Piden a la Legislatura que revise el Código Civil y Comercial tucumano

30 Julio 2015
El legislador Alberto Colombres Garmendia se mostró preocupado por la extrema lentitud y casi nulo tratamiento que desde la Cámara se le dio a un proyecto por él presentado en mayo pasado, mediante el que se dispone la creación de una comisión ad hoc con el objeto de adecuar el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (Ley N° 6.176) al nuevo Código Civil y Comercial Unificado, que entrará a regir el 1 de agosto. “Desde la Legislatura no se hizo absolutamente nada para armonizar, actualizar y adecuar la reforma de la legislación procesal provincial. Esta reforma global trae aparejado además una modernización del Derecho Privado argentino, un cambio de paradigmas e incorporación de algunas figuras jurídicas nuevas que exigen de herramientas procesales nuevas y/o de la adecuación de las herramientas vigentes para evitar que la colisión de normas procesales provinciales con el nuevo Código Nacional, frustre los nuevos derechos consagrados”, planteó el macrista.

Avanza una causa judicial por el “Operativo Independencia”

La megacausa por delitos de lesa humanidad “Operativo Independencia” dio un paso más hacia la sala de audiencias. El Tribunal Oral Federal (TOF) informó a las partes que para este caso estará integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. A principios de mes, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió designar al catamarqueño Reynaga, tras la inhibición de la jueza María Alicia Noli. El proceso, que comenzaría el año próximo, reúne las historias de 269 víctimas -muchas de ellas fueron asesinadas o permanecen desaparecidas- y las acusaciones contra 16 ex policías, gendarmes y militares. Será el de mayor magnitud en llegar a una sala de debate de la provincia. La particularidad es que todos los hechos que se juzgarán ocurrieron antes del Golpe (24 de marzo de 1976), durante el plan sistemático de exterminio de opositores mediante el terrorismo de Estado y con la complicidad de factores de la sociedad, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF).

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