27 Diciembre 2016 Seguir en 
La Justicia santiagueña rechazó ayer un pedido de recusación contra la Cámara de Apelaciones realizada por el empresario periodístico Luis Manuel Pericás, en la causa por una millonaria defraudación en perjuicio del Gobierno de Tucumán, en la que se encuentran imputados cuatro ex jueces santiagueños que se vieron obligados a renunciar de sus cargos.
Fuentes judiciales informaron que el nuevo revés judicial en contra de Pericás, surgió tras la recusación de un tribunal de alzada integrado por los camaristas Luis Lugones, Sandra Generoso y Gloria Cárdenas, que le negaron un pedido de excarcelación planteado por sus abogados defensores.
Se trata de la causa en la que también se encuentran imputados los ex jueces penales Miguel Moreno, Lucrecia Martínez Llanos y Ramón Tarchini Saavedra, y del ex juez de Paz, Rómulo Rava, que recuperaron la libertad tras hacer efectiva fianzas reales entre $ 800.000 y $ 3 millones.
En el voluminoso expediente, también se encuentra acusado y fue excarcelado tras pagar una fianza de un $ 1 millón el empleado judicial Eduardo Antuz, que prestaba servicios en el juzgado que dirigía el ex juez penal Tarchini Saavedra.
Los cuatro ex jueces, el empresario Pericás y el empleado judicial se encuentran involucrados en la defraudación por más de $ 10 millones al fisco de Tucumán, y en todos los casos fueron inhibidos de sus bienes.
El empresario Pericás, propietario de la emisora radial LV7 de Tucumán, permanece detenido en una dependencia policial de la ex Fandet, en el acceso norte a la capital provincial.
Según la investigación, los ex magistrados hicieron lugar a medidas cautelares presentadas por Pericás y ordenaron los embargos en los fondos provenientes del gobierno de Tucumán.
Antecedentes
La denuncia contra los ex jueces se inició con la presentación de Mario Fabián Nahas, en representación de Fiscalía de Estado de Tucumán, quien informó sobre la existencia de supuestas irregularidades en un expediente iniciado por Pericás (dueño de LV7), en contra de Marcelo Ditinis (ex secretario de Prensa y Difusión y actual legislador) y la Provincia de Tucumán, por un “delito a establecer” y por el cual se había ordenado un embargo de $ 7 millones a los fondos de coparticipación tucumanos.
El expediente se inició en el Juzgado del Crimen del Cuarta Nominación a cargo del ex juez Moreno. En el trámite de aquella denuncia se dispuso trabar embargo sobre fondos de la coparticipación tucumana. Luego, se sucedieron órdenes de pago de cifras millonarias a favor de Pericás desde los tres Juzgados involucrados en los hechos que se investigan. El 14 de marzo de este año, de hecho, se llevó cabo una extracción en efectivo por el importe de $ 3.151.800,66 en la cuenta judicial a nombre de ‘Denuncia interpuesta por presentación de Pericás a la orden del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Cuarta Nominación. (Télam-Especial)
Fuentes judiciales informaron que el nuevo revés judicial en contra de Pericás, surgió tras la recusación de un tribunal de alzada integrado por los camaristas Luis Lugones, Sandra Generoso y Gloria Cárdenas, que le negaron un pedido de excarcelación planteado por sus abogados defensores.
Se trata de la causa en la que también se encuentran imputados los ex jueces penales Miguel Moreno, Lucrecia Martínez Llanos y Ramón Tarchini Saavedra, y del ex juez de Paz, Rómulo Rava, que recuperaron la libertad tras hacer efectiva fianzas reales entre $ 800.000 y $ 3 millones.
En el voluminoso expediente, también se encuentra acusado y fue excarcelado tras pagar una fianza de un $ 1 millón el empleado judicial Eduardo Antuz, que prestaba servicios en el juzgado que dirigía el ex juez penal Tarchini Saavedra.
Los cuatro ex jueces, el empresario Pericás y el empleado judicial se encuentran involucrados en la defraudación por más de $ 10 millones al fisco de Tucumán, y en todos los casos fueron inhibidos de sus bienes.
El empresario Pericás, propietario de la emisora radial LV7 de Tucumán, permanece detenido en una dependencia policial de la ex Fandet, en el acceso norte a la capital provincial.
Según la investigación, los ex magistrados hicieron lugar a medidas cautelares presentadas por Pericás y ordenaron los embargos en los fondos provenientes del gobierno de Tucumán.
Antecedentes
La denuncia contra los ex jueces se inició con la presentación de Mario Fabián Nahas, en representación de Fiscalía de Estado de Tucumán, quien informó sobre la existencia de supuestas irregularidades en un expediente iniciado por Pericás (dueño de LV7), en contra de Marcelo Ditinis (ex secretario de Prensa y Difusión y actual legislador) y la Provincia de Tucumán, por un “delito a establecer” y por el cual se había ordenado un embargo de $ 7 millones a los fondos de coparticipación tucumanos.
El expediente se inició en el Juzgado del Crimen del Cuarta Nominación a cargo del ex juez Moreno. En el trámite de aquella denuncia se dispuso trabar embargo sobre fondos de la coparticipación tucumana. Luego, se sucedieron órdenes de pago de cifras millonarias a favor de Pericás desde los tres Juzgados involucrados en los hechos que se investigan. El 14 de marzo de este año, de hecho, se llevó cabo una extracción en efectivo por el importe de $ 3.151.800,66 en la cuenta judicial a nombre de ‘Denuncia interpuesta por presentación de Pericás a la orden del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Cuarta Nominación. (Télam-Especial)
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