29 Marzo 2017
BRASILIA.- El mandato del presidente de Brasil, Michel Temer, quedó en manos del Tribunal Superior Electoral, que debe evaluar si hubo irregularidades o delitos de corrupción en la financiación de la campaña electoral de la triunfante Dilma Rousseff, en 2014, de la que fue vicepresidente y ahora busca ser juzgado en forma separada para evitar ser destituido en caso de condena.
Este proceso ante la justicia electoral pone nuevamente a Brasil dentro de la inestabilidad institucional, a menos de un año de la destitución de Rousseff como Presidenta vía un juicio político que es calificado por la oposición a Temer como un “golpe parlamentario”, dado que el Congreso la desplazó del poder bajo un cargo menor: irregularidades contables en el Presupuesto.
“El procedimiento puede terminar en una elección indirecta de un nuevo presidente por parte del Congreso, en caso de que Temer sea destituido, aunque preveo que los plazos no serán cortos”, dijo el abogado Fernando Neiffer, presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Instituto de Abogados de San Pablo (IASP).
Lo cierto es que una nueva batalla política guiada por la “delación” de los ejecutivos de Odebrecht se trabará en la justicia electoral, luego de que el instructor del caso, el juez Herman Benjamin, entregara su informe luego de recolectar las pruebas en el proceso. (La delación consiste en un acuerdo celebrado entre el investigado, acusado o condenado, y el Estado)
Todo está dominado por la declaración que dieron al tribunal electoral los ex ejecutivos de la constructora Odebrecht, uno de los cuales, Claudio Melo Filho, acusó a Temer de pedirle U$S 3 millones en 2014 para su fuerza, el Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil (PMDB), distribuidos en efectivo y en forma ilegal.
Pero también Marcelo Odebrecht, heredero del imperio de la ingeniería condenado a 19 años de prisión que en diciembre podrá quedar libre debido a su “delación premiada”, dijo que Rousseff “sabía” que él le pagaba ilegalmente en paraísos fiscales en el exterior a su publicista de campaña, Joao Santana.
Sin embargo, el empresario “arrepentido” admitió que nunca habló con Rousseff sobre ese asunto. Rousseff y Temer pidieron anular las declaraciones de Odebrecht porque forman parte de la Operación “Lava Jato” y de un acuerdo de “delación premiada”.
El pedido de esta investigación fue realizado por el candidato derrotado por Rousseff en 2014, Aecio Neves, senador y presidente del Supremo Tribunal Federal (STF).
Como una paradoja de esta crisis que se parece a un juego de “matrioshkas”, las muñecas rusas que se van sucediendo una dentro de otra, Neves se alió a Temer en 2016 y formaron un programa de gobierno y una fuerza parlamentaria que retiró a Rousseff del poder.
A esta acusación de Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Rousseff la calificó de “golpe dentro del golpe”. Es que Neves pidió que sean separados los procesos de Temer y de Rousseff. “Es algo muy difícil que eso ocurra, desafía a toda la jurisprudencia, pero todo dependerá de la visión de los miembros del tribunal electoral. Personalmente no creo que todas las apelaciones terminen resueltas antes de las elecciones de 2018”, comentó el abogado Neiffer.
En caso de que Rousseff y Temer sean condenados, estarán inhabilitados para cargos públicos por ocho años. (Télam)
Este proceso ante la justicia electoral pone nuevamente a Brasil dentro de la inestabilidad institucional, a menos de un año de la destitución de Rousseff como Presidenta vía un juicio político que es calificado por la oposición a Temer como un “golpe parlamentario”, dado que el Congreso la desplazó del poder bajo un cargo menor: irregularidades contables en el Presupuesto.
“El procedimiento puede terminar en una elección indirecta de un nuevo presidente por parte del Congreso, en caso de que Temer sea destituido, aunque preveo que los plazos no serán cortos”, dijo el abogado Fernando Neiffer, presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Instituto de Abogados de San Pablo (IASP).
Lo cierto es que una nueva batalla política guiada por la “delación” de los ejecutivos de Odebrecht se trabará en la justicia electoral, luego de que el instructor del caso, el juez Herman Benjamin, entregara su informe luego de recolectar las pruebas en el proceso. (La delación consiste en un acuerdo celebrado entre el investigado, acusado o condenado, y el Estado)
Todo está dominado por la declaración que dieron al tribunal electoral los ex ejecutivos de la constructora Odebrecht, uno de los cuales, Claudio Melo Filho, acusó a Temer de pedirle U$S 3 millones en 2014 para su fuerza, el Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil (PMDB), distribuidos en efectivo y en forma ilegal.
Pero también Marcelo Odebrecht, heredero del imperio de la ingeniería condenado a 19 años de prisión que en diciembre podrá quedar libre debido a su “delación premiada”, dijo que Rousseff “sabía” que él le pagaba ilegalmente en paraísos fiscales en el exterior a su publicista de campaña, Joao Santana.
Sin embargo, el empresario “arrepentido” admitió que nunca habló con Rousseff sobre ese asunto. Rousseff y Temer pidieron anular las declaraciones de Odebrecht porque forman parte de la Operación “Lava Jato” y de un acuerdo de “delación premiada”.
El pedido de esta investigación fue realizado por el candidato derrotado por Rousseff en 2014, Aecio Neves, senador y presidente del Supremo Tribunal Federal (STF).
Como una paradoja de esta crisis que se parece a un juego de “matrioshkas”, las muñecas rusas que se van sucediendo una dentro de otra, Neves se alió a Temer en 2016 y formaron un programa de gobierno y una fuerza parlamentaria que retiró a Rousseff del poder.
A esta acusación de Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Rousseff la calificó de “golpe dentro del golpe”. Es que Neves pidió que sean separados los procesos de Temer y de Rousseff. “Es algo muy difícil que eso ocurra, desafía a toda la jurisprudencia, pero todo dependerá de la visión de los miembros del tribunal electoral. Personalmente no creo que todas las apelaciones terminen resueltas antes de las elecciones de 2018”, comentó el abogado Neiffer.
En caso de que Rousseff y Temer sean condenados, estarán inhabilitados para cargos públicos por ocho años. (Télam)
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