La oportunidad para cambiar

Los indicadores socioeconómicos negativos de Tucumán muestran la ineficacia del Estado para atender los servicios esenciales de salud, de educación y de seguridad. Una historia de políticas erradas en la administración de la cosa pública contribuyó a que el Estado se asemeje a la figura de un elefante inmanejable. Una prueba de ello es el alto nivel de endeudamiento que, curiosamente, no se evidencia en obras de infraestructura a través de las sucesivas administraciones de Gobierno, incluso más allá de la crisis económica que se desató en la Argentina hacia fines de 2001, con la devaluación del peso.
El Estado de Tucumán es el principal empleador. Posee 65.000 agentes en los tres poderes, en los 19 municipios y en las 93 comunas rurales. Uno de cada 20 tucumanos trabaja en el sector público. Para sostener los gastos que genera el aparato estatal el Gobierno provincial necesitará este año $ 1.327 millones. La burocracia sigue enquistada en las reparticiones públicas. Así lo demuestran distintas auditorías oficiales que constatan que un expediente que inicie cualquier ciudadano puede demorar entre seis meses y dos años para su resolución.
Los académicos entienden que el Estado está sobredimensionado y que los servicios que prestan son deficientes. Los presupuestos de la provincia no alcanzan para invertir en obras, las grandes generadoras de fuente laboral. Casi la mitad de ese presupuesto se destina a cubrir planillas salariales. Así, se postergaron las reformas estructurales necesarias para el desarrollo de la economía tucumana. "El desempeño del Estado es pobre", diagnostica la economista Ana María Cerro, quien entiende que la creación de nuevas estructuras gubernamentales contribuye a aumentar el gasto.
Pese a este diagnóstico, la administración del gobernador José Alperovich tiene la oportunidad de transformar al Estado, para que sus servicios lleguen con más calidad a la población. Este será el último año de gracia que tiene Tucumán para encarar esas reformas estructurales. A partir de 2005 se producirán los grandes vencimientos de la deuda que debe enfrentar la Provincia. Debido al default con los acreedores, en el país y en Tucumán los ingresos por coparticipación y por la recaudación de Rentas permiten generar un colchón financiero para proyectos que podrían mejorar la administración estatal. El ministro de Economía, Jorge Jiménez, afirma que se están aplicando políticas correctivas para gestionar el Estado. Reconoce que existe liquidez financiera, pero remarca que es imprescindible controlar el gasto. "Hoy existe un orden institucional para invertir en áreas sensibles como la educación, la seguridad, la salud y la asistencia social", afirma.

$ 1.327
millones es el cálculo de gastos previstos en el proyecto de ley de Presupuesto de la provincia.

47%
es lo que el Estado destina del Presupuesto anual para financiar el gasto en personal.

$ 2.944
millones es la deuda pública de Tucumán calculada por el Poder Ejecutivo a fines de octubre pasado.
150
personas constituyen el plantel de conducción política del Poder Ejecutivo.

La clave es la eficiencia en la gestión
Alejandro Suárez (Centro de Estudio Bonaerense):
En nuestro país el sector público no tiene una buena correspondencia entre lo que es recaudación y los egresos. Existe una presión tributaria muy grande que no se corresponde con la provisión de bienes públicos que genera. Más allá del tamaño, lo que sí interesa es que el Estado sea eficiente. Debería redistribuir sus ingresos y enfocar el gasto en infraestructura. Otro gran problema es que el Estado no debería ser generador de empleo, sino que tendría que crear las condiciones favorables para intervenir en los mercados cuando sea conveniente.