12 Mayo 2017
EN CRISIS. Al quitar el pago del ítem “antigüedad” la UNT se ahorró $ 500.000 por mes, según un cálculo oficial. la gaceta / foto de franco vera (archivo)
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) deberá emitir su opinión sobre el cobro de un “extra” salarial con el que se beneficiaba a funcionarios del gabinete rectoral.
A raíz de una presentación llevada al Consejo Superior en abril por el consejero egresado, Ricardo Cisneros, ahora la UNT deberá señalar cuál era el criterio para el pago de las antigüedades a los funcionarios. Pero hay otro detalle: le solicitan que se inicien los trámites para que los funcionarios que cobraron indebidamente ese ítem devuelvan el dinero.
Entre junio y diciembre de 2014 se les otorgó una bonificación “por antigüedad” del 100% a nueve funcionarios que trabajaban en las distintas secretarías y subsecretarías del Rectorado, cuando Alicia Bardón ya había asumido. La nota señalaba que se debía a la “complejidad de asuntos que deben tratar (...) lo que implica tanto mayor responsabilidad como mayor dedicación”. La nota resolutiva sólo llevaba la firma del anterior secretario Económico Administrativo, Leandro Díaz, hoy miembro del directorio de Canal 10.
Además, existía una resolución anterior, de 2007, que habilitaba esta bonificación a los entonces funcionarios de Juan Cerisola.
En octubre del año pasado, la UNT dio de baja este adicional -y otros más, entre ellos, la “criticidad” que se pagaba a directores- que se venía abonando. Según las declaraciones de entonces, esto le permitió a la universidad ahorrarse unos $ 500.000 mensuales. La decisión la tomó Lidia Ascárate, al poco tiempo de asumir como secretaria Económico Administrativa.
La controvertida resolución N°682-007 llevaba la firma de la rectora Bardón (que había sido vicerrectora en el período anterior) y de Ascárate. Uno de los fundamentos para suspender este pago era que para la liquidación de “antigüedad” correspondía estar ajustados “a las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes”, y citaba el Convenio Colectivo de Trabajo, el Estatuto Docente y los años de servicios prestados en la UNT, así como en la Administración Pública. Posteriormente, en febrero de 2017 se dio de baja el ítem “Riesgo” (resolución 0071) que cobraba más de un centenar de no docentes y que a la UNT le significaba $ 1,5 millón mensuales.
Ascárate dio marcha atrás sobre una decisión que había tomado su antecesor en ese cargo (Díaz) y dejó entrever que en cuanto a este beneficio (la antigüedad) correspondía ponerse en sintonía con las normas vigentes.
El listado de los nueve funcionarios que percibieron este extra incluía a personas que venían de la época de Cerisola, pero que estaban en otras áreas y otras que llegaron ese mismo año para ocupar cargos políticos.
Se habla de unos $20.000 mensuales “extra” que impactaban en el sueldo de cada funcionario.
Responsabilidades
Después que el tema llegó al Consejo Superior se planteó la necesidad de que la UNT, además de suspender el pago, solicitara la devolución de lo ya cobrado. Hay quienes sostienen que si bien las autoridades universitarias tienen la potestad de definir el sueldo de sus funcionarios, no se pueden otorgar beneficios sin respaldo legal. Según el estatuto de la UNT, en el artículo 26, inciso 2, corresponde al rector “ejercer las funciones administrativas, económicas y financieras de la Universidad de acuerdo a las normas vigentes”.
La antigüedad es una bonificación que el trabajador percibe a medida que transcurren los años y continúa en actividad. Acompaña a la persona y no al cargo.
Una vez que Asuntos Jurídicos dé su opinión, el expediente ingresará a la Comisión de Interpretación y Reglamento para su análisis y posterior dictamen. Queda pendiente lo de los sueldos “dobles” de algunos funcionarios que habían mantenido el haber como docentes.
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