30 Julio 2015 Seguir en 
El juicio que ganó Francisco Saleh, empleado legislativo retirado, dio un nuevo impulso a la marcha semanal que en plaza Independencia realizan los jubilados transferidos para lograr el pago del 82% móvil. Ayer, por ejemplo, fueron acompañados por los trabajadores autoconvocados de la salud.
Hace unas semanas, la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo falló a favor del amparo planteado por Saleh. La sentencia impone al Gobierno provincial que se haga cargo de la parte proporcional que le corresponde para que este jubilado (Saleh) pueda obtener el beneficio del 82%.
Ayer, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas) se sumó a los jubilados frente a la Casa de Gobierno para reforzar el reclamo, que algunos iniciaron hace 15 años ya. “Quitar la mitad del sueldo es una inmoralidad, lo necesitamos para subsistir”, explicó Saleh. “Es un reclamo largamente perseguido por los jubilados de la plaza, y que el Gobierno provincial sistemáticamente lo va negando. Sitas sufre en carne propia esta situación porque tenemos la misma dificultad en el orden nacional, al tener un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y que por orden directa de la Casa Rosada no se trata”, expresó el secretario adjunto de Sitas, Julián Nassif. El profesional requirió una declaración pública del gobernador, José Alperovich, mediante la que afirme que cumplirá con la sentencia y que no la apelará. Ocurre que, según entiende, el Poder Ejecutivo envía mensajes contradictorios. “Expresa (Alperovich) que va a acatar el fallo, pero el fiscal de Estado (Jorge Posse Ponessa), manifestó que lo va a apelar. La contradicción y la ambigüedad permanente es sinónimo de la mentira y la impunidad que el Gobierno desarrolla en su gestión”, denunció.
Francisco Saleh y sus compañeros están “indignados” y van a seguir reuniéndose para que el Gobierno “cumpla con su responsabilidad”. “Hoy, si apelan el fallo, no sé cuál será el fundamento que van a poner, pero no hay absolutamente ningún argumento porque no se puede argumentar lo que no se dijo en el momento del juicio”, insistió el jubilado. En efecto, una vez que los abogados Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada presentaron el amparo en la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, la defensa tuvo un plazo para contestar a la demanda, pero se venció sin que lo hiciera. El juicio siguió su curso y se dictó la sentencia. Ahora, el oficialismo plantearía un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), según advirtieron ayer los jubilados en la plaza. “Espero que la Corte rechace las maniobras del Gobierno, que busca todos los medios para dilatar y diferir el pago, apelando la muerte de los jubilados. El pago a los jubilados que buscan eludir representa un 0,4% del presupuesto anual, un monto insignificante en comparación con la plata que invierte el partido que gobierna en su propaganda electoral”, comparó Saleh.
Hace unas semanas, la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo falló a favor del amparo planteado por Saleh. La sentencia impone al Gobierno provincial que se haga cargo de la parte proporcional que le corresponde para que este jubilado (Saleh) pueda obtener el beneficio del 82%.
Ayer, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas) se sumó a los jubilados frente a la Casa de Gobierno para reforzar el reclamo, que algunos iniciaron hace 15 años ya. “Quitar la mitad del sueldo es una inmoralidad, lo necesitamos para subsistir”, explicó Saleh. “Es un reclamo largamente perseguido por los jubilados de la plaza, y que el Gobierno provincial sistemáticamente lo va negando. Sitas sufre en carne propia esta situación porque tenemos la misma dificultad en el orden nacional, al tener un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y que por orden directa de la Casa Rosada no se trata”, expresó el secretario adjunto de Sitas, Julián Nassif. El profesional requirió una declaración pública del gobernador, José Alperovich, mediante la que afirme que cumplirá con la sentencia y que no la apelará. Ocurre que, según entiende, el Poder Ejecutivo envía mensajes contradictorios. “Expresa (Alperovich) que va a acatar el fallo, pero el fiscal de Estado (Jorge Posse Ponessa), manifestó que lo va a apelar. La contradicción y la ambigüedad permanente es sinónimo de la mentira y la impunidad que el Gobierno desarrolla en su gestión”, denunció.
Francisco Saleh y sus compañeros están “indignados” y van a seguir reuniéndose para que el Gobierno “cumpla con su responsabilidad”. “Hoy, si apelan el fallo, no sé cuál será el fundamento que van a poner, pero no hay absolutamente ningún argumento porque no se puede argumentar lo que no se dijo en el momento del juicio”, insistió el jubilado. En efecto, una vez que los abogados Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada presentaron el amparo en la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, la defensa tuvo un plazo para contestar a la demanda, pero se venció sin que lo hiciera. El juicio siguió su curso y se dictó la sentencia. Ahora, el oficialismo plantearía un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), según advirtieron ayer los jubilados en la plaza. “Espero que la Corte rechace las maniobras del Gobierno, que busca todos los medios para dilatar y diferir el pago, apelando la muerte de los jubilados. El pago a los jubilados que buscan eludir representa un 0,4% del presupuesto anual, un monto insignificante en comparación con la plata que invierte el partido que gobierna en su propaganda electoral”, comparó Saleh.







