El móvil de la mayoría de los delitos es la compra de estupefacientes, según fiscales

“Ahora soy libre de verdad”, dijo Julio. “Ya no me drogo ni me sigue la Policía”, agregó el joven de 21 años que vende pan casero en el ómnibus para que el centro de rehabilitación donde está internado desde hace ocho meses siga funcionando. “Tenía dos alternativas: me mataba la droga o los transas o cualquier persona porque le había robado para comprar o dejaba de consumir”, le contó a LA GACETA el chico que comenzó a tener problemas con la Ley desde los 15 años, aunque no puede precisar cuantas veces pasó la noche en un calabozo y, mucho menos, sus estadías en el Roca. “Nunca conocí a mi papá y a mi mamá, que laburaba todo el día para mantener la familia. Casi la vuelvo loca. No quiero que mis hijos vivan las mismas pesadillas”, concluyó.

La historia de este adicto a la cocaína y al “paco” es tan desgarradora y dura como lo son las estadísticas que maneja la Justicia. Según los fiscales, el 80% de las personas que pisan las fiscalías por haber cometido delitos lo hacen bajos los efectos de los estupefacientes. “Son personas enfermas que buscan dinero de cualquier manera para seguir consumiendo. Por eso no sorprende que sean detenidos una y otra vez”, aseguró la fiscala Adriana Reinoso Cuello.

Su par, Adriana Gianonni, desde hace bastante tiempo, se preocupa en realizar estadísticas para saber dónde se encuentra parada. “¿Usted consume drogas?” es una de las preguntas obligadas que le hace a los imputados que declaran en su fiscalía. “Sólo el 20% dice que no, el resto reconoce que consume marihuana, cocaína y ‘paco’ fundamentalmente. Estos números son los mismos que manejan mis colegas”, explicó.

Tentativas de robo y robo agravado, tentativa de hurto o hurto son los delitos más comunes que cometen estas personas y la mayoría de ellos son excarcelables. Es decir, recuperan la libertad al poco tiempo. Y como estos casos tardan en llegar a juicio, la mayoría no cuenta con antecedentes.

“Las leyes son muy específicas y es muy poco probable que un juez lo mantenga detenido hasta que llegue a juicio. Pero también está claro que encerrarlos no es la solución si es que no se los trata de la enfermedad que padecen”, opinó Reinoso Cuello.

A Gianonni se le nota la preocupación. En ese mar de estadísticas que cuida como si fuera un tesoro, hay datos que le generan alarma. La droga está cada vez más presente en delitos tan aberrantes como lo son los abusos sexuales y los casos de violencia de género.

Otro enfoque

“Muchas veces los imputados hasta vienen a declarar bajo los efectos de las drogas. Este es un problema social que requiere de un rápido debate porque es un problema serio que atenta contra la seguridad de todos”, agrega el fiscal Diego López Ávila.

“Se necesita su rehabilitación porque hay mucha gente que no puede hacer nada por ellos. Hay que buscar la manera de lograr que no ingresen al mundo de las drogas. Tenemos que buscar soluciones”, dijo el investigador.

López Ávila y Giannoni quizás sean los más que conocen el actual sistema carcelario de la provincia. Ellos son los que recorren los calabozos y los lugares de detención de la capital y el Gran San Miguel de Tucumán. Saben perfectamente que en ninguno de esos lugares hay un plan serio para luchar contra las adicciones.

“Muchas madres vienen desesperadas a que les brindemos ayuda, pero mucho no podemos hacer. Sí libramos oficios para que sus hijos adictos reciban tratamientos, pero esa no es la solución de fondo”, comentó Reinoso Cuello. Y la fiscala habla con conocimiento de causa. La mayoría de los “recomendados” sólo consigue recibir tratamientos ambulatorios. Pese a todo el esfuerzo y voluntad que puedan tener los adictos en conflicto con la Ley, un mínimo contacto con sus compañeros de andanzas se transforma en una recaída que, en la mayoría de los casos, termina en un nuevo encierro en un calabozo y adiós atención.

Sólo algunos, muy pocos, consiguen ayuda. Son las personas que tienen recursos para demostrarle a la Justicia -especialmente a los Jueces de Menores- que pueden afrontar un tratamiento en una clínica con internación en esta u otra provincia. Sin embargo, según cuentan los fiscales, sobran los dedos de las manos para contar los casos como estos. (Ver aparte)

Aurora Díaz Argañaraz es una abogada que conoce muy bien el infierno de los jóvenes en conflicto con la Ley. Los menores que defendió en los últimos años se hicieron mayores, pero siguen en las mismas condiciones. No se rehabilitaron y siguen penando por la vida con problemas judiciales. “Son gente enferma que tiene una historia de vida muy complicada. Eso es lo que se debe atacar. No se puede pedir que se los siga encerrando porque de allí salen como verdaderos monstruos”, opina la profesional.

“Hay mucha reincidencia. Estos chicos están perdidos. Su vida no vale nada. Nadie los atiende. Pareciera que son unos estorbos, cuando en realidad necesitan de su atención. A las autoridades de la provincia pareciera que poco le importa su situación y la de sus familias que están destruidas”, comentó la profesional, que junto a varios colegas presentaron decenas de habeas corpus solicitando asistencia estatal para los menores en conflicto.

Con lágrimas en los ojos, la profesional recordó un caso que, según dijo, la marcó para siempre. Un chico, con serios problemas de adicción, cometía delitos en el barrio. Un día, los vecinos hartos de ser sus víctimas, decidieron tomar venganza por mano propia. No se conformaron con darle una feroz golpiza, sino que prendieron fuego la casa de su abuela, donde vivía junto a su madre y hermanos. La dueña de la vivienda, por el dolor que significó perder las pocas cosas que tenían, murió a los pocos días.

“¿Saben cómo terminó esta historia? La madre, que se preocupaba por su hijo, terminó rechazándolo. Por todo lo que había sucedido, no quería visitar al menor que estaba alojado en el Roca. Tuvo que intervenir un equipo interdisciplinario para convencer a la mujer que se arrimara al adolescente que se había intentado quitar la vida por todo lo ocurrido. Esos son algunos de los casos que descubrimos. Y lo más grave es que cada vez son más los padres que peregrinan sin éxito por ayuda. El Estado no puede mirar para otro lado. Este es un problema de salud pública”, insistió Díaz Argañaraz.

Mala comparación

José del Río es otro abogado que asiste a jóvenes que tienen problemas con la Ley. Él no está de acuerdo con relacionar la adicción con delitos. “Ese es una teoría que tiene la sociedad y que no se ajusta con la realidad. Muchos utilizan ese problema como una excusa. También hay chicos que se drogan y que no roban”, sostiene el profesional.

Del Río está convencido que estos chicos necesitan de una urgente atención. “En Tucumán se necesita de un lugar de rehabilitación con internación. Ya sobran los ejemplos para determinar que los lugares de internación ambulatoria no están dando los resultados que se pretende. Desde la Justicia pueden tener toda la buena voluntad de querer recuperar a las personas, pero mientras no haya un lugar específico, no sirve de nada”, concluyó.