La constitución establece la autonomía municipal, pero sin recursos; esa autonomía no existe. Es como que le diga a su hijo de 19 años que puede hacer lo que quiera, y al mismo tiempo le quite techo, comida, ropa, y todo otro bien que le haya dado. Sin recursos, el hijo deberá volver al hogar y aceptar las reglas paternas, o arriesgarse al infortunio. Lo mismo pasa con los municipios; sin fondos para costear su funcionamiento, la autonomía consagrada en la ley es sólo una ilusión. En tiempos recientes hubo cambios positivos. Por un lado, la Nación y las Provincias acordaron un programa de devolución de fondos coparticipables que, según determinó la Corte Suprema, eran ilegalmente retenidos por el gobierno federal. Por otro lado, el gobernador ofreció al Municipio de San Miguel de Tucumán un acuerdo para refinanciar su deuda, generando una forma de pago accesible para la Capital. La Legislatura luego instó al Ejecutivo a repetir esto con el resto de los municipios. Ambas noticias son un alivio para las pretensiones de autonomía: la devolución de coparticipación no sólo quedará en las provincias, sino que implica más fondos para municipios, y el nuevo acuerdo para el pago de la deuda elimina la guillotina que significaba la posibilidad de exigir la inmediata devolución de los pasivos municipales.
Sin embargo, la autonomía municipal no será plena hasta que las intendencias alcancen un nivel de recursos suficiente para sostenerse por sí mismos. Allí se vuelve imperativo estudiar la coparticipación provincial, ya que es una de las principales fuentes de fondos para los gobiernos locales.
En la actualidad más de la mitad de los municipios tucumanos son estructuralmente deficitarios. Este desajuste tiene varios fundamentos, uno principal es una vetusta ley de coparticipación provincial de impuestos. Un reciente estudio de Cippec compara los regímenes de coparticipación entre las provincias argentinas, encuentra que: tres de ellas no tienen un marco establecido de reparto, quedando al arreglo discrecional año a año, dos presentan coeficientes de reparto fijo entre los municipios, siendo Tucumán una de ellas. Las restantes 18 provincias poseen índices de distribución de fondos que responden en forma dinámica a la realidad de cada localidad, distribuyendo los fondos de acuerdo a la población, las necesidades locales, el nivel de atraso relativo, las responsabilidades asumidas por cada municipio, entre otras razones. Estos índices no sólo devuelven en base a la contribución de cada localidad, sino que incentivan el desarrollo local y compensan por debilidades sociales o económicas. Tucumán no sólo posee una ley de coeficientes fijos que no refleja la realidad actual, sino que según el mismo estudio, es una de las provincias que delega más responsabilidades en municipios (y por lo tanto debería coparticipar más fondos); es también una de las que coparticipa menos tipos de recurso provincial (sólo tres impuestos, mientras que la mayoría reparte todos sus tributos), y es uno de los distritos que distribuye en total menos fondos (según este estudio es la séptima provincia más “mezquina” con sus municipios).
Estimaciones propias ilustran el siguiente escenario. Entre los municipios deficitarios, la mayoría necesita un 20% más de fondos para pagar el total de sus cuentas, y alguno aún más. La provincia reparte, por todo concepto coparticipable o similar, aproximadamente un 14,5% de sus recursos totales. Los coeficientes de reparto fijo han generado brechas muy grandes entre la recepción de fondos y la realidad: San Miguel recibe el 28% del reparto entre municipios, pero posee el 50% de la población de ese grupo; Yerba Buena recibe el 4,2%, y posee el 5,3% de la población municipal de la provincia; Burruyacú recibe el 2,4% de los fondos, aunque posee sólo el 0,23% de la población de los municipios. La provincia también muestra gran dispersión en otros índices: superficie municipal, porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas, servicios prestados, ninguna de estas características se refleja en los coeficientes de reparto, generando brechas que obstaculizan el desarrollo local.
En el marco de fortalecimiento del federalismo y las autonomías locales que está viviendo el país, parece oportuno reevaluar y modernizar la ley de coparticipación de la provincia, para potenciar el progreso de todos los tucumanos por igual.
