10 Enero 2017
Contó que fue por ayuda a ATSA, y que le hicieron firmar un recibo en blanco de los gastos sociales
LA GACETA accedió al comprobante por un subsidio que obtuvo un enfermero, quien necesitaba recursos para viajar con su madre enferma. El trabajador de la salud confirmó que percibió $ 4.000 el año pasado. No sabía que la plata provenía de las arcas legislativas.
HONORABLE LEGISLATURA. El papel que firmó Made lleva un membrete oficial. Pero no figura el monto que recibió. la gaceta / foto de adrián lugones
Luis Sebastián Made es enfermero y lleva 10 años como afiliado a la delegación local de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). Por eso, cuando el año pasado necesitó una ayuda de emergencia para trasladar fuera de la provincia a su madre enferma, decidió concurrir a la sede gremial de calle Suipacha al 500 para gestionar un aporte económico, por primera y única vez.
A mediados del año pasado, tras presentar los papeles de rigor, obtuvo $ 4.000, que le sirvieron para costear los pasajes.
Made dice que firmó un recibo en ATSA y se olvidó del asunto. Hasta ayer, cuando LA GACETA le mostró una copia de esa documentación, en la que figuran su rúbrica y su DNI, aunque no consta el monto del beneficio. Además, los papeles no corresponden al gremio, sino que son comprobantes de los denominados “gastos sociales” del Poder Legislativo, cuyo manejo está siendo investigado en distintos fueros judiciales.
“Lo único que hice fue solicitar una ayuda para mi madre”, confirmó el enfermero, preocupado. Luego de advertir que pondrá el tema en manos de abogados, insistió con que había realizado todos los trámites en las oficinas de ATSA, no en la Legislatura.
El secretario general de ese gremio es el legislador manzurista Reneé Ramírez. En agosto del año pasado, este había dicho que no le alcanzaban con $ 150.000 al mes en gastos sociales para cubrir todas las demandas vecinales que le llegaban. “Cada legislador tiene sus circuitos y sus compromisos. Aproximadamente eso es lo que se gasta”, afirmó Ramírez en esa ocasión. Días después, el 22 de agosto, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, firmó el decreto que derogó ese sistema de subsidios a personas. La Legislatura sigue con los aportes a personas jurídicas.
La dieta y un “extra”
Desde principios de la década de los 90, y bajo diferentes denominaciones -gastos de bloque o gastos sociales, entre ellas-, la Legislatura entregó dinero para cubrir necesidades básicas de ciudadanos, como medicamentos, pasajes, anteojos, colchones y chapas.
Por disposición constitucional, los representantes del pueblo sólo están habilitados a percibir una dieta (equivalente al sueldo), que hoy ronda los $ 42.000.
En paralelo, hasta agosto pasado, a cada uno se le habría asignado un monto mensual para que afrontara las demandas vecinales.
Si bien el Poder Legislativo negó de forma oficial en distintas causas judiciales la entrega de fondos “extra” para erogaciones discrecionales, el oficialista Ramírez ventiló que percibía $ 150.000 al mes para subsidios.
A raíz de una denuncia del peronista disidente Oscar López, la Justicia Federal investiga una posible evasión impositiva al fisco nacional a través de ese sistema de ayudas sociales. La hipótesis central es que legisladores y autoridades del cuerpo colegiado utilizaban los gastos sociales a modo de sobresueldo o de pago en negro. Así, evitaban declarar los ingresos ante AFIP y las correspondientes cargas fiscales, según sospecha López.
En el 2015 electoral, la Legislatura -bajo la gestión del actual gobernador, Juan Luis Manzur- repartió $ 615,6 millones (el 40% del presupuesto de ese año) en subsidios. El año pasado, ya con Jaldo en la presidencia de la Cámara legislativa, el monto previsto para las ayudas sociales era de $ 150 millones. Se desconoce cuánto se alcanzó a distribuir hasta agosto, cuando el sistema fue eliminado.
Además de las investigaciones penales por el manejo de esos fondos, en el fuero contencioso administrativo se tramita una causa iniciada por el legislador Eudoro Aráoz. El radical exige al Gobierno provincial el acceso a la nómina de los beneficiarios de las supuestas ayudas sociales. Hasta ahora, ese listado ha sido denegado.
LA GACETA sin embargo accedió a algunos comprobantes. Entre ellos, el firmado por el enfermero.
Para justificar la entrega de “gastos sociales” y superar los controles del Tribunal de Cuentas, los legisladores debían aportar una serie de documentación respaldatoria, relató el propio Ramírez en la nota periodística de agosto.
“Honorable Legislatura de Tucumán - Recibí de la Secretaría de la Honorable Legislatura la cantidad de...”, expresa la primera hoja de la documentación correspondiente a Made. Los recuadros en los que debería figurar el monto entregado -en letras y en números- están en blanco, al igual que la fecha del pago. Donde dice “firma”, Made estampó su rúbrica y colocó su número de DNI, según le relató a este diario. Debajo, alguien escribió a mano “hospital Padilla”.
En el margen superior derecho del comprobante figura el CUIT del cuerpo legislativo: 30-64788906-5. La segunda hoja es una fotocopia del documento de identidad del enfermero. Los restantes papeles son copias de recibos del sueldo. Allí se observan sus aportes sindicales a ATSA, el gremio oficialista que lidera Ramírez.
A mediados del año pasado, tras presentar los papeles de rigor, obtuvo $ 4.000, que le sirvieron para costear los pasajes.
Made dice que firmó un recibo en ATSA y se olvidó del asunto. Hasta ayer, cuando LA GACETA le mostró una copia de esa documentación, en la que figuran su rúbrica y su DNI, aunque no consta el monto del beneficio. Además, los papeles no corresponden al gremio, sino que son comprobantes de los denominados “gastos sociales” del Poder Legislativo, cuyo manejo está siendo investigado en distintos fueros judiciales.
“Lo único que hice fue solicitar una ayuda para mi madre”, confirmó el enfermero, preocupado. Luego de advertir que pondrá el tema en manos de abogados, insistió con que había realizado todos los trámites en las oficinas de ATSA, no en la Legislatura.
El secretario general de ese gremio es el legislador manzurista Reneé Ramírez. En agosto del año pasado, este había dicho que no le alcanzaban con $ 150.000 al mes en gastos sociales para cubrir todas las demandas vecinales que le llegaban. “Cada legislador tiene sus circuitos y sus compromisos. Aproximadamente eso es lo que se gasta”, afirmó Ramírez en esa ocasión. Días después, el 22 de agosto, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, firmó el decreto que derogó ese sistema de subsidios a personas. La Legislatura sigue con los aportes a personas jurídicas.
La dieta y un “extra”
Desde principios de la década de los 90, y bajo diferentes denominaciones -gastos de bloque o gastos sociales, entre ellas-, la Legislatura entregó dinero para cubrir necesidades básicas de ciudadanos, como medicamentos, pasajes, anteojos, colchones y chapas.
Por disposición constitucional, los representantes del pueblo sólo están habilitados a percibir una dieta (equivalente al sueldo), que hoy ronda los $ 42.000.
En paralelo, hasta agosto pasado, a cada uno se le habría asignado un monto mensual para que afrontara las demandas vecinales.
Si bien el Poder Legislativo negó de forma oficial en distintas causas judiciales la entrega de fondos “extra” para erogaciones discrecionales, el oficialista Ramírez ventiló que percibía $ 150.000 al mes para subsidios.
A raíz de una denuncia del peronista disidente Oscar López, la Justicia Federal investiga una posible evasión impositiva al fisco nacional a través de ese sistema de ayudas sociales. La hipótesis central es que legisladores y autoridades del cuerpo colegiado utilizaban los gastos sociales a modo de sobresueldo o de pago en negro. Así, evitaban declarar los ingresos ante AFIP y las correspondientes cargas fiscales, según sospecha López.
En el 2015 electoral, la Legislatura -bajo la gestión del actual gobernador, Juan Luis Manzur- repartió $ 615,6 millones (el 40% del presupuesto de ese año) en subsidios. El año pasado, ya con Jaldo en la presidencia de la Cámara legislativa, el monto previsto para las ayudas sociales era de $ 150 millones. Se desconoce cuánto se alcanzó a distribuir hasta agosto, cuando el sistema fue eliminado.
Además de las investigaciones penales por el manejo de esos fondos, en el fuero contencioso administrativo se tramita una causa iniciada por el legislador Eudoro Aráoz. El radical exige al Gobierno provincial el acceso a la nómina de los beneficiarios de las supuestas ayudas sociales. Hasta ahora, ese listado ha sido denegado.
LA GACETA sin embargo accedió a algunos comprobantes. Entre ellos, el firmado por el enfermero.
Para justificar la entrega de “gastos sociales” y superar los controles del Tribunal de Cuentas, los legisladores debían aportar una serie de documentación respaldatoria, relató el propio Ramírez en la nota periodística de agosto.
“Honorable Legislatura de Tucumán - Recibí de la Secretaría de la Honorable Legislatura la cantidad de...”, expresa la primera hoja de la documentación correspondiente a Made. Los recuadros en los que debería figurar el monto entregado -en letras y en números- están en blanco, al igual que la fecha del pago. Donde dice “firma”, Made estampó su rúbrica y colocó su número de DNI, según le relató a este diario. Debajo, alguien escribió a mano “hospital Padilla”.
En el margen superior derecho del comprobante figura el CUIT del cuerpo legislativo: 30-64788906-5. La segunda hoja es una fotocopia del documento de identidad del enfermero. Los restantes papeles son copias de recibos del sueldo. Allí se observan sus aportes sindicales a ATSA, el gremio oficialista que lidera Ramírez.
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