“Reconciliar a una sociedad fracturada exige respetar la verdad histórica”

En estos días se cumple el primer aniversario del triunfo electoral en la provincia que consagró a la fórmula Manzur-Jaldo.

Quienes creemos en la democracia, la tolerancia y el respeto a las instituciones, conservamos un recuerdo lacerante de la fuerte polarización planteada en la sociedad, donde poco hubo de debate serio y fundado y mucho de descalificaciones e injurias personales.

Ese clima se enrareció más aún cuando, por primera vez en la historia, un organismo judicial de segundo orden, en un acto absolutamente irresponsable y teñido de intereses políticos, y ante una presentación de la fórmula perdedora, se atribuyó la facultad de desconocer el pronunciamiento de un millón de electores, obligando a la Corte Suprema de Justicia a intervenir en resguardo de la voluntad popular. En los fundamentos de su fallo, la Corte pulveriza los vetustos argumentos conservadores que se opusieron al derecho al voto universal, al poner en duda la capacidad de los pobres y necesitados de votar libremente en supuesto desmedro de “la pureza del sufragio”.

O sugerir veladamente que el voto de un habitante de la ciudad tenía más “valor” que el de un ciudadano de las áreas rurales.

Tucumán retrocedía así 100 años el reloj de la historia.

El total de urnas quemadas (en más de un caso por candidatos de la oposición) y otras condenables irregularidades denunciadas, constituían un ínfimo porcentaje que de ninguna manera ponía en entredicho la amplia diferencia en favor de la fórmula ganadora.

Si no hubiese mediado esa sensata intervención del máximo organismo judicial, la fisura social planteada probablemente habría derivado en gravísimos episodios de violencia política, al desconocer una oscura cámara la máxima expresión de la soberanía popular que es el voto.

Un año después, en el marco del histórico Bicentenario que nos tiene como referencia nacional, se vuelven a reeditar. Todos hemos coincidido en la necesidad de reformar el sistema electoral, limitando el clientelismo, y otorgarle mayor transparencia. El propio Gobierno Provincial, en un inobjetable esfuerzo de pluralismo y amplitud, recogió ideas y sugerencias y las envió a la Legislatura Provincial, que es el ámbito habilitado para cualquier modificación al sistema electoral y político.

Tucumán necesita cerrar las heridas abiertas y los conflictos estériles. También este año se cumplen cinco décadas del cierre de ingenios que provocó la desarticulación social y económica de la provincia, que luchamos por revertir. Las divisiones, pujas y desentendimientos entre los sectores políticos y sociales facilitaron esa tarea destructora y cuando quisimos reaccionar el daño ya estaba hecho.

¿No aprendimos nada de nuestros sufrimientos? La paz y la reconciliación solo será posible sobre la base de la verdad y la justicia. El primer paso es reconocer la legitimidad del orden institucional y la legalidad del Gobierno provincial.

Otra cuestión la constituyen las reformas y cambios que fuera menester hacer. Para ello es preciso pasar del denuncismo y la descalificación a un debate con altura y respeto por las diferencias, buscando las coincidencias en bien de la provincia. Es el momento de afrontar los desafíos de los próximos 50 años acordando políticas de Estado básicas para garantizarla generación de riquezas, la inclusión social y el pleno empleo de las generaciones actuales y futuras.