Los escandalosos comicios tucumanos le dan sustento a la reforma electoral en el Congreso

Las imágenes de escuelas abarrotadas de fiscales, urnas quemadas, corridas, balas de goma, y protestas masivas en la plaza Independencia volvieron a recrearse en la madrugada del jueves en el recinto de la Cámara de Diputados. Luego de más de 12 horas de sesión, el oficialismo consiguió mayoría para darle media sanción al proyecto de reforma electoral. La iniciativa, en caso de que sea aprobada por el Senado, comenzará a regir en los comicios legislativos nacionales del año próximo.

Ocho de los nueve diputados que representan a Tucumán participaron de la sesión. La mitad de ellos votó en contra. El único ausente fue el macrista Facundo Garretón, de viaje en Japón. El rechazo a los cambios en las reglas electorales de la camada tucumana provino del Frente para la Victoria, alianza electoral mediante la que el gobernador, Juan Manzur, resultó electo en los comicios de agosto de 2015.

Boleta única electrónica, mayores mecanismos de control y penas para combatir el clientelismo electoral son algunas de las modificaciones más trascendentes que se promueven en el texto. Diputados que hicieron uso de la palabra en el recinto recordaron el caso tucumano, al que pusieron como ejemplo de por qué era necesario avanzar en modificaciones el régimen de votación. Uno de ellos fue el radical santafesino Hugo Marcucci. “Creo que a todos nos preocupa que un sistema de votación pueda ser pasible de una situación como la que hemos visto en las imágenes de Tucumán. Más allá de que se intenten dar algunas justificaciones, esto no nos muestra la Argentina que queremos”, planteó desde su banca, según consta en la versión taquigráfica de la sesión. “La boleta sábana nos ha mostrado muchos déficits. Por ejemplo, robos y adulteraciones de boletas, la boleta como forma manifiesta de clientelismo porque se entrega la boleta y se lleva al individuo a votar intentando la sujeción de la persona y el condicionamiento del voto, la quema de las urnas, y la adulteración de los certificados de escrutinio. Si bien para algunos estos son datos menores, para otros Tucumán mostró que es necesario cambiar”, amplió.

Eduardo Brizuela del Moral (Frente Cívico y Social), fue otro de los que tomó como referencia lo sucedido en esta provincia hace más de un año. “Las irregularidades anotadas en las últimas elecciones nos imponían un cambio que era realmente necesario. Vale recordar los últimos comicios en Tucumán”, planteó, sin rodeos, el ex gobernador de Catamarca.

Además de instaurar la boleta electrónica luego de 104 de sistema de votación con papel, el texto impulsa penas para combatir las prácticas clientelares.

Así, el artículo 62 del proyecto prevé prisión de uno a tres años a quienes, por ejemplo, “con violencia o intimidación impidieren ejercer un cargo electoral o el derecho al sufragio”; “comepelieren a un elector a votar de manera determinada”; “sustrajeren, destruyeren o sustituyeren boletas”; “imprimieren, entregaran o dispusieran de boletas apócrifas”; y “falsearen o indujeran al falseamiento del resultado del escrutinio”, entre otros.

Las penas serán aún más graves, de dos a cuatro años de prisión e inhabilitación especial, al que “ofreciere, prometiere o entregare dinero o cualquier otra dádiva, favor, promesa o ventaja patrimonial a cambio de conseguir que el elector vote de manera determinada”, según el artículo 65.

Los peronistas Mabel Carrizo, Marcelo Santillán, Alicia Soraire y Miriam Gallardo votaron en contra, por mandato del FpV. “Dentro de los 20 países más desarrollados del mundo, Estados Unidos es el único que lo tiene”, sostuvo Gallardo, en alusión al voto electrónico. “En Tucumán ganó el FpV por más de 111.000 votos de diferencia, más de un 11%. Sin embargo, la oposición se ocupó de ensuciar la elección. Hablaron de fraude y de judicializar los resultados electorales. El argumento que usaron en la denuncia que hicieron fue que como en el interior fue donde más votos sacó el FpV, la gente del interior, ‘los pobres’, no tenían el mismo derecho a votar que los de la capital, porque eran incapaces, porque no estaban en condiciones cívicas de votar. ¿Eso qué es? Fíjese qué casualidad: cuando ellos ganan no hay fraude, pero cuando ganamos nosotros sí hay fraude”, remarcó. Finalmente, comparó los costos. Dijo que mientras la boleta de papel representa una erogación de $ 25 millones, el voto electrónico costará unos $ 4.500 millones.

La camporista Carrizo reconoció que se necesitan modificaciones, pero dudó que el voto electrónico sea la solución. “Las falencias del actual sistema tienen que ver con una cultura punteril que debe ser cambiada desde las estructuras partidarias, para que las malas prácticas electorales sean erradicadas. Creo que hacen falta modificaciones. Pero también pienso que el voto electrónico puede ir en contra del secreto del sufragio y del control total del proceso eleccionario, ya que queda supeditado a técnicos”, planteó. Y puso reparos por la posibilidad de eventuales hackeos al sistema. “En la actualidad, con la tradicional boleta incluida en el sobre, que se mantiene en la urna hasta que el escrutinio definitivo está asegurado por la autoridad judicial pertinente, se garantiza que en caso de haber diferencias en el conteo provisorio, una autoridad judicial revise y recuente los votos de cada urna. Que lo emitido represente la voluntad del votante, que sea registrado del mismo modo y que luego ese registro sea contabilizado de manera controlada por fiscales de todas las expresiones políticas”, justificó.

El proyecto 

Boleta electrónica

Incorpora el artículo 14 bis al Código Electoral Nacional la utilización de tecnologías al proceso electoral con garantías de auditabilidad, privacidad, seguridad, equidad, accesibilidad, confiabilidad, confiabilidad, simplicidad, claridad y respaldo en papel del sufragio con la misma información expresada en la pantalla que servirá de respaldo del escrutinio provisorio electrónico.

Controles

Habrá fiscales de mesa, fiscales informáticos y fiscales generales de los partidos.

Las fórmulas

En las Primarias Abiertas y Simultáneas (PASO) el elector va a tener que elegir por cada categoría de cargos. La oferta electoral no tendrá fórmula Presidente y vice, sino que solo irá candidato a Presidente, quien deberá seleccionar dentro del plazo de 48 horas su candidato a vicepresidente.

Seguimiento

Al menos 240 días antes de las PASO el Ministerio del Interior constituirá el Consejo de Seguimiento de las Elecciones, integrado por apoderados de las agrupaciones nacionales. 

Paridad de género

Se modifica la ley de partidos para elevar el actual cupo femenino del 30% a una nueva regla de paridad de género del 50%, intercalado uno y una.

Delitos electorales

En el Código Nacional Electoral se agregan delitos electorales y se incluye todo un capítulo referido al régimen de sanciones a delitos o infracciones electorales, que incluyen penas de prisión de hasta cuatro años a quien ofrezca dádivas a cambio de un voto, por ejemplo.

Cámara electoral

La Cámara Nacional Electoral establecerá los lineamientos generales del Protocolo de Acción para el día del comicio. 

Impugnaciones

En caso que existan dudas acerca de la identidad del elector, el presidente de mesa o fiscales partidarios podrán realizar su impugnación pero no impedir el voto. 

Comicios nacionales

El proyecto que obtuvo media sanción en Diputados será ahora abordado por el Senado, y se estima que a mediados de noviembre sería aprobado. De todas formas, no regirá para elecciones de cargos provinciales, ya que los distritos tienen autonomía en materia electoral. Sí, en cambio, se aplicará en los comicios nacionales de 2017.