El presupuesto que deja el kirchnerismo y ejecutará el...

BUENOS AIRES.- Si cada presentación del proyecto de ley de Presupuesto da lugar a más de un comentario acerca de lo irreal de sus proyecciones, qué cabe esperar en esta oportunidad, signada por un cambio de Gobierno que implicará que aquellos que lo elaboraron no tengan relación con los que lo terminen ejecutando. En cualquier democracia llega el momento de un cambio en el signo político de la administración y los recién llegados deben hacerse cargo del presupuesto aprobado durante la gestión de sus adversarios políticos. No debería ser algo traumático, a no ser que los que se van dejen las cuentas en un desorden absoluto y al momento de presentarse el proyecto no solo se ignore quiénes los van a suceder, sino que entre las opciones existentes nadie de una pista de cuáles serán los ejes de su política económica. Es el caso de la Argentina, que no necesitó en los últimos años de ningún cambio de gobierno para que sus leyes de Presupuesto no tengan nada que ver con su ejecución. Sin entrar en la comparación entre lo proyectado y lo real en tantas variables en juego, conviene repasar la magnitud de los errores de cálculo sólo en lo que respecta al déficit financiero.

• En 2012 se preveía un superávit de $ 1.446,2 millones. En realidad, hubo un déficit de $ 55.563,4 millones, es decir un error de cálculo de $ 57.009,6 millones, que sin contar la asistencia del Banco Central y el sistema previsional al Tesoro habría ascendido a $ 85.766,8 millones.

• La “ley de leyes” de 2013 establecía un saldo favorable de $ 587,5 millones, pero en los hechos el “DNU de los DNU” cerró con un rojo de $ 64.477,4 millones, una pifia de $ 65.064,9 millones, o bien de $ 124.324,1 millones sin rentas de la propiedad.

• Para el de 2014, Hernán Lorenzino dejó una ley con un superávit financiero de $ 868,9 millones, que luego Axel Kicillof transformó en un rojo de $ 109.720 millones. Una diferencia de $ 110.589 millones, que podrían ser $ 231.338 millones sin las ayudas mencionadas.

En apenas tres años, los sucesivos errores en las proyecciones fueron de nada menos que $ 232.663,3 millones ($ 441.428,7 sin BCRA ni Anses), a valores corrientes. Un pésimo precedente para lo que será el cierre de 2015, único año con una ley de Presupuesto que desde el inicio anticipaba un déficit financiero. Pero ni siquiera ese parcial sinceramiento fue suficiente: la ley estableció un saldo negativo de $ 49.623,8 millones, al que ya se había llegado antes de que terminara marzo. Probablemente, 2015 finalice con un déficit que por lo menos cuadruplicará al de la ley. El descalabro será casi similar al de los tres anteriores sumados. No hace falta imaginar el destino de los autores de cálculos tan errados en cualquier empresa.

La preocupación por la falta de correspondencia entre las leyes de Presupuesto y su ejecución no tendría que quedar circunscripta a un conjunto de economistas, consultores y periodistas. El presupuesto es la expresión en números de la política de un gobierno. “En el presupuesto se define qué va a hacer el Estado con la plata que le damos”, explica el presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, Rafael Flores. Una ciudadanía medianamente interesada debería velar por su cumplimiento. “Cuando el Estado gasta mal, lo pagamos todos. A través de la discusión del presupuesto podemos conocer en detalle qué es lo que se está haciendo, para qué y con qué recursos”, añade. Pero en materia presupuestaria, entre el deber ser y el ser hay una distancia enorme. Mucho más desde que en 2006 se modificó la ley de Administración Financiera, que le dio al Poder Ejecutivo más facultades de las que ya tenía para meter mano en el Presupuesto a través de decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas.

El riesgo de la intervención del Poder Ejecutivo en funciones que históricamente le correspondieron al Congreso excederá los límites temporales del kirchnerismo. El problema continuará durante el próximo período presidencial, a pesar de que, como señala Flores, con los DNU y las decisiones administrativas “se termina distorsionando lo que efectivamente se aprobó”.

El futuro presidente afrontará la disyuntiva de devolverle al Presupuesto su verdadera razón de ser o de continuar con la situación actual. Así como los diputados y senadores tendrán el desafío de cumplir con su rol de legisladores o resignarse a seguir con la escribanía.

Quizás no esté de más la advertencia lanzada por Alcides Saldivia, un ex técnico de carrera de la Oficina Nacional de presupuesto que fue desplazado hace nueve años por los que privilegian la obediencia sobre la capacidad: “el desprecio del presupuesto es el suicidio de los gobiernos”.