte de la deuda pública y para financiar el déficit. Hasta ahora, el Ministerio de Economía de la Nación desembolsó $ 18 millones y para mayo se prevé que no hayan aportes financieros extras.
Del pacto rubricado el 23 de diciembre pasado, sólo resta presentarle a la administración nacional el presupuesto plurianual de la Provincia. Tiene plazo hasta fines de junio para elevar al Palacio de Hacienda las proyecciones fiscales para los próximos dos años.
El Gobierno avanzó con la reglamentación de la Ley de Administración Financiera y promulgó el presupuesto de este año, que eran las metas reclamadas para el primer trimestre del año. También ajustó las valuaciones de los inmuebles y de los rodados en el marco del plan tributario.
Otras de las cláusulas del pacto fiscal fueron cumplidas por la Provincia en lo que va del año. Una de ellas se refiere al saneamiento del sistema provincial de agua y cloacas, actualmente administrado por una Sociedad Anónima con Participación Mayoritaria del Estado (Sapem). El objetivo en esta materia es reducir el déficit de $ 8 millones que generó el servicio durante el año pasado.
Finalmente, a través del PFO, el Estado provincial se comprometió a instrumentar una política de activos por activos que posibilite el intercambio de bienes inutilizados de la Provincia por inmuebles requeridos para ahorrar alquileres, gastos y mejorar el funcionamiento de la administración pública.