Presunto tráfico de influencias: “Quedó demostrado el armado de una causa falsa”

Luis Alejandro Ontiveros estuvo más de tres horas sentado, dando explicaciones. Primero lo hizo ante el juez federal José Manuel Díaz Vélez, quien luego se retiró. En la sala quedaron el abogado del imputado, Martín Montalto, la secretaria Karina Salas y el fiscal Agustín Chit quien, a pesar de tener una batería de preguntas, no pudo interrogar ya que Ontiveros advirtió que no contestaría. La situación del acusado por presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán quedó en manos de Díaz Vélez que, en un plazo de 10 días hábiles, debe decidir si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito del hombre al que se acusa de haber pretendido cobrar hasta 180.000 dólares para “solucionar” una causa que se tramitaba en Catamarca apelando a su cercanía con el camarista Mario Leal de quien su pareja, Solana Casella, postulante a titular del juzgado federal N° 1, es relatora exclusiva.

Luego de la indagatoria, a pedido de LA GACETA, Ontivero mandó un descargo con sus opiniones sobre el paso procesal y sobre la causa. A continuación se lo reproduce textualmente:

Después de más de un año de investigación, la causa que me involucra no logró acreditar lo esencial: que yo haya pedido o recibido dinero alguno o que yo haya ofrecido influencias para una sentencia. Incluso el propio abogado del denunciante en la audiencia de expresión de agravios reconoció ante la Cámara Federal subrogante que en todo este tiempo no se pudo demostrar el pedido de dinero. No existe en todo el expediente una sola prueba del verbo típico del delito que se me imputa.

Lo que sí quedó demostrado es otra cosa: el armado de una causa falsa. El denunciante afirmó haberse reunido conmigo el 15 de abril de 2025 en el interior de un Toyota Corolla Cross blanco, y dio con precisión la patente. Esa patente -siete caracteres alfanuméricos- no es mía ni de mi pareja: pertenece a una ciudadana llamada Solana Cainzo. Una mujer con un vehículo idéntico al de mi pareja (Toyota Corolla) de nombre igual -Solana- y apellido similar -Cainzo, Casella-. Esto no puede ser un error. Es la prueba más importante del mal armado de esta denuncia. Cuando el denunciante quedó en evidencia recién entonces dijo que se había “confundido”. Mientras tanto, sobre mi persona y mi entorno familiar caían las medidas más gravosas, y el denunciante y su abogado callaban.

Yo ya di las explicaciones que la Justicia me pidió. Las que faltan ahora son las de Martínez Salazar. Él nunca explicó cómo pudo “confundirse” con un vehículo que fue motivo central de la investigación, ni cómo es que ese mismo auto -el que él identificó con los siete caracteres exactos de su patente- efectivamente circuló por el lugar y la hora que denunció, pero manejado por su verdadera dueña. Eso no es un error de memoria. Es una pregunta sin respuesta, y la respuesta la debe él, ¿quien le armó el guion?

Los informes oficiales tampoco acompañan la versión del denunciante. El informe de DATIP y de Gendarmería son determinantes: el 10 de marzo de 2023, día del supuesto primer encuentro en el bar “El Turista”, el señor Salazar permaneció en todo momento en su lugar de trabajo, en una zona totalmente distinta a la del bar en que según él se encontró conmigo. Es decir, los informes de la pericia probaron que el propio denunciante no estuvo donde dice haber estado conmigo. El denunciante afirmó además que yo hice apagar los teléfonos ese día: el informe de DATIP demostró que su propio teléfono nunca se apagó. Otra mentira más.

Respecto del único encuentro real, el del 21 de abril de 2025, basta mirar las fotos y grabaciones que están en el expediente: se trata de una reunión cordial entre dos personas que al llegar se saludaron con un beso. De ninguna manera es la escena entre un extorsionador y un extorsionado. En las propias capturas de WhatsApp que él aportó suprimió la parte de la conversación que demuestra que era él quien tenía interés en juntarse conmigo, capturas que por suerte pudo recuperar la pericia telefónica, y que demuestran una vez más que el denunciante mintió.

Sobre la imputación por el artículo 255 del Código Penal -el supuesto borrado de aplicaciones de mensajería- la realidad es simple: conforme consta en el acta de Gendarmería, fui desposeído del teléfono aproximadamente a las 9.30 de la mañana. Cuatro gendarmes firmantes, dos testigos, y personal de la fuerza en las inmediaciones firmaron el acta que deja constancia que a esa hora ya no tenía mi celular. Atribuirme haber borrado WhatsApp o Telegram en esas condiciones, sin la tenencia material del aparato, es una acusación basada en puro voluntarismo. No borré nada.

Además, tengo dos consideraciones de fondo. La primera, sobre el Dr. Mario Leal: mi vínculo con él es de público y notorio en el ámbito académico y tribunalicio. Él me trata como un hijo y yo lo trato como un padre. Sobre esa relación no existe ningún reproche penal posible, y vale señalar que en la propia denuncia el señor Salazar Pérez no refiere que yo le haya vendido una supuesta influencia con el Dr. Leal. Que un juez tenga un familiar abogado podría convertir livianamente en acusado por tráfico de influencias a cualquiera, por la sola declaración unilateral de cualquier persona, y de ser así las pruebas solo se limitarían a demostrar la relación de familiaridad.

La segunda, sobre el verdadero contexto de esta causa: mi pareja, Solana Casella, está ternada actualmente para el Juzgado Federal N°1 de Tucumán. La amplificación mediática y la filtración sistemática de información han intentado generar un descrédito sobre mi persona y dañar su candidatura. A modo de ejemplo, alcanza con citar las 34 publicaciones que el diario La Gaceta le ha dedicado a mi persona y a mi entorno familiar. La motivación del denunciante, en mi opinión, es la de un padre desesperado por mejorar a cualquier costa la situación procesal de su hijo.

He colaborado desde el primer día. Aporté voluntariamente el PIN de mi teléfono. Soy la primera persona interesada en que esto se aclare cuanto antes. Pero la verdad del expediente, hoy, es esta: después de un año de investigación, no existe ni una sola prueba del pedido de dinero. Lo único que quedó probado es la confusión -o la invención- de un denunciante que, al verse advertido, recién entonces habló de un “error”.

Además en la Indagatoria dejé en claro que me remito también a mi declaración espontánea del 1 de abril la que forma parte integrante de la misma, en esa extensa declaración se explican con lujos de detalles la verdad de lo sucedido.