05 Febrero 2004 Seguir en 
BUENOS AIRES.- El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó ayer que el Gobierno no pretende controlar precios en el área de las empresas de servicios de medicina prepaga, aunque estimó que sí se busca controlar abusos que puedan afectar a los afiliados a estos sistemas.
Fernández se refirió así a la apertura de los sumarios anunciada por la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor de la Nación y por la Dirección de Defensa del Consumidor porteña contra 19 prepagas, al tiempo que se les ordenó formalmente dar marcha atrás con al aumento de entre un 10% y un 18%, promedio, que rige desde el primer día de febrero.
"Nosotros no tenemos ninguna definición ni ninguna vocación de controlar precios", expresó el funcionario.
Respecto del alcance de las medidas, el jefe de Gabinete consideró que una de las cosas que tiene que hacer Defensa del Consumidor es advertir sobre posibles abusos de las prestadoras. "Y bueno, habrá entendido que es así, que estamos en presencia de esa situación", añadió.
En declaraciones radiales, Alberto Fernández remarcó que el Gobierno no controla precios. "Simplemente es una acción judicial y es la Justicia la que resuelve, con una medida de no innovar, que los valores no se modifiquen", agregó.
El martes último, los Gobiernos nacional y porteño dictaron -de manera preventiva- medidas de no innovar para frenar los aumentos dispuestos en las cuotas de las empresas prepagas.
Sumarios
Los sumarios iniciados por las autoridades tienen por objeto verificar el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) en materia de información y prestación de servicios, entre otros aspectos. El defensor del pueblo de la Nación, Guillermo Mondino, también recomendó a las autoridades nacionales la adopción de acciones para atender las quejas de los usuarios.
Tras los relevamientos realizados, se dictaron distintas imputaciones a las empresas sumariadas por presuntas infracciones a la normativa vigente e incumplimientos en los contratos.
Las medidas cautelares dispuestas podrán ser apeladas en segunda instancia ante ante la Cámara Federal en lo Contencioso y Administrativo, ya que los Gobierno nacional y porteño les ordenaron a las empresas prepagas abstenerse de aplicar aumentos en las cuotas. (DyN)
Fernández se refirió así a la apertura de los sumarios anunciada por la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor de la Nación y por la Dirección de Defensa del Consumidor porteña contra 19 prepagas, al tiempo que se les ordenó formalmente dar marcha atrás con al aumento de entre un 10% y un 18%, promedio, que rige desde el primer día de febrero.
"Nosotros no tenemos ninguna definición ni ninguna vocación de controlar precios", expresó el funcionario.
Respecto del alcance de las medidas, el jefe de Gabinete consideró que una de las cosas que tiene que hacer Defensa del Consumidor es advertir sobre posibles abusos de las prestadoras. "Y bueno, habrá entendido que es así, que estamos en presencia de esa situación", añadió.
En declaraciones radiales, Alberto Fernández remarcó que el Gobierno no controla precios. "Simplemente es una acción judicial y es la Justicia la que resuelve, con una medida de no innovar, que los valores no se modifiquen", agregó.
El martes último, los Gobiernos nacional y porteño dictaron -de manera preventiva- medidas de no innovar para frenar los aumentos dispuestos en las cuotas de las empresas prepagas.
Sumarios
Los sumarios iniciados por las autoridades tienen por objeto verificar el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) en materia de información y prestación de servicios, entre otros aspectos. El defensor del pueblo de la Nación, Guillermo Mondino, también recomendó a las autoridades nacionales la adopción de acciones para atender las quejas de los usuarios.
Tras los relevamientos realizados, se dictaron distintas imputaciones a las empresas sumariadas por presuntas infracciones a la normativa vigente e incumplimientos en los contratos.
Las medidas cautelares dispuestas podrán ser apeladas en segunda instancia ante ante la Cámara Federal en lo Contencioso y Administrativo, ya que los Gobierno nacional y porteño les ordenaron a las empresas prepagas abstenerse de aplicar aumentos en las cuotas. (DyN)







