24 Enero 2004 Seguir en 
El Gobierno provincial podría enfrentar una causa en la Justicia a raíz de los aumentos impositivos que dispuso a partir de este año. El defensor del pueblo, Luis Acosta, aseguró a LA GACETA que el decreto 543/3 del Poder Ejecutivo, que a partir de este mes establece la suba del 57% en el impuesto Inmobiliario y de entre el 4% y el 25% en el Automotor, es inconstitucional porque viola la Ley de Emergencia Económica.
Se trata de la Ley 25.561 que promulgó el ex presidente Eduardo Duhalde el 6 de enero de 2002 y que fue prorrogada el año pasado hasta el 31 de diciembre de 2004 por el Congreso de la Nación. Esa norma mantiene la prohibición de aplicar indexaciones en los bienes, en los servicios, en las deudas y en los impuestos, que se había fijado en la Ley de Convertibilidad sancionada durante la gestión del ex presidente Carlos Menem.
"A mi criterio el decreto provincial violenta la Ley de Emergencia Económica, ya que esta norma regula las políticas económica, monetaria y financiera de todo el país con carácter obligatorio y operativo para todas las provincias", explicó el letrado, quien entiende que Gobierno debe acatar esta ley en forma automática, es decir, sin necesidad de pedir autorización al Poder Legislativo.
En base a esta ley nacional, Acosta anticipó que atacará judicialmente la decisión del Poder Ejecutivo de actualizar las valuaciones fiscales de los inmuebles y de los rodados, medida que afecta a más de 145.000 contribuyentes tucumanos. Una de las vías judiciales que evalúa el Defensor del Pueblo es la presentación de una acción de amparo colectivo ante la Cámara en lo Contencioso y Administrativo del Poder Judicial local. Si prospera este planteo judicial, que está contemplado en el Código Procesal Constitucional de la provincia, el decreto referido a las subas impositivas podría quedar sin efecto y, con ello la aplicación de los incrementos en los tributos Inmobiliario y Automotor. Hasta el martes próximo, Acosta tendría definido si concreta la demanda judicial contra la Provincia.
Sorpresa oficial
El titular de la Dirección General de Rentas, Pablo Clavarino, se mostró sorprendido por la decisión del ombudsman, y recalcó que "lo que se hizo fue actualizar las valuaciones fiscales". "No conozco en detalle lo que dice el defensor del pueblo, pero cuando salió la norma se hicieron todos los controles para evitar problemas", apuntó.
Cabe recordar que el reajuste impositivo dispuesto por el Gobierno despertó la queja de muchos contribuyentes, que viven como una situación injusta el hecho de pagar más impuestos con salarios que están congelados.
Se trata de la Ley 25.561 que promulgó el ex presidente Eduardo Duhalde el 6 de enero de 2002 y que fue prorrogada el año pasado hasta el 31 de diciembre de 2004 por el Congreso de la Nación. Esa norma mantiene la prohibición de aplicar indexaciones en los bienes, en los servicios, en las deudas y en los impuestos, que se había fijado en la Ley de Convertibilidad sancionada durante la gestión del ex presidente Carlos Menem.
"A mi criterio el decreto provincial violenta la Ley de Emergencia Económica, ya que esta norma regula las políticas económica, monetaria y financiera de todo el país con carácter obligatorio y operativo para todas las provincias", explicó el letrado, quien entiende que Gobierno debe acatar esta ley en forma automática, es decir, sin necesidad de pedir autorización al Poder Legislativo.
En base a esta ley nacional, Acosta anticipó que atacará judicialmente la decisión del Poder Ejecutivo de actualizar las valuaciones fiscales de los inmuebles y de los rodados, medida que afecta a más de 145.000 contribuyentes tucumanos. Una de las vías judiciales que evalúa el Defensor del Pueblo es la presentación de una acción de amparo colectivo ante la Cámara en lo Contencioso y Administrativo del Poder Judicial local. Si prospera este planteo judicial, que está contemplado en el Código Procesal Constitucional de la provincia, el decreto referido a las subas impositivas podría quedar sin efecto y, con ello la aplicación de los incrementos en los tributos Inmobiliario y Automotor. Hasta el martes próximo, Acosta tendría definido si concreta la demanda judicial contra la Provincia.
Sorpresa oficial
El titular de la Dirección General de Rentas, Pablo Clavarino, se mostró sorprendido por la decisión del ombudsman, y recalcó que "lo que se hizo fue actualizar las valuaciones fiscales". "No conozco en detalle lo que dice el defensor del pueblo, pero cuando salió la norma se hicieron todos los controles para evitar problemas", apuntó.
Cabe recordar que el reajuste impositivo dispuesto por el Gobierno despertó la queja de muchos contribuyentes, que viven como una situación injusta el hecho de pagar más impuestos con salarios que están congelados.







